La extracción del carbón en Coahuila está dominada por caciques que por ahorrarse procesos mínimos de seguridad cargan en sus hombros más de 3 mil muertes en 320 eventos desde 1883 o devastaciones ambientales, informa el documento “Carbón rojo” (Fundación Heinrich Böll, 2018). La lista incluye a exalcaldes y un extitular de Petróleos Mexicanos (2000-2002), Rogelio Montemayor.
El último incidente ocurrió este miércoles cuando diez mineros quedaron atrapados al inundarse un pozo carbonero con 60 metros de profundidad en la comunidad Agujita, sólo un año después de que siete mineros murieron en una mina de Múzquiz, municipio coahuilense que concentra mil 791 muertes de carboneros según el conteo del informe.
Desde entonces, el Centro Proh y el Colectivo Pasta de Conchos requirieron a las autoridades prohibir los pozos de carbón y el compromiso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de no comprar directa o indirectamente carbón extraído de este tipo de minería, ya que, plantearon, la mayoría de las empresas que le venden cuentan con otra empresa de outsourcing que es la que contrata a los carboneros sin seguridad social ni equipo de seguridad.
Las peticiones eran para garantizar la no repetición, pero la tragedia se repitió. El pozo del siniestro de esta semana pertenece al carbonero y exalcalde de Sabinas (2000-2002), Régulo Zapata Jaime, dueño de Infraestructura Minera Catamaco y Minera Magenta. Pese al filtro de la CFE de requerir estatus ante la Secretaría del Trabajo, SAT e IMSS, le dio un contrato por 55 millones de pesos para la carboeléctrica “Carbón II”, localizada en Nava Coahuila, de acuerdo con el padrón consultado por el diario local El Coahuilense.
De 2019 a 2021 la CFE firmó 60 contratos por mil 586 millones de pesos para la adquisición de 1.5 millones de toneladas de carbón, que representa menos del 10 por ciento de sus fuentes para generar electricidad. Este año inició una compra para 2022-2024.
Sabinas, el municipio donde están atrapados mineros por una inundación, ha estado bajo el mando de la familia del carbonero Régulo Zapata aficionado a las cabalgatas. El abuelo de Régulo Zapata fue el Alcalde de 1981 a 1984 y su padre a finales de los noventa, quien le pasó la estafeta a Régulo. El cargo luego pasó a su esposa Carolina Morales de 2005 a 2009. El hijo, Régulo Zapata Morales, tiene la empresa Beneficios Carboneros AJ y el sobrino, Álvaro Jaime, provocó un conflicto social en la comunidad de Agujita por abrir socavones en la proximidad de zonas habitacionales.
La extracción de la mina de Agujita se activó apenas en enero de este año sin un monitoreo previo de presencia de gas ni agua subterránea, recriminó Pasta de Conchos, organización conformada a partir de la explosión en 2006 de una subsidiaria de Grupo México por falta de ventilación, donde 65 carboneros quedaron sepultados.
Las condiciones de inseguridad son tan generalizadas en la zona que la familia del minero Pedro Ramírez, antes de perderlo en la mina de Múzquiz en junio de 2021 ya había perdido a dos familiares en el siniestro de Pasta de Conchos y uno más en otras cuevas inundadas en 2019.
NEGOCIO CON CARBÓN
El enriquecimiento de políticos con el carbón es común en la zona carbonífera de Coahuila, como muestra el informe “Carbón Rojo” y archivo hemerográfico. Parte del árbol genealógico de Rogelio Montemayor Seguy, exgobernador de Coahuila (1993-1999) y ex titular de Pemex (2000-2002), hace negocio con la peligrosa extracción de este mineral, al igual que los exalcaldes de San Juan de Sabinas, Antonio Nerio padre e hijo, una sobrina del Senador Armando Guadiana Tijerina que buscó la alcaldía de Saltillo, donde tiene una ganadería taurina, y el mismo Guadiana.
En entrevista con “Los Periodistas” Álvaro Delgado y Alejandro Páez en SinEmbargo al Aire, Cristina Auerbach del colectivo Pasta de Conchos, aseguró que la Operadora Industrial Minera, contratista de Guadiana, ha vendido carbón a la CFE. En efecto, en el primer trimestre de 2020 la empresa estatal le adquirió a dicha empresa, muestra el padrón de abastecimientos de la Comisión.
“Guadiana siempre va a decir ‘yo no le vendo’, pero está una contratista que opera sus minas que es la que vende a CFE”, aseveró. Sobre la mina de Múzquiz también siniestrada agregó que “la CFE acaba de asignar un nuevo contrato al mismo dueño en las mismas minas con otra razón social”.
Tras la explosión de mayo de 2o11 en el Pozo III en una carbonera de Sabinas, en la que murieron 14 trabajadores por falta de ventilación, la revista Proceso señaló al cacique Rogelio Montemayor Seguy, relacionado con el Pemexgate, el desvío millonario del sindicato petrolero a la campaña del priista Francisco Labastida, pero exonerado en 2006.
Con base en el Registro Público de Minería, el periodista Arturo Rodríguez reveló que el pozo carbonero del accidente de aquella vez pertenece a la empresa BINSA, propiedad de Alfonso González Garza y su socio Jesús María Chuma Montemayor Seguy, Alcalde de Sabinas (1985-1987) y sobrino del cacique Rogelio Montemayor que en 2019 renunció al PRI.
Sus dos hijos, Rogelio Javier y Salvador Montemayor García, se asociaron para constituir Industrial de Carbón Signum. En este ramo, documentó el semanario, la familia Montemayor acumula al menos 26 concesiones en 22 mil 786 hectáreas de la zona carbonífera coahuilense, incluyendo el pozo siniestrado en mayo de 2011.
En aquellos años los Moreira gobernaban Coahuila, asediado por los Zetas. En marzo de 2009, durante el Gobierno de Humberto Moreira (2005-2011), la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) se sectorizó a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal. Para que los empresarios accedieran a los contratos millonarios no era necesario presentar la última inspección de condiciones de seguridad, ni hacer exámenes médicos a sus trabajadores, ni siquiera comprobar que tenían una mina. A cambio, el gobierno estatal les pedía “aportaciones” con fideicomisos para infraestructura sin rendición de cuentas.
Para que las uniones de productores de carbón se llevaran 93 millones 600 mil pesos con la Prodemi durante los gobiernos de los hermanos Moreira, 96 trabajadores murieron entre las pésimas condiciones de seguridad ni permisos ambientales, enumeró el informe “El carbón rojo”.
La CFE, a quien vendían el carbón, determinó prescindir de la Prodemi por la corrupción, ya que muchos de los empresarios eran acusados de entregar tierra revuelta con carbón y había quienes no tenían minas, plantea el documento.
Pero mientras existió con los Moreira, los contratos de este programa no sólo beneficiaron a los Montemayor, sino también a la empresa Integración Minera de Antonio Nerio Rodríguez, padre de Antonio Nerio Maltos, exalcalde de San Juan de Sabinas (2010-2013) promovido a la dirección de la Comisión Estatal del Agua en el Gobierno de Miguel Riquelme.
“El Alcalde Antonio Nerio Maltos permitió que su padre, Antonio Nerio Rodríguez, exalcalde (1997-1999) y empresario minero del carbón, extrajera carbón de toda un área que rodea gran parte de la ciudad [con el río contaminado]”, asegura el informe “El carbón rojo”.
El habitante de Nueva Rosita Juan Hernández dijo que aquella vez muchas familias salieron para bloquear el libramiento y evitar más contaminación. Aunque requirieron al entonces Alcalde Nerio Maltos, nunca fue y mandó policías locales. “Luego supimos que el Alcalde no vendría porque las minas eran de su papá”, aseveró. Carbón que Nerio Rodríguez vendió a la Prodemi y luego dejó los tajos abiertos con agua contaminada.
Aunque la Prodemi también afectó a otros. Cuando en las elecciones de 2016 algunos empresarios coahuilenses se salieron del PRI para ser candidatos como Armando Guadiana a Morena, simplemente les quitó los contratos.
Pero el negocio siguió para sus familiares con Minera 2G de su sobrina Patricia Guadiana, a la que CFE le compró carbón en 2020, de acuerdo con el padrón de sus adquisiciones.
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