Por Jesús Aguilar
El Congreso de la Unión aprobó cambios a la Ley de Amparo que podrían transformar el equilibrio entre el poder y el ciudadano. La reforma promete agilidad y control, pero también despierta temores: ¿seguirá el amparo siendo el escudo más eficaz contra los abusos del poder? Todo indica que no.
El amparo: ese último refugio del ciudadano
El juicio de amparo es, en palabras simples, el último escudo que tiene cualquier persona para defenderse del gobierno.
Si una autoridad te aplica una ley injusta, te quita un derecho o abusa de su poder, puedes acudir ante un juez federal y pedirle que te proteja.
Durante décadas, el amparo fue una joya del derecho mexicano: un mecanismo que ponía límites al poder y permitía detener injusticias antes de que fueran irreparables.
Hasta ahora.
Lo que cambió
La reforma aprobada por el Congreso modifica las reglas del juego.
El cambio más importante es que ya no podrán otorgarse suspensiones con efectos generales.
Antes, si un juez encontraba que una ley podía violar derechos, podía suspenderla para todos, mientras analizaba el caso.
Ahora, la suspensión sólo aplica al caso concreto de quien presentó el amparo.
🔹 Ejemplo simple:
Si una asociación ambiental impugna una ley que autoriza tala indiscriminada, el juez sólo podrá proteger a esa asociación, no al resto de los bosques ni a otras comunidades afectadas.
Cada grupo tendría que tramitar su propio amparo.
El resultado: se fragmenta la defensa colectiva y se debilita la posibilidad de detener daños mayores mientras se resuelve el fondo del asunto.
La versión oficial
Los legisladores y el gobierno aseguran que la reforma busca poner orden.
Durante años, grandes empresas y despachos usaron el amparo para retrasar pagos de impuestos, frenar licitaciones o posponer sanciones.
Ahora, con plazos más claros y límites a las suspensiones, se pretende evitar esos abusos.
Sin embargo, dinamitan el efecto en la colectividad, Greenpeace seguro tendrá muchos obstáculos para demostrar afectación directa sobre la tala en la Riviera Maya, sin embargo existe y queda a criterio de los jueces que trístemente fueron “electos” por el pueblo pero que son parte de la nueva inmensa del régimen.
También se impulsa la digitalización de los juicios, se exige que los jueces precisen quién debe cumplir las sentencias y se sancionará a quien no lo haga.
En papel, parece una modernización necesaria.
Pero la preocupación está en lo que se puede perder por el camino.
El riesgo silencioso
El nuevo modelo deja al ciudadano más solo frente al poder.
Si una ley afecta a una comunidad entera, cada habitante tendrá que costear su propio juicio.
Y mientras los tribunales deciden, los efectos de la ley seguirán corriendo.
En temas ambientales, de salud pública o derechos colectivos, esto puede significar daños irreversibles.
No hay que olvidar que muchos de los grandes casos de justicia ambiental, urbana o social se lograron gracias a suspensiones con efectos generales.
Hoy, esa puerta se cierra.
¿Menos abusos? No necesariamente… pero absolutamente menos defensa
Es verdad: el amparo se había convertido en escudo de quienes no querían pagar impuestos o rendir cuentas, pero todos tenemos derecho a defender una postura.
Pero en la “limpieza”, el gobierno podría estar tirando también la red que protegía al ciudadano común.
Limitar el amparo es como quitarle filo al cuchillo del pueblo para evitar que abusen de él, en la incongruente narrativa que construye hoy un nuevo poder intolerante y hegemónico.
Según una conversación que recientemente sostuve con el abogado Jose Mario de la Garza, este nuevo sistema de “desamparo” masivo obligará al surgimiento de una nueva era en la mafia ligada al poder, la de los “coyotes” que te cobrarán para descongelar una circunstancia que ya no podrá suspender un amparo.
El mensaje político parece claro: menos obstáculos para las decisiones del Estado, aunque eso signifique menos herramientas para frenarlo.
