Denuncian que el Plan Frontera Sur del gobierno federal, ha aumentado el número de detenciones y deportaciones llevadas a cabo en todo el país.
Diversas organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional México denunciaron que un grupo de entre 110 a 120 migrantes en Sonora fueron atacados el pasado 2 de junio, lo que generó un saldo de 3 muertos.
En un comunicado, las organizaciones firmantes destacan los testimonios de 13 centroamericanos sobrevivientes del ataque y denuncian que el Plan Frontera Sur, que entró en vigor desde julio de 2014, ha aumentado el número de detenciones y deportaciones llevadas a cabo en todo el país.
La mañana del martes 2 de junio, un grupo de entre 110 a 120 migrantes viajaban a la frontera de Sonora con Arizona, EEUU, cuando fueron atacados por dos hombres vestidos de militar con armas de fuego largas.
Así relatan los hechos 13 centroamericanos sobrevivientes del ataque, en testimonios ofrecidos recientemente a representantes de organizaciones civiles. Según el relato, los y las migrantes – incluyendo varias mujeres y por lo menos dos niños- se trasladaban en 5 vehículos hasta la frontera y después de varias horas de viaje, uno de los vehículos se descompuso y el grupo paró para descansar. En ese momento apareció un sujeto armado que encañonó a varios y les ordenó tirarse al suelo para luego abrir fuego de manera indiscriminada contra todos y todas.
Este incidente provocó que muchas personas empezaran a correr y a dispersarse. Algunos sobrevivientes relatan que vieron a varios de sus compañeros de viaje caer al suelo por las balas, pero por su huida no lograron ver de cuantas personas se trataban. Algunos se percataron también de la llegada de un segundo hombre armado que disparó contra ellos. Los y las sobrevivientes coinciden en sus testimonios que los agresores venían vestidos con botas de militar, camuflaje y una carrillera de armas cruzando su cuerpo; algunos refieren que también traían una gorra verde tipo militar en la cabeza.
´´Fue el peor día de mi vida,´´ dijo un migrante menor de 17 años que sobrevivió el ataque. Después de huir, las personas caminaron por más de diez horas sin agua en el desierto. “Yo solo quería llegar a Estados Unidos para darle una mejor vida a la familia, no hay de que vivir en nuestros países” refieren varios y “ahorita lo único que quiero, después de haber vivido esto es abrazar a la familia,’ refirieron otros.
El día jueves 4 de Junio la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora reportó haber rescatado a los migrantes y hallado tres cuerpos en el lugar de los hechos, así como cuatro vehículos, dos de ellos calcinados. A casi dos semanas del acontecimiento, es muy preocupante no contar con información sobre la investigación de este evento. Preocupa, además, la falta de información sobre el posible paradero de las otras personas que viajaban en el grupo y no fueron rescatadas, incluyendo posiblemente a varias mujeres y un niño, ya que las condiciones del desierto en esa zona son muy extremas.
En días recientes, medios de comunicación publicaron detalles de un operativo llevado a cabo en Caborca, Sonora, por la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración para detener a migrantes y traficantes en la zona, buscando en hoteles y domicilios particulares. Es importante que estos operativos se enfoquen en la investigación del ataque del 2 de junio y no pongan en riesgo a personas migrantes que se encuentran en una situación vulnerable.
Impera la necesidad de una intervención de la Procuraduría General de la Republica en el caso, debido a la presencia de grupos delincuenciales en la zona desértica de Sonora y la posibilidad de su participación en este hecho, y por otra parte por los indicios del vestimento militar de los agresores. De igual manera, las organizaciones civiles firmantes están sumamente preocupados por la falta de información y orientación que las y los sobrevivientes han recibido por parte del Instituto Nacional de Migración. Los y las migrantes señalaron que no les explicaron con claridad que por ser víctimas de un delito grave en México deberían recibir una tarjeta que regula su estancia por razones humanitarias para poder obtener atención médica y emocional. Tampoco les explicaron la diferencia entre una deportación y un retorno asistido y han podido tener poca comunicación con sus familias. Asimismo, las autoridades pidieron firmar documentos donde renuncian los migrantes a la posibilidad de una estancia regularizada y aceptan ser deportados.
Organizaciones de protección a migrantes pudieron entrevistar a las 13 víctimas migrantes, explicarles sus derechos y entregarles ropa y tarjetas telefónicas para comunicarse con sus familias hasta 9 días después del incidente. Las organizaciones han solicitado la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para garantizar el respeto a los derechos de los y las sobrevivientes. Las organizaciones expresan preocupación por la falta de información sobre el procedimiento que se está llevando a cabo para la identificación de los cuerpos, siendo este una pieza clave en la investigación. A pesar de que se ha solicitado la determinación de identificación de los restos a través de la Comisión Forense –mecanismo que opera la PGR y organizaciones de la sociedad civil- hasta el momento no se ha obtenido respuesta.
El ataque armado ocurrido en Sonora en contra de personas migrantes es una muestra más de la violencia que sufren miles de centro americanos en su tránsito por el país fomentado por una política migratoria que deja a sobrevivientes sin protección y acceso a la justicia. Además, es relevante señalar que el Plan Frontera Sur, en vigor desde julio de 2014, ha aumentado el número de detenciones y deportaciones llevadas a cabo en todo el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado del 10 de junio, expresó que este Plan ha significado un ´´endurecimiento de las acciones contra personas migrantes en México´´ y que “las personas migrantes y sus defensores continúan siendo objeto de agresiones en el país”.
Las organizaciones firmantes exigen una investigación exhaustiva ante este acontecimiento y garantías de protección para las víctimas.
FIRMAS:
Amnistía Internacional
Casa del Migrante de Saltillo, Frontera con Justicia A.C.,
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundar Centro de Análisis e Investigación
Instituto para las Mujeres en la Migración
SMR, Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados
Fuente: Aristegui
