El pasado 17 de noviembre tuvo lugar el Foro “Vientres de Alquiler: la explotación reproductiva de las mujeres” en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una actividad académica que hizo converger perspectivas desde el bioderecho, el feminismo y la política criminal para analizar un mismo fenómeno. Si todavía no sabe de qué va este tema, en cualquier lugar de México, lo tendrá pronto gracias al exhorto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para comerciar con niños y niñas.
Como la palabra lo indica, esta acción consiste literalmente en alquilar el vientre de una mujer para gestar un embrión que al nacer será entregado a otra persona, generalmente parejas con problemas de infertilidad o que no quieren hacerlo por cuenta propia y prefieren pagar dinero por ello. En países como México y otros de Latinoamérica se saca provecho de la pobreza, aunque el discurso se adapte a la ideología dominante, por ejemplo, en la ley de Cuba lo introdujeron bajo el término de la “solidaridad” en tanto aquí los ministros de la Corte lo han asimilado mejor edulcorado en un acto de “libertad”, de decidir sobre el propio cuerpo.
A fin de no afear el asunto le llaman “maternidad subrogada”, se permite en Sinaloa y Tabasco, se prohíbe en San Luis Potosí y en algunas otras entidades como Ciudad de México se genera de facto gracias a la corrupción de instituciones responsables de regular la filiación como el Registro Civil y las notarías, a donde llegan las mujeres a firmar la renuncia de los derechos sobre sus hijos, puede buscarlo en internet en cualquier momento, hallará ofertas, planes y beneficios ofertados en grupos de Facebook y en páginas de agencias con especial atención al comprador extranjero.
Precisamente en palabras de la feminista Núria González López cuyo libro “Vientres de Alquiler. La Mala Gente” se presentará en la Feria del Libro en Guadalajara: “En ningún caso, los vientres de alquiler son una técnica de reproducción asistida. Técnicas son todos los procedimientos que se ejecutan sobre la mujer para asegurar el cumplimiento del contrato. Así se encuentran la parte que adquiere y la cadena de montaje que es el cuerpo de la mujer, a quien se renta a lo largo de nueve meses durante los cuales se le dice que tiene que comer, andar, dormir, dónde debe estar, cada cuando irá al médico, si se insemina, cuantos embriones deberá parir y cuantos debe de abortar, qué tipo de vacunas puede o no recibir y hasta la exigencia de tener hijos previamente por aquello de la eficacia probada”.
En un Estado democrático como es México, con una Constitución que prohíbe expresamente cualquier forma de esclavitud y además garantiza derechos fundamentales vinculados a su vez a otros instrumentos como las convenciones internacionales para proteger a las mujeres y a la infancia, lo coherente no es en ninguna circunstancia la posición asumida por la Corte porque los seres humanos no tienen precio.
Si la conducta consiste en aprovecharse de la pobreza de una mujer para explotarla y adquirir un menor de edad mexicano, nos encontramos en el territorio de una decisión político criminal, es decir, se debe proponer un tipo penal de trata contra la explotación reproductiva e integrarlo a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos desde la Cámara de Diputados Federal.
A ese nivel ya existen dos propuestas al respecto en la legislatura anterior y en la actual que no han encontrado respaldo, en tanto desde el Senado hay representantes, mujeres, que están buscando lo contrario a pesar de que allí mismo se les han dado pruebas de la convergencia de fenómenos criminales de trata sexual, reproductiva y feminicidio. Podríamos regalarles la iniciativa para sancionar penalmente todo esto, le apuesto que no la querrían, es el dinero la prioridad, no el bienestar de las víctimas potenciales.
Y es que, ¿Dónde mejor que este país para legitimar una forma de trata? Aquí ya se odia a las mujeres desde antes, es lo normal, que el Estado, intercambie la obligación que tiene de proveer una vida digna para todas por la “libertad” para ser prostituida de una manera o de otra. A más ver.
Claudia Espinosa Almaguer
Presentación del libro “Vientres de alquiler. La mala gente” de Núria González López
