VIOLENCIA Y… DESCOORDINACIÓN.

La seguridad en San Luis Potosí, particularmente en su zona metropolitana, se enfrenta a una compleja trama de desafíos que se agravan por la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. La capital, que se ha visto asolada por el incremento de la violencia y la delincuencia, muestra un escenario donde coexisten administraciones de distintos orígenes políticos: el gobierno municipal de la capital está encabezado por una coalición del PAN-PRI, el gobierno estatal es dirigido por el Partido Verde, y el gobierno federal es representado por MORENA. Esta fragmentación política no solo entorpece la implementación de estrategias efectivas de seguridad, sino que también resalta la ausencia de una unión en la lucha contra la criminalidad que afecta a la población.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023, San Luis Potosí reportó un aumento del 25% en los delitos de alto impacto en comparación con el año anterior. La capital potosina, que alberga a más del 1.2 millones de habitantes, se posiciona entre las diez ciudades con más casos de homicidios dolosos a nivel nacional. Solo en los primeros seis meses de 2024, se registraron 150 homicidios, lo que equivale a un promedio de 25 asesinatos por mes. Las cifras son alarmantes y representan una grave amenaza para la tranquilidad y el bienestar de sus ciudadanos.
La falta de atención del régimen de la Cuarta Transformación (4T) hacia San Luis Potosí es otra de las preocupaciones que agravan el contexto de inseguridad. La presencia de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado es prácticamente nula, lo que limita las capacidades de investigación y persecución de delitos federales, dejando a los ciudadanos a merced de un sistema de justicia que, por donde se le mire, sostiene claros indicios de ineficacia. La delincuencia organizada ha encontrado en la descoordinación entre los cuerpos de seguridad una oportunidad para expandir sus operaciones, causando que los índices delictivos se disparen sin una respuesta adecuada por parte del gobierno.
Además, la falta de diálogo y colaboración entre los tres niveles de gobierno se traduce en una ruptura en la cadena de mando y la implementación de políticas de seguridad. El hecho de que los gobiernos local, estatal y federal, a pesar de su supuesto entendimiento político en el ámbito nacional, operen de manera disociada, ha hecho que se pierda una visión integral en la atención a estos problemas que afectan a la ciudadanía. Esta indeseada fragmentación genera un ambiente propicio para la corrupción y la impunidad, donde las fuerzas del orden se ven limitadas por políticas que no se interrelacionan eficientemente.
Es imperativo que los gobiernos de San Luis Potosí se alineen en un fuerte compromiso por la seguridad pública. Se requiere de un enfoque coordinado que no solo contemple la creación de estrategias conjuntas, sino que también incluya la participación activa de la sociedad civil, garantizando así que las políticas de seguridad sean efectivas y se ajusten a las necesidades reales de la comunidad. La falta de acción contundente podría llevar a la entidad a un estado de crisis del que se le dificultaría salir.
En conclusión, San Luis Potosí se encuentra en un punto crítico en cuanto a seguridad. La combinación de la falta de coordinación intergubernamental, la escasa atención del gobierno federal, y la ineficacia de las instituciones locales para enfrentar la violencia impone un llamado urgente a la acción. La construcción de un entorno seguro es un desafío que solo puede abordarse mediante la cooperación y la creación de un plan de acción integral que restituya la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. La seguridad no debe ser un tema de competencia política, sino una prioridad compartida por todos los niveles de gobierno para garantizar un futuro más seguro para todos los potosinos.