El Radar
Por Jesús Aguilar
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí se encuentra en un momento crucial. La posible reelección de su actual presidenta, Giovanna Argüelles, ha encendido un debate necesario sobre la independencia de un órgano que, por definición, debe mantenerse ajeno a cualquier influencia política. Este contexto cobra aún mayor relevancia en un país donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido objeto de señalamientos por su politización desde la llegada de MORENA al poder en 2018, especialmente tras la polémica reelección de Rosario Piedra.
La preocupación de la sociedad civil es legítima y urgente. Defensores de derechos humanos han convocado a una mesa de diálogo con el objetivo de garantizar un proceso justo y transparente en la elección de la nueva presidencia de la CEDH. Detrás de esta iniciativa no hay otro interés que salvaguardar el único organismo con la responsabilidad de proteger a la ciudadanía frente a los abusos del poder.
La abogada y activista Gabriela Silva ha señalado la importancia de una participación ciudadana activa. Su llamado es claro: la persona que encabece la CEDH debe tener una trayectoria impecable en la defensa de los derechos humanos y estar libre de vínculos recientes con partidos políticos o el gobierno. La independencia no es un lujo; es una condición indispensable para la legitimidad de la institución.
Este llamado cobra aún más relevancia cuando se considera el daño que podría infligir una designación opaca. La credibilidad de la CEDH, ya golpeada por incumplimientos de recomendaciones en el pasado, no resistiría otro golpe de desconfianza. Si se percibe que el proceso está manipulado o responde a intereses ajenos a la protección de los derechos humanos, el distanciamiento de la ciudadanía será inevitable.
Los sectores más vulnerables, como las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, la población migrante, la comunidad LGBTQ+, y las mujeres víctimas de violencia, son quienes más sufren las consecuencias de una CEDH debilitada. Cuando el organismo pierde su autonomía, quienes más necesitan protección quedan expuestos a violaciones sin la esperanza de recibir apoyo o justicia. Casos recientes, como el abandono institucional denunciado por mujeres víctimas de violencia de género en municipios rurales, o la falta de respuesta ante agresiones documentadas contra personas migrantes en tránsito por San Luis Potosí, ilustran la urgencia de fortalecer este organismo.
A esta situación se suma un problema estructural: la falta de presupuesto adecuado que limita gravemente la capacidad operativa de la Comisión. Sin los recursos necesarios, las investigaciones se estancan, las recomendaciones pierden fuerza y el acompañamiento a las víctimas se vuelve insuficiente. Además, la ausencia de una estrategia masiva de comunicación impide que la ciudadanía conozca sus derechos y los mecanismos disponibles para presentar denuncias. Un claro ejemplo de esta carencia es la baja difusión de las líneas de atención y los procedimientos de denuncia en zonas rurales y comunidades marginadas.
La convocatoria a esta mesa de diálogo ha sido respaldada por diversas voces, desde defensores como Adrián Barrios y Fátima Alvizo hasta colectivos feministas, la comunidad LGBTQ+, personas migrantes, trabajadores y ciclistas.
Su objetivo es claro: garantizar que el proceso sea plural y que el liderazgo de la CEDH represente a toda la sociedad, no a una élite política.
Es urgente impulsar una estrategia que convoque de manera masiva a la ciudadanía a ejercer su derecho a denunciar violaciones de derechos humanos. Para lograrlo, se podrían implementar campañas educativas en medios de comunicación locales y redes sociales, así como talleres comunitarios en zonas rurales y urbanas marginadas.
En Corporativo MAZ siempre hemos estado del lado de la ciudadanía alentando esta participación y no dejaremos de hacerlo, además, sería esencial establecer alianzas con instituciones educativas y organizaciones civiles para crear espacios de diálogo donde las personas puedan conocer sus derechos y aprender cómo presentar una denuncia de manera efectiva.
El problema toral sin duda es el desdén institucional para participar en el fortalecimiento de una herramienta indispensable para poder sin duda acotar sus abusos.
También se debe considerar la creación de plataformas digitales accesibles que permitan a la ciudadanía presentar denuncias de manera rápida y segura, acompañadas de asesoría legal gratuita. La habilitación de líneas telefónicas con personal capacitado para atender casos urgentes, disponibles las 24 horas, sería un paso clave para reforzar la accesibilidad de la CEDH.
El riesgo de una comisión subordinada al poder político es inmenso. Si la CEDH se convierte en un órgano dócil ante los intereses de los gobiernos en turno, pierde su razón de ser. La verdadera función de esta institución debe ser la defensa firme e independiente de los derechos humanos, sin importar quién ocupe el poder.
La elección de la próxima presidencia de la CEDH no debe ser vista como un simple trámite administrativo, sino como una oportunidad para fortalecer las bases democráticas del estado. Es indispensable garantizar un proceso limpio, transparente y abierto, donde la sociedad civil no solo sea escuchada, sino que tenga un rol protagónico.
Hoy más que nunca, San Luis Potosí necesita una CEDH libre de intereses políticos, fuerte e independiente, con los recursos suficientes para operar eficazmente y una estrategia clara para involucrar a la ciudadanía. Solo así podrá cumplir con su misión esencial: ser el verdadero escudo de la ciudadanía frente a los abusos del poder.
Postdata…
Hay necios que desde las incómodas posiciones de succión y cínica sumisión al poder actual quieren, otra vez, llegar a la comisión estatal, su presencia en las listas finales es inadmisible.
