Por Victoriano Martínez
Si bien Alejandro Zermeño Guerra dice de Federico Garza Herrera que “universitariamente yo veo a una persona íntegra y suficientemente capaz para el puesto”, difícilmente puede dejarse de lado que como Fiscal General del Estado (FGE) encabezó una de las áreas en las que el gobierno de Juan Manuel Carreras López dejó más deudas con la sociedad.
Garza Herrera comenzó el sexenio anterior como procurador General de Justicia del Estado, se convirtió en fiscal General del Estado el 26 de octubre de 2017 y, tras protestar cumplir el cargo por siete años, proclamó un “soy autónomo” que no le alcanzó ni para llegar a cuatro. Le faltaron un mes y dos días.
Su nombramiento como secretario general de la UASLP fue especulado con tanta anticipación, que el anuncio que hizo este lunes Zermeño Guerra parece llevar el sello del sexenio que acaba de comenzar: por inverosímil que parezca un especulativo acontecimiento, finalmente quien toma la decisión no tiene el más mínimo empacho en hacerlo realidad.
A poco más de dos semanas de su renuncia a la FGE, Garza Herrera afirma que lo hizo porque concluyó con el plan de trabajo que se había propuesto. Combinada su afirmación con la aceptación de su renuncia por parte del Congreso del Estado, han inaugurado un nuevo periodo para los nombramientos: el cumplimiento del plan de trabajo sin límite de tiempo.
Si su plan de trabajo fue hacer prevalecer la corrupción y la impunidad durante todo el sexenio de Carreras López, lo cumplió con creces.
Quedaron impunes los diputados de la ecuación corrupta, actual secretario de Gobierno incluido; quedaron impunes los funcionarios de la Auditoría Superior del Estado lavadores de cuentas públicas municipales, organizadores de la “fiesta fantasma”, saqueadores con la “nómina secreta” y el desvío de 34.4 millones de pesos de las cuotas a la Dirección de Pensiones.
Quedaron impunes los diputados falsificadores de apoyos sociales para apropiarse de recursos públicos, actual secretario de Gobierno otra vez incluido; quedaron impunes los policías involucrados en los robos a una llantera en Soledad de Graciano Sánchez, en cuyo caso Garza Herrera afinó su simulación al grado de la complicidad.
Dejó impunes los 125 feminicidios ocurridos durante su periodo al frente de la procuración de justicia; mantuvo impune el feminicidio de Karla Pontigo al incumplir la orden de la Suprema Corte de Justicia de reiniciar la investigación; dejó impune el asesinato del fotoperiodista Daniel Esqueda y fue omiso y hasta encubridor en la localización de pederasta Eduardo Córdoba.
Si consideramos la expresión de moda sobre la “herencia maldita”, entre los asuntos que Garza Herrera le heredó a los potosinos –y no al nuevo gobierno– está la impunidad que le garantizó a la familia Gallardo al entretener las denuncias por los casos Sandra Sánchez Ruiz y el enriquecimiento ilícito que, tras tres años, terminó por lavarse las manos y enviarlas a la Federación.
Entre las credenciales con que llega a la secretaría general de la UASLP se encuentra la sesuda conceptualización con la que justificó dos nombramientos hechos claramente por encargo 11 días antes de renunciar como fiscal: “La Fiscalía General del Estado es un ente autónomo, pero no es un ente independiente”.
Una ausente independencia que, a la distancia, llega como explicación de la razón por la que nombró a Marco Antonio Aranda Martínez como secretario general el 4 de mayo de 2020, a pesar de los antecedentes como encubridor de Ricardo Gallardo Juárez en la alcaldía y la obstrucción a la transparencia municipal.
Tanto en aquel nombramiento como en los últimos que hizo Garza Herrera en la FGE aparece como telón de fondo un mismo origen que, sumado a otras señales, colocan a la UASLP en el riesgo de comenzar a ser vista como “Universidad Autónoma (pero no Independiente) de San Luis Potosí”.
