El pasado 16 de mayo el fraccionamiento Laderas de San Guillermo cobró notoriedad internacional luego del asesinato de Cristopher Raymundo Márquez Mora a manos de sus primos y un par de amigos, todos menores igual que la víctima.
Ubicado en el municipio de Aquiles Serdán, el complejo habitacional ya no es el mismo desde aquella tragedia. Hoy luce más desolado que nunca. A simple vista se aprecian decenas de casas abandonadas y vandalizadas.
Entre ellas se encuentran las viviendas de los familiares de la víctima y de los victimarios.
El fraccionamiento, que colinda con esta capital, pertenece al municipio de Aquiles Serdán, una de las zonas con más altos índices de violencia. Los habitantes de ese lugar están expuestos permanentemente a la contaminación provocada por los jales de mina abandonados. Estudios realizados por especialistas han encontrado residuos de plomo, zinc, mercurio y otros metales en la sangre de los pobladores.
En el fraccionamiento no hay guarderías. Los niños pequeños pasan solos la mayor parte del tiempo del día porque sus padres trabajan. Cuenta con una primaria y una secundaria, pero por ningún lado se ven espacios de convivencia.
Los agentes policiacos que deambulan por el fraccionamiento fueron ya rebasados por un grupo del crimen organizado que actúa con total impunidad.
Así, en medio de ese ambiente sórdido, vivieron sus primeros años los agresores de Cristopher.
Desde su “refugio” en una colonia de la periferia de Chihuahua, la familia de los tres primos de Cristopher que enfrentan proceso por homicidio calificado comparte su desesperación e incertidumbre ante lo vivido. Es más, asegura que lo mejor para los menores es que permanezcan bajo la tutela del DIF estatal. Hasta ahora, dicen, no logran comprender lo que sucedió.
Sus actividades cotidianas se transformaron y la vida continúa entre el abandono social y generacional, entre la pobreza y la desesperanza.
Claudia y Gregorio, de 36 y 39 años, respectivamente, tuvieron cinco hijos, tres de los cuales participaron en el asesinato de Cristopher.
Robusta, de estatura mediana, sonrisa permanente y de hablar rápido, ella asegura que Jesús David, líder del grupo y amigo de sus hijos, fue el causante del homicidio.
Gregorio, muy delgado y de estatura media, trabaja en la obra como albañil y gana entre mil y mil 200 pesos por semana. Desde que se llevaron a sus hijos el hombre enfermó del estómago. Incluso los primeros días no quiso comer y estuvo internado por un fuerte dolor.
De los cinco hijos de la pareja, tres fueron acusados de lesionar, apuñalar, estrangular, lapidar e inhumar a su primo de seis años, quien convivía todos los días con ellos.
El hijo mayor del matrimonio, de 18 años, se fue a vivir tiempo atrás con la abuela materna porque no soportó el ambiente de violencia en su casa.
El segundo hijo es Jorge Eduardo, de 15 años, recluido en el Centro de Reinserción Especializado en Adolescentes, junto con Jesús David, también de 15. Jorge Eduardo nació con un retraso, pero hasta ahora no se sabe si es mental o de aprendizaje. Aunque nunca le hicieron estudios, la madre sospecha que el retraso es consecuencia de los golpes que el niño recibió de Gregorio durante varios años.
“Jorge no habla, en la escuela los maestros nada más lo fueron pasando de grado, pero nunca nos dimos cuenta que tenía algo. Apenas nos lo habían aceptado en el Centro de Atención Múltiple (CAM) de San Guillermo. No habla nada, no declaró, no es cierto”, dice Claudia sonriendo.
Los padres de Jorge Eduardo –cuyo proceso fue suspendido por el juez especializado, quien ordenó que se le realicen estudios por la presunción de retraso mental– viven ahora en dos cuartos insalubres, sin servicios básicos, y ahora sólo con un hijo.
En un momento de la entrevista, apartada de su suegra, Claudia confiesa angustiada: “Yo viví mucho maltrato”. Y aunque asegura que la experiencia que ha vivido como pareja los ha unido en los últimos días, dice que ambos, él y su esposo, necesitan ayuda.
Claudia asegura que Gregorio maltrataba a sus hijos. Incluso afirma que Janeth Valeria, otra de las hijas implicadas en el asesinato, últimamente llegó a decirle que ojalá se muriera.
Luego muestra un par de fotografías en las que se observa a Jorge Eduardo, Valeria e Irvin cuando estaban detenidos, este último con signos de abuso sexual.
A sus 13 años, Janeth Valeria está a disposición del DIF estatal en una ciudad apartada de la capital. Junto con ella, la instancia estatal tomó bajo su custodia, por orden del juez, a Alma Leticia, otra adolescente de origen rarámuri, y a Irvin, el más pequeño de los tres hermanos, cuyo hermano gemelo es Edwin, el único que vive con sus padres.
Edwin también nació con un retraso. Según Claudia, sus maestros también “lo fueron pasando cada año”. Él se graduaría de primaria este ciclo escolar junto con Irvin, pero ahora ninguno de los dos asistirá a la ceremonia.
Por miedo a que le hicieran daño por el odio que generó el crimen, Claudia y Gregorio decidieron que Edwin también dejara de asistir a la escuela Emiliano Zapata, que saltó a la fama las últimas semanas por sonados casos de bullying, uno de los cuales es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Pero Edwin pide ver a sus hermanos, principalmente a su compañero de juegos, Irvin. Habla poco y a sus 12 años no logra comprender lo sucedido desde el 16 de mayo, cuando se llevaron a Jorge Eduardo, Valeria y a su gemelo.
Mientras transcurre la entrevista, el pequeño permanece al lado de su madre, pide jugar con un celular, lo explora y ríe.
El día que se encontró el cuerpo de Cristopher, la policía se llevó a los tres hijos de Gregorio y Claudia, y también a Edwin, al que soltaron casi inmediatamente después, porque corroboraron que no participó en el asesinato.
El padre recuerda ese momento y suelta: “Yo no sé por qué la gente dice que nosotros tenemos culpa, si yo estaba trabajando cuando hicieron todo”.
Historia de violencia
Hermelinda, la madre de Gregorio, es una mujer de 78 años, amable, mirada cansada. Tuvo 13 hijos. Sobre sus nietos señala: “Estos niños sí eran bien vagos, pero vagos. Yo me acuerdo que mi papá nos regañaba, nos castigaba con las manos así (estiradas) y unas piedras en cada una de las rodillas, fue muy duro conmigo allá en Madera (en la Sierra Tarahumara), por eso me vine muy chica”.
La abuela se casó a los 16 años, luego de huir de su casa, y desde aquel tiempo vive en Chihuahua.
Luego de resaltar que Gregorio, su hijo menor, es un hombre trabajador y noble, sostiene que él y su nuera, Claudia, “vivieron conmigo 14 años, hasta que ya les decíamos que buscaran su casa porque eran puros pleitos entre ellos. Él se casó a la fuerza (no dice por qué). Ella (Claudia) lo maltrataba mucho, no le hacía comida, ni cena, ni nada, no alzaba su casa y a los niños los maltrataba mucho, sobre todo a Jorge”.
Añade: “Les decíamos que ya consiguieran su propia casa, al fin se fueron, pero mire lo que pasó. Cuando estaban aquí los niños no daban tantos problemas, pero se hicieron vagos, ella (Claudia) le echaba cada rato a la policía a mi hijo”.
En ese momento interviene la nuera para decir que era la familia de Gregorio quien le “echaba” al DIF muy seguido, pero a pesar de esos reportes nada pasó.
Después de varios años de vivir con la suegra, la hermana de Claudia le prestó a la pareja una casa en Laderas de San Guillermo, donde vivieron un año y medio.
Ahí, afirma Gregorio, todos los días metía a sus hijos a la casa a las seis o a más tardar a las ocho de la noche, porque no le gustaba que anduvieran en la calle, y rechaza que aquellos vandalizaran las tapias, quemaran las casas abandonadas o robaban cobre para después quemarlo en las noches.
Mucho menos acepta que sus hijos mataran gatos y perros, como han dicho los vecinos.
Ambos, Claudia y Gregorio, culpan a Jesús David de influir en sus hijos. “Era vago, ya había robado y tenía malas costumbres, amenazó a un vecino con un cuchillo”, refiere el segundo.
Sobre Alma Leticia, la otra adolescente implicada en el asesinato, dice que vivía con su papá y su hermano porque la madre murió. Ella tenía poco tiempo viviendo en el fraccionamiento, poco más de un año, y “jugaba con Valeria al fut y con otras amigas”.
Valeria, admite, había sido expulsada de la escuela secundaria, y aunque reconoce que se había hecho muy rebelde, Gregorio la defiende y justifica que sus compañeros la molestaban.
“Una vez la tiraron de las escaleras y le quebraron una rodilla y la nariz, después la siguieron molestando y ella no se dejó, hasta que la expulsaron”.
Y Claudia suelta: “De que tenía su genio, tenía su genio”. Desde los 12 años, agrega, mostró un carácter más fuerte, incluso llegó a tener apoyo especial en la escuela.
Los análisis que les hicieron a los adolescentes resultaron positivos a consumo de enervantes. Al respecto, los padres aseguran que David “era quien los sonsacaba” porque sus hijos no fumaban nada ni consumían droga.
Pese a los señalamientos, la pareja no cree que sus hijos mataran a Christopher, y más bien culpan a la madre del niño por descuidarlo.
“Pues nos dijeron que al niño lo subieron en una troca negra y lo traían paseando por Santa Eulalia, que andaban otros tres”, apunta Claudia sin dar más explicaciones.
Subraya que Cristopher tenía anemia y ellos, sus hijos, siempre lo cuidaban cuando no estaba Tania, la mamá. “A Valeria le hablaba para que le alzara su casa y al niño le pegaba mucho. Una vez lo aventó debajo de la mesa. Llegaba a la casa ‘’El Negrito’ para pedirme comida. Me decía: ‘¿No tienes un platito de frijoles o un huevo que me regales?’”.
De acuerdo con Claudia, “andaban bien los niños, pues eran primos”, y asegura que el día del crimen no vio ninguna actitud sospechosa en sus hijos ni los días siguientes.
“Ese día, David se llevó a Cristopher a traer leña. El niño no fue a la escuela, lo vi sentado afuera casi todo el día. Él siempre andaba con un carrito paseando a su hermanito. Como a las 12 de la noche llegó Tania a buscar a Irvin para que le ayudara a buscarlo, a pegar copias en los postes”.
Cuando localizaron el cuerpo en un arroyo a espaldas del Cereso de Aquiles Serdán, no lo podía creer, dice Claudia. “Yo me sentí mal, era mi sobrino. Irvin andaba regando con Edwin y se los llevaron a los dos, luego a Valeria y a Jorge. Se tardaron los ministeriales, cuando llegó el papá ya los traían en una troca roja. No se llevaron a Edwin”.
Posteriormente se enteró que quien había confesado todo fue Jesús David, al contarle a su hermana Ana lo que habían hecho. “David también tiene un hermano gemelo, unos días antes lo quiso ahorcar. David siempre se la echaba de pinta, la mamá ya había pedido ayuda al DIF”.
Gregorio y Claudia también denunciaron que hubo gente que entró a su casa y les robó fotografías de sus hijos y luego las dieron a los medios de comunicación para que las publicaran. “Uno de ellos ni era (uno de los presuntos asesinos), es mi hijo el mayor y hasta a él lo sacaron en el periódico, no es justo”.
Vuelve a Valeria y agrega: “Lo mejor es que se quede en el DIF, necesita muchas terapias”.
Un caso paradigmático
El equipo de abogados de la familia de Cristopoher Raymundo propuso al juez que lleva el caso, que los cinco adolescentes implicados sean evaluados por el paidopsiquiatra Carlos Chávez. La semana pasada el especialista fue aceptado junto con un equipo multidisciplinario.
En entrevista, Carlos Chávez dice que se trata de un caso muy delicado porque la valoración de los niños debe ser exhaustiva y que involucre no sólo el diagnóstico o el peritaje de un profesional, sino el consenso con especialistas en psiquiatría infantil, psicología o neuropsicología infantil.
“Se requiere un diagnóstico fenomenológico o situacional para obtener un poco de visión a futuro de un pronóstico y saber qué se puede hacer para evitar nuevos acontecimientos de ese tipo”, explica.
El especialista advierte que se trata de una tarea ardua porque tienen que hacer una investigación individual y de sus respectivas familias, es decir, ir más allá de un diagnóstico de peritaje.
“Es un trabajo que debe ser muy minucioso, porque así lo amerita. En este caso hemos visto que se han pedido opiniones a muchos tipos de profesionales porque no se tiene un protocolo o una forma de proceder ante un hecho de esta magnitud que ha llegado a nivel internacional. Valdrá la pena una reunión de profesionales en salud mental infantil que den guías para tomar decisiones más específicas”.
El crimen se puede atribuir a muchas causas como la conducta de trastorno antisocial, trastorno de la pérdida de control de impulsos, trastorno con falta de juicio, pero es difícil señalar una causa específica, porque se debe valorar a cada uno para establecer qué lo orilló a participar en el trágico crimen.
“Es tan exhaustiva que se debe valorar el coeficiente intelectual, el nivel de comprensión literal, contextual, de circunstancias, y muchas veces no puede ser con prueba estandarizadas, de rutina, hay que individualizar”, resalta.
Sobre Jorge Eduardo, quien tiene un problema de discapacidad o problema de lenguaje, destaca la necesidad de aplicar a todos las pruebas de valoración clínica y neuropsicológica para ver si se tuvo comprensión del evento y si en un momento podría volver a intentarlo.
Ese trabajo necesariamente se tiene que realizar en conjunto con un psicólogo y un psiquiatra, además del paidopsiquiatra, para poder dar una idea muy certera de la condición familiar de los adolescentes.
“Hay un hueco en salud mental infantil, pero se ha avanzado gradualmente porque la paidopsiquiatría tiene poco en Chihuahua. Es una subespecialidad muy necesaria porque 50% de los trastornos mentales inician en la infancia, y se requieren más recursos humanos para establecer una infraestructura para dar tratamiento”.
De acuerdo con el especialista, la principal recomendación en este caso es mayor investigación de la situación en torno a los niños y no quedarse solo con la situación de examen pericial, sino ahondar mucho más “porque no estamos preparados para este tipo de casos, porque salen muchas interrogantes”.
Es necesaria una investigación a fondo por parte de un equipo multidisciplinario, un diagnóstico en consenso, fenomenológico, que pueda ser útil para la parte legal y para las autoridades, es decir, “si se puede dar una idea amplia de lo que el niño o lo niños pueden ser capaces y qué se tendría que hacer a nivel social, familiar para reinsertarlos”.
Por su parte, Arely Rojas Rivera, presidenta de la asociación civil ‘¿Y quién habla por mi?’, dice que el asesinato de Cristopher ha conmovido a todo el país y es necesario conocer los contextos en los que sucedió el hecho para conocer las razones.
Rojas, quien estuvo en esta ciudad invitada por la regidora panista Martha Elena Ramírez a un seminario sobre bullying y sexting, señala que en el caso de Cristohper detectaron que la zona donde vivía el niño es de una violencia impactante.
“Hay violencia sistemática, es un lugar en donde ocurren asesinatos, abusos sexuales, pues los niños eran víctimas de violencia y discriminación. Existen bandas delictivas de las cuales sus líderes buscan y contactan a niños y niñas para realizar delitos e infringir la ley”, apunta.
Y aunque no se justifica el acto, cuando se conoce la historia de los adolescentes se concluye que también los agresores son víctimas “porque sufrieron abusos, violaciones, maltratos, golpes, y este contexto en que se desarrollan los llevó a ejecutar un acto tan atroz”.
Hay solución, dice, porque “no nacen con el gen del mal, como mucha gente lo cree. No es que ya no sirvan, claro que tienen solución, y no es la venganza, es la justicia. Y la justicia es que los niños y niñas reciban ciertos correctivos respetando sus derechos humanos, pero que se les haga un programa de reintegración a cada uno”.
Con información de: Proceso
