Redacción.
En un acto que huele a revanchismo político puro, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, dominado por la mayoría oficialista, ha aprobado un Presupuesto de Egresos para 2026 que, bajo el disfraz de “disciplina financiera” y “prioridades sociales”, asesta golpes calculados a instituciones de educación superior que no se pliegan al control del Ejecutivo. El análisis del paquete económico revela un patrón claro: mientras se inflan partidas para dependencias leales o programas clientelares, se recortan recursos a universidades autónomas y técnicas, con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) como blanco principal de esta vendetta presupuestal. No es casualidad; es una estrategia para debilitar voces críticas y autónomas en un estado donde la independencia institucional molesta al poder en turno.
Tomemos los números crudos, extraídos del propio dictamen de la Comisión de Hacienda. Para la UASLP, el Ejecutivo propuso mantener un estancado $300 millones, pero el Congreso, en un gesto de condescendencia fingida, lo elevó a $320 millones —un mísero incremento del 6.7% respecto a 2025—. ¿Suena generoso? No lo es. El documento admite que este ajuste se dio “al no contar con la suficiente información por parte de dicha institución educativa”, una excusa velada para insinuar que la UASLP no cooperó lo suficiente con las demandas del gobierno. En realidad, este “aumento” es una bofetada: cubre apenas la inflación y las presiones operativas, ignorando las necesidades reales de una universidad que atiende a miles de estudiantes y genera investigación independiente. Comparado con el incremento global del presupuesto estatal (7%, alcanzando $70,461 millones), este 6.7% es una limosna que deja a la UASLP vulnerable, especialmente cuando otras áreas como la Oficialía Mayor ven saltos estratosféricos de más de $1,129 millones. ¿Por qué? Porque la UASLP ha sido un bastión de autonomía, criticando en el pasado políticas gubernamentales opacas o ineficientes, y no se ha prestado a ser un apéndice del régimen de José Ricardo Gallardo Cardona.
Pero la venganza no se detiene en la UASLP. Otras instituciones de educación superior sufren recortes directos que comprometen su viabilidad y calidad académica, revelando un desprecio sistemático por la formación técnica y científica que no alineada con los intereses políticos. Veamos:
Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí: Recorte de $593,296 (de $14.46 millones a $13.87 millones). Esta institución, enfocada en carreras prácticas y vinculadas al mercado laboral, ve mermada su capacidad operativa en un momento en que el estado necesita impulsar el empleo juvenil.
Universidad Tecnológica: Baja de $1,209,932 (de $120.13 millones a $118.92 millones). Otro golpe a la educación politécnica, que prioriza innovación y desarrollo regional, pero que no genera votos clientelares inmediatos.
Instituto Tecnológico Superior de Rioverde: Reducción de $1,790,867 (de $51.79 millones a $49.99 millones). En una zona rural clave, este recorte limita el acceso a educación superior para comunidades marginadas, perpetuando desigualdades.
Colegio de San Luis: El más castigado, con una pérdida de $6,426,894 (de $142.66 millones a $136.23 millones). Como centro de estudios avanzados en ciencias sociales y humanidades, ha producido investigaciones críticas sobre gobernanza y corrupción —temas que incomodan al poder—, y ahora paga el precio con menos recursos para investigación y posgrados.
Estos recortes contrastan con incrementos generosos en áreas controladas por el Ejecutivo: la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado sube $1,360 millones, priorizando el control centralizado sobre la autonomía universitaria; la Oficialía Mayor explota con $1,129 millones extra, posiblemente para gastos administrativos opacos; y hasta la Arena Potosí, un proyecto de relumbrón, gana $15.56 millones. Mientras, el sector agropecuario (SEDARH) pierde $72.3 millones y la seguridad pública ve recortes en su consejo estatal por $115.47 millones, pero la educación superior autónoma es la que sufre el maltrato más evidente.
Esta dinámica no es accidental. El dictamen resalta una política de austeridad que congela servicios personales y exige “medidas equivalentes” a poderes autónomos, pero en la práctica, sirve para asfixiar a instituciones que no bailan al son del gobernador. La UASLP, con su tradición de independencia, representa un obstáculo para un régimen que prefiere universidades sumisas. Los recortes a las tecnológicas, meanwhile, desincentivan la formación en áreas estratégicas como ingeniería y ciencias aplicadas, favoreciendo en cambio programas asistencialistas que generan dependencia electoral.
San Luis Potosí merece mejor. Este presupuesto no es un ejercicio de responsabilidad fiscal; es una herramienta de control político que sacrifica el futuro educativo por rencores presentes. Si el Congreso mayoritario persiste en esta vía, no solo debilitará la educación superior, sino que hipotecará el desarrollo del estado. Es hora de que la sociedad potosina exija transparencia y rechace esta venganza disfrazada de números. La autonomía universitaria no es un lujo; es un derecho que no debe pagarse con recortes.
