VÍRGEN SANTA… ¿Y EL PRESUPUESTO APÁ?

El Radar
Por Jesús Aguilar
@jesusaguilarslp
La reciente propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2025 pone de manifiesto los profundos retos que enfrentan los gobiernos estatales a la hora de equilibrar prioridades sociales, económicas y políticas en la distribución de recursos, ya se aprobó en comisiones y será pecatta minuta que se vote con la aplanadora verde y sus aliados que incluyen un cocktail tutti-fruti, tutti, totamente sottomeso.
Con un incremento general del 3.06% respecto al presupuesto de 2024, este nuevo ejercicio financiero refleja decisiones que, aunque justificadas en el papel, demandan un análisis crítico sobre las implicaciones para los sectores más vulnerables y las instituciones clave para el desarrollo democrático.
Uno de los puntos más alarmantes es el drástico recorte al Sistema Estatal DIF, que sufrirá una reducción del 93.9% de su presupuesto, pasando de 1,330 millones a tan solo 81.9 millones de pesos, seguramente no tiene nada que ver con que su titular, Ruth González Silva, esposa del gobernador, está campeándose en el Senado y ya es (pase lo que pase) dicen los enterados, la apuesta de Gallardo a sucederlo.
Pero en lo práctico, este ajuste, que equivale a más de mil 200 millones de pesos menos, compromete seriamente la capacidad operativa de un organismo central en la atención de poblaciones vulnerables, como niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. La justificación detrás de esta disminución, si bien no ha sido ampliamente argumentada, plantea preguntas sobre las prioridades del gobierno y cómo planea compensar este vacío en asistencia social.
El problema es justo ése, el populismo clientelar contra el asistencialismo social formal y para muestra un botón, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) experimentó un aumento significativo del 124%, alcanzando más de 2,500 millones de pesos.
¿Lo pueden hacer?, sí, ¿las arcas estatales lo ameritan y soportan? Lo dudamos y los hechos nos dan la razón: para pagar compromisos del cierre de este tercer año de ejercicio gubernamental tuvieron que pedir nuevos créditos quirografiarios, cuando la verdadera solución era un crédito formal a largo plazo que pudiera resolverse en 3 años y con gestión adecuada con el gobierno federal.
Además, la asignación presupuestaria refleja una fuerte inversión en infraestructura y seguridad, áreas también cruciales, pero que no deben venir a costa del bienestar de las comunidades más vulnerables.
Otro aspecto relevante es la reducción del 35.9% al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), que pasará de 382 millones en 2024 a 244 millones en 2025. Aunque el argumento principal de esta disminución se relaciona con la ausencia de procesos electorales en 2025, el recorte también podría interpretarse como una falta de respaldo a las instituciones democráticas o para limitarla o para someterla. En un contexto donde la participación ciudadana y la transparencia son fundamentales para consolidar la democracia, reducir los recursos de este organismo genera preocupación sobre posibles limitaciones para el fortalecimiento de sus capacidades operativas y de promoción del civismo.
Además la salud sigue siendo una pata de palo de la 4T, el presupuesto destaca los riesgos financieros estructurales, particularmente aquellos asociados con la transición al esquema IMSS-Bienestar, que ha dejado al Estado con pasivos significativos. La falta de reconocimiento de gestiones previas y las pérdidas de recursos derivados de esta migración complican aún más el panorama financiero.
Este factor, combinado con los desequilibrios en entidades educativas como el Colegio de Bachilleres y el CECyTE, así como los riesgos de descapitalización en el sistema de pensiones, evidencia una necesidad urgente de reformas estructurales que prioricen la sostenibilidad fiscal. El hoyo financiero generado por pensiones es particularmente preocupante, ya que amenaza con desbordar las capacidades presupuestales del gobierno, incrementando el riesgo de una quiebra estatal si no se toman medidas urgentes y estructurales.
El foco está puesto en el sobregasto en obras y programas sociales, cuya rentabilidad social a largo plazo y evidentemente su rédito electoral no está en duda pero sí su planeación y montos de ejecución.
Este enfoque, aunque políticamente atractivo, podría derivar en una falta de recursos para sectores estratégicos en el mediano y largo plazo, comprometiendo así la estabilidad financiera del Estado.
También queda el reproche necesario que se suma con la ausencia de un apoyo sustancial de la bancada del Partido Verde Ecologista en el Congreso Federal, aliado clave del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La falta de gestiones efectivas para atraer más recursos federales refuerza la sensación de aislamiento fiscal del Estado y pone de relieve una estrategia política que no ha logrado traducirse en beneficios tangibles para San Luis Potosí.