Estela Ambriz Delgado
A costa del despojo a ejidatarios de La Pila y anexos, Armando Cuauhtémoc Zárate Arvizu, quien aspira a integrar el comisariado y pretende frenar la asamblea del día de mañana, ha hecho un negocio millonario, que los afectados aseguran va más allá del contrato por 51.48 hectáreas, pues corresponde a solamente una parcela de por lo menos tres que se apropió.
Respecto de la apropiación de terrenos que el ex comisariado ejidal ha llevado a cabo, luego de que en 2018 dejó varias parcelas fuera de un proceso de certificación en 2018, para posteriormente vender algunas en complicidad con el actual el tesorero Abraham Jasso Rosas, los 30 afectados exigen que Zárate Arvizu responda por sus polígonos que son de alto valor económico, pues se estima ha obtenido ganancias de no menos de 100 millones de pesos.
Aunque hasta ahora sólo se cuenta con el convenio de cesión de derechos parcelarios a Juan Carlos Payán Hernández respecto de la parcela número 886 Z-1 P-1 del ejido La Pila, con una superficie de 51-48-88.239 hectáreas, celebrado el 16 de noviembre de 2021, podría haber más contratos pues los afectados también fueron despojados de otros dos predios conocidos como La Escondida, de 14-35-27.164 hectáreas, y uno más llamado Garabatillal, que se encuentra dividido en tres fracciones cuya suma son alrededor de 34 hectáreas.
El ejidatario Mariano Rivera Torres, quien junto con su hermano Jorge es del grupo de 30 despojados, explicó que Armando Zárate en un inicio rentó los predios a una empresa privada de lo que les repartió diversas cantidades, que en total sumaron alrededor de 800 mil pesos por ejidatario. Sin embargo, a sus espaldas dio de alta como suyas las parcelas y vendió una a Payán Hernández a través de un contrato de novación que modificó el arrendamiento de la tierra por una cesión de derechos parcelarios.
Por ello, Zárate Arvizu y Abraham Jasso anulan el contrato que tenían con Ricardo Blanco Dent por las tres parcelas que suman 100 hectáreas, para posteriormente vender, de lo que de manera oficial los dueños de las tierras no supieron cómo se negoció con el arrendatario ni a cuánto se cedieron las 52 hectáreas, aunque por la investigación que los ejidatarios han realizado, estiman que además de los 50 millones de pesos de esa venta, se han obtenido otra cantidad similar o mayor por el resto de los polígonos.
El ejidatario recordó el papel que también ha tenido en esto el actual tesorero, que incurrió en usurpación de funciones para avalar el derecho de tanto y simuló haber pegado el aviso en el salón ejidal para poder formalizar la cesión y firmar el 1 de octubre del 2021, cuando fue electo hasta marzo de 2022, además de que se constituyó como parte interesada en la compraventa hecha del 16 de noviembre de 2021.
Rivera Torres asegura que tienen conocimiento de que sus tierras las han negociado con algunos de los hombres más ricos de San Luis, y son precisamente los empresarios los que azuzan el conflicto entre grupos de ejidatarios, debido a los intereses económicos que se pueden ver afectados con las decisiones que se tomen en la asamblea del próximo martes 25 de febrero.
En el orden del día de la sesión se plantea la remoción del secretario Leonsio Zárate López, el tesorero propietario y la tesorera suplente Carmela López Alvarado del Comisariado Ejidal, por su negativa a firmar el acuerdo en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) para que se les reconozcan y doten de sus parcelas históricas a los ejidatarios, con lo que lograrían se les ratifique la superficie entregada por autorización de asamblea, independientemente de los negocios irregulares que se hicieron con ellas, por lo que se teme pueda haber violencia para impedir que se lleve a cabo.
