Mariana de Pablos
Mardonio no comprendía lo que sucedía el día que lo arrestaron. Menos aun cuando fue trasladado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, en el estado de Campeche, donde pasó poco más de seis años preso y sin sentencia. Intentó explicarlo, aclarar que el paquete de marihuana encontrado en la camioneta que le pidieron transportar no era suyo, pero no hubo oídos que escucharan.
Era un día como cualquier otro cuando Mardonio, un hombre chinanteco de 55 años originario del Valle Nacional, región Cuenca del Papaloapan en el estado de Oaxaca, salió de su comunidad en busca de trabajo; práctica común ante la falta de empleo, el hambre y la precariedad con la que viven en sus pueblos. El trabajo era sencillo: llevar una camioneta cargada de chatarra del municipio de Champotón a la ciudad de Campeche.
De un momento para otro, la que debía ser una noche sin complicaciones, se convirtió en una pesadilla. Entre pregunta y pregunta, la desesperación de no poder expresarse bien en español y la angustia de verse completamente desamparado, tomaron su declaración y se determinó el rumbo de su destino por casi siete años.
“Vine a Campeche buscando mejores ingresos y encontré la cárcel”, expresó para diferentes medios en 2022 cuando fue liberado al entrar el vigor, en 2020, la Ley de Amnistía.
Como el caso de Mardonio, hay miles a nivel nacional. De acuerdo con el último Censo Penitenciario realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en México existen más de 8 mil personas indígenas encarcelados, de los cuales, la gran mayoría no pudo defenderse por no hablar español y que representa un atentado en contra de sus derechos humanos.
El artículo 2, inciso A, numeral VIII de la Constitución Política de México reconoce y garantiza el derecho de las personas indígenas a ser asistidas por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura en todos los juicios y procedimientos de los que sean parte, individual o colectivamente.
Sin embargo, esto no podría estar más alejado de la realidad, pues estas leyes, así como los derechos lingüísticos, es decir, la posibilidad de poder expresarse en la lengua que uno habla en cualquier ámbito, público o privado, “usualmente son vulnerados y no hay una sanción real por ello”.
Así lo reconocieron el maestro y doctor en Lingüística por El Colegio de México, Alonso Guerrero, y el licenciado en Relaciones Industriales y promotor de la cultura y lengua tének, Gerardo Morales, durante su participación en XIII edición de las Jornadas de Peritaje Antropológico organizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Durante la charla, el doctor Alonso explicó que el derecho a la lengua tiene un reconocimiento político que parte de la igualdad, es decir, “no hay una lengua que sea mejor que otra”.
La imposición del español sobre otras lenguas, tanto en México como en América Latina en general, más bien es resultado de un proceso histórico de conquista y colonización. El problema de creer que hay lenguas “mejores” que otras, señaló el doctor Alonso, es un problema histórico que deviene del siglo XIX, cuando se creía que existían lenguas de primera clase y lenguas de segunda:
“Las lenguas, sobre todo extranjeras, eran idiomas y durante mucho tiempo se pensaba que las lenguas indígenas eran dialectos. La diferencia entre una lengua y un idioma es su carácter de oficial. Una lengua se convierte en idioma de un país cuando hay un reconocimiento legal de su oficialidad. El español no es el idioma de México, sino las distintas lenguas son los idiomas de México porque la ley reconoce el uso de estas lenguas indígenas como oficiales en los territorios donde se hablan, en este sentido son idiomas”.
Los dialectos, por el otro lado, son variaciones regionales que toda lengua tiene. De esta forma, para evitar el termino dialecto se habla de variantes lingüísticas, pues se busca erradicar la “aparente homogeneidad” a partir de la cual suelen ser agrupadas.
El doctor Alonso indicó:
“Pensando en el mixteco, por ejemplo, uno pensaría que los mixtecos hablan mixteco, pero no, hablan 80 lenguas distintas que no se entienden entre sí. Entonces esta aparente homogeneidad que les da el termino ‘mixteco’ no es real y eso tiene muchos problemas en términos de la interpretación legal, porque no se puede interpretar con el mismo mixteco a todas las comunidades.”.
En México hay una gran diversidad de variantes lingüísticas: al día de hoy se han contabilizado un total de 364, más el español. Estas se agrupan en 11 familias lingüísticas y pertenecen a 68 pueblos o comunidades lingüísticas.
Pensar desde la homogeneidad y la inferioridad a la diversidad de variantes lingüísticas de los diferentes pueblos indígenas deviene entonces en un serio problema, tanto para la correcta traducción e interpretación, como también de discriminación.
Según la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (2022) realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), los derechos culturales de las personas indígenas, especialmente los lingüísticos, son los más violentados. Esto, indicó el doctor Alonso, “tiene que ver con una asociación imaginaria, porque no es real, entre la pobreza o el atraso cultural con el hablar estas lenguas”.
Con toda esta información presente es que entonces se puede vislumbrar con mayor claridad que no solo se trata de un problema histórico y cultural, sino también político que le corresponde al Estado subsanar.
La falta de intérpretes representa una deuda con los pueblos y comunidades indígenas que se debe enmendar a la inmediatez, pues no solo se habla del incumplimiento a un derecho humano que señala la Constitución mexicana, sino que además son miles las vidas que hoy viven en la injusticia.
