En San Luis Potosí, migrantes de Haití, Cuba y Venezuela se incorporan cada vez más al mercado laboral en sectores como seguridad privada, construcción, servicios y telefonía, aunque en muchos casos lo hacen bajo condiciones de explotación y abuso derivadas de su situación migratoria.
El doctor Guillermo Luévano Bustamante, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP, explicó que estas personas aceptan empleos con altas exigencias físicas y desventajas contractuales, al no contar con redes de apoyo ni pleno conocimiento del contexto local.
Si bien la Secretaría del Trabajo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) han puesto en marcha un programa para favorecer la inserción laboral de esta población, los riesgos persisten.
“No existe un registro preciso de la población migrante en la entidad, porque muchos evitan el contacto con autoridades por temor a detenciones o deportaciones”, señaló Luévano. Agregó que la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Política Migratoria (UPMRIP), solo contabiliza a quienes buscan regularizar su estancia, dejando fuera a un sector considerable que permanece en condición irregular.
En este sentido, subrayó que los migrantes sin documentos están más expuestos a trata laboral, engaños y ausencia de vigilancia gubernamental, por lo que reiteró que la regularización laboral beneficia tanto a las personas trabajadoras como al Estado, ya que formaliza empleos, genera aportaciones fiscales y garantiza acceso a la seguridad social.
