El Radar
Por Jesús Aguilar
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Un gobierno rico que puede regalar a los pobres, la premisa esencial de los nuevos tiempos de la mexicanidad política.
Al cierre del gobierno de AMLO el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la deuda en su medida más amplia, se ubicó en un nivel de 49.3% del Producto Interno Bruto (PIB), más de lo pensado, y más de lo calculado sin duda pero los números reales nunca fueron su fuerte.
La Cuarta Transformación (4T) el Movimiento Obradorista fue presentado como una ruptura histórica con las prácticas políticas del pasado, un movimiento que prometía instaurar la honestidad y la austeridad republicana como principios rectores del gobierno. Sin embargo, un análisis crítico revela que, en muchos casos, estas promesas no han trascendido el terreno de la retórica, dejando intactos los privilegios de la partidocracia que supuestamente pretendían erradicar.
Un ejemplo reciente que ilustra esta contradicción es la distribución de recursos públicos a los partidos políticos en el estado de San Luis Potosí.
Es un dato duro y reciente que Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), los dos partidos con mayor influencia en la región, se repartirán casi 80 millones de pesos en financiamiento público durante 2025 en San Luis Potosí. Este monto refleja un sistema de asignación de recursos que perpetúa el privilegio de las elites partidistas y pone en duda la narrativa de austeridad republicana.
La paradoja de la austeridad
Desde su concepción, la 4T ha hecho de la austeridad un eje fundamental de su discurso. Claudia Sheinbaum, la presidenta en turno, ha reiterado su compromiso con la “austeridad franciscana” como una forma de moralizar la vida pública y combatir la corrupción. Sin embargo, como argumenta el politólogo Guillermo Trejo en su obra Democratizing the Party-State, las democracias emergentes como la mexicana tienden a preservar las estructuras partidistas que les dieron origen, en lugar de desmantelarlas.
El caso de Morena y el PVEM no es la excepción. Mientras se critica a los gobiernos pasados por su despilfarro y falta de transparencia, los partidos en el poder reproducen las mismas dinámicas clientelares y patrimonialistas. José Antonio Crespo, destacado analista político, subraya que “la austeridad republicana ha sido más un instrumento de propaganda que una transformación real del aparato estatal”.
Hegemonía disfrazada de democracia
La promesa de cambiar el rostro de la política mexicana también contrasta con la concentración de poder que la 4T ha alcanzado. Morena ha construido un aparato hegemónico que recuerda las prácticas del PRI en su época dorada. La politóloga Denise Dresser advierte que “el riesgo de la hegemonía es que se confunda la voluntad del partido con la del pueblo, eliminando cualquier posibilidad de pluralismo efectivo”.
La asignación de casi 80 millones de pesos a Morena y el PVEM en San Luis Potosí es un microcosmos de esta realidad. Estos recursos no solo refuerzan el dominio de ambos partidos, sino que también reducen el espacio para la competencia política. Esto, a su vez, genera un círculo vicioso en el que los partidos mayoritarios se aseguran recursos para perpetuar su control, mientras los ciudadanos quedan marginados de las decisiones fundamentales.
La simulación del cambio
El filósofo y socólogo italiano Antonio Gramsci utilizó el concepto de “intelectuales orgánicos” para describir a aquellos que justifican y reproducen las estructuras de poder existentes. En el contexto mexicano, podría argumentarse que la 4T ha generado su propia clase de intelectuales orgánicos, quienes legitiman las acciones del gobierno bajo el discurso de la transformación.
Desde Paco Ignacio Taibo II hasta el flamígero Epigmenio Ibarra son tótems de esta recreación.
Un ejemplo paradigmático es la narrativa en torno al combate a la corrupción. Mientras se destacan casos emblemáticos de funcionarios procesados, se omiten las redes de complicidad y nepotismo que persisten dentro del aparato estatal. Como afirma Irma Eréndira Sandoval, ex titular de la Secretaría de la Función Pública, “la lucha contra la corrupción no puede limitarse a discursos ni a casos aislados; requiere una transformación estructural que desmonte las bases mismas del sistema”.
Concluyendo, la Cuarta Transformación se enfrenta al reto de superar la percepción de simulación y traducir sus principios en cambios tangibles. La asignación de recursos públicos a Morena y el PVEM en San Luis Potosí evidencia cómo la retórica de austeridad y honestidad choca con la realidad de la partidocracia mexicana. En palabras del historiador Lorenzo Meyer, “la verdadera transformación no radica en cambiar los nombres de quienes gobiernan, sino en transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad y el abuso”. Sin un cambio estructural real, la 4T corre el riesgo de convertirse en aquello que juró combatir: un proyecto que privilegia la forma sobre el fondo, la narrativa sobre la acción.
Su credibilidad puede ser no equivalente a su popularidad, pero no hay gobierno que aguante estos abusos, la retórica ideológica también se agota y la impaciencia cunde.
