El pasado 19 de agosto, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia de Coahuila recibió una denuncia ciudadana de que menores de edad eran retenidos para trabajar en terribles condiciones en un rancho del municipio de Ramos Arizpe. Se sabe que entre estos menores hay niños oriundos de San Luis Potosí.
Guillermo Luévano Bustamante, profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialista en estudios del trabajo, aseguró que hay un contexto generalizado de malas condiciones laborales en unidades productivas agrícolas en todo el país, existiendo poca vigilancia de derechos humanos laborales por parte de las autoridades del trabajo, quienes no se encargan de procurar buenas condiciones. “Se estima que de las 7 millones de personas que se dedican a la labor agrícola, un millón de ellos son menores de edad”, aseguró.
Respecto al caso de los menores jornaleros rescatados del rancho productor de la empresa Prokarne originarios de esta entidad, afirmó que las autoridades locales como la PGJE y la Prodem deberán ejercer los mecanismos necesarios de resguardo y protección para los menores, además de perseguir los posibles delitos, como pudieran ser tácticas de trata de personas, explotación laboral y violaciones a derechos de los niños.
Agregó que “estas prácticas ilegales son solapadas en veces por las autoridades del trabajo, ya sea por la omisión de inspecciones o por ser estas de una deficiente realización. Es un problema recurrente en el país y que va en alza”.
Finalmente, dijo que “es un problema constituido por varios factores, la mayoría de los trabajadores agrícolas es una población empobrecida e indígena; la omisión o falta de intervención de autoridades aunado a las necesidades imperantes que orillan a los miembros de una familia a integrarse al medio laboral resultan en situaciones lamentables como esta”.
Fuente: Jornada
