Por Jesús Aguilar
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Hay historias que ilustran con crudeza cómo los intereses privados no solo chocan con el bien público, sino que se lo intentan arrebatar.
Tal es el caso del predio de más de 4.5 hectáreas que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) arrendó a la empresa VEM S.A., en pleno corazón de la llamada “zona diamante” de la capital potosina.
Lo que comenzó como un acuerdo de aprovechamiento productivo se ha transformado en una batalla jurídica que revela, una vez más, cómo el poder económico y las utilidades oscuras intentan doblegar al interés social y académico.
De entrada, el arrendamiento mismo nació bajo condiciones leoninas. Ni la vocación del terreno, ni su utilidad actual, responden al espíritu del convenio original. La Universidad —entidad pública, formadora de generaciones y garante del conocimiento— confió en una inversión que supuestamente traería beneficios para la institución y para la ciudad. Pero la realidad fue otra. VEM S.A. no cumplió con las condiciones pactadas. Ni desarrolló lo que prometió, ni respetó el uso del suelo que se le asignó.
Peor aún: ni siquiera ha devuelto el terreno tras vencerse el plazo legal para hacerlo el pasado 10 de mayo.
La actual abogada general de la UASLP, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, confirmó que agotado el tiempo de buena fe, la Universidad no tiene otra opción que acudir a tribunales. Y es que, pese a los intentos de diálogo, la empresa simplemente no respondió al acuerdo planteado para la devolución del predio.
Como sucede tantas veces, los empresarios que usufructúan suelo público creen que basta con su poder financiero para mantenerlo bajo su dominio, aun cuando sus obligaciones legales estén vencidas.
La Universidad no puede permitirse perder este terreno, no solo por su ubicación estratégica, sino porque representa un activo público invaluable. Estamos hablando de un bien que podría destinarse a laboratorios, centros de investigación, parques científicos o instalaciones de formación superior o como se había aprobado en principio en un espacio de infraestructura deportiva y de utilidad permanente para la comunidad universitaria. No es poca cosa que un espacio así esté en manos privadas sin cumplir contrato y que ahora tenga que recuperarse por la vía judicial, con todo el desgaste, tiempo y recursos que eso implica.
En San Luis Potosí no puede normalizarse que un bien público sea capturado por particulares bajo la figura de un contrato amañado, y que al final, quienes deben defenderlo tengan que mendigar justicia en los tribunales. Este caso es un arrebato, y la sociedad potosina no puede permitirse mirar hacia otro lado.
La integridad de la actual Rectoría debe prevalecer, los llamados a cuentas permanecer y el cuidado y protección del patrimonio de la Universidad ponderarse siempre.
Ni con apellidos rimbombantes compuestos, ni novelas de poca monta judicializadas, tampoco buscando amedrentar con falsos se puede esconder la verdad. En este caso como en la vida, hasta la materia fecal flota.
