El Radar
Por Jesús Aguilar
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En México, las desapariciones de mujeres y jóvenes han dejado de ser casos aislados para convertirse en una crisis humanitaria de dimensiones alarmantes. Cada día, madres, hermanas y familiares alzan la voz en un país donde la justicia es esquiva y las fiscalías operan con una lentitud que raya en la negligencia. La desaparición de Daniela Martell en San Luis Potosí es solo uno de los casos recientes que reflejan la indiferencia de las autoridades y la desesperación de las familias que, ante la ineficiencia oficial, se ven obligadas a convertirse en investigadoras, peritos y rastreadoras de sus propios seres queridos.
A un mes de la desaparición de Daniela Martell, su familia sigue sin respuestas concretas. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha mostrado una actitud errática, primero sugiriendo una relación con el narcotráfico y luego revelando antecedentes de violencia familiar sin que ello se traduzca en avances sustantivos en la búsqueda. Este caso ilustra el modus operandi de las fiscalías en todo el país: criminalizar a las víctimas, revictimizarlas y, en muchos casos, dejar sus expedientes acumulando polvo en algún archivo olvidado.
Según datos de la Secretaría de Gobernación, hasta 2024, se reportaban más de 100,000 personas desaparecidas en México, de las cuales aproximadamente 26,000 eran mujeres. El 55% de ellas tenían entre 10 y 30 años. El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas ha advertido en múltiples ocasiones sobre la negligencia del Estado mexicano para abordar esta crisis. Mientras las cifras aumentan, las autoridades parecen limitarse a emitir comunicados genéricos y a maquillar los datos en lugar de garantizar búsquedas efectivas.
En este contexto de omisión y negligencia institucional, las madres buscadoras han emergido como el último bastión de justicia para las familias de los desaparecidos. Son ellas quienes, con picos, palas y la voluntad inquebrantable de encontrar a sus hijos, han realizado hallazgos que la autoridad ni siquiera ha intentado localizar. En San Luis Potosí, la movilización por el caso de Daniela se suma a la de muchas otras mujeres que han desaparecido sin dejar rastro, como Jenaro de Jesús Puente Contreras, cuyo paradero sigue siendo una incógnita para su familia tras casi un año de ausencia.
Estas madres no solo enfrentan la indiferencia estatal, sino también amenazas directas del crimen organizado y, en muchos casos, la colusión de las propias autoridades que deberían garantizar su seguridad. Aun así, continúan buscando, excavando y exigiendo. “No queremos fosas, queremos a nuestros hijos vivos”, es el lema que resuena en sus marchas y plantones.
El fenómeno de las desapariciones está estrechamente vinculado con el reclutamiento forzado de jóvenes por parte del crimen organizado. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, más del 30% de los desaparecidos en México han sido víctimas de esta práctica, en la que grupos criminales captan, coaccionan y obligan a menores y adultos jóvenes a unirse a sus filas. En estados como San Luis Potosí, la situación es particularmente alarmante, ya que la geografía de la región facilita el tráfico de personas y el establecimiento de grupos delictivos.
Las fiscalías, por su parte, continúan minimizando el problema o lo atribuyen a “ajustes de cuentas” entre criminales, lo que desvía la atención de la dimensión real de la crisis. Los testimonios de familiares, sin embargo, confirman que muchos de los desaparecidos fueron forzados a unirse a estas organizaciones bajo amenazas o engaños.
El problema no es solo la omisión, sino la complicidad. La colusión entre autoridades y grupos criminales ha sido documentada en distintos niveles de gobierno. Desde agentes ministeriales que “extravían” expedientes hasta policías municipales que entregan a jóvenes a bandas criminales, el Estado mexicano ha demostrado una preocupante tolerancia hacia estas prácticas. En San Luis Potosí, la falta de avances en el caso de Daniela Martell y de tantos otros desaparecidos refuerza la percepción de que las autoridades actúan con una indiferencia que roza la complicidad.
El grito de las familias sigue resonando en marchas y manifestaciones: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” Pero la respuesta del Estado sigue siendo el silencio, la simulación de investigaciones y, en el peor de los casos, la criminalización de las víctimas. Mientras tanto, las desapariciones continúan, el miedo se enraíza y la impunidad se consolida como una norma.
El caso de Daniela Martell no es un hecho aislado, sino parte de una crisis nacional de desapariciones forzadas que sigue creciendo sin freno.
La ineficiencia de las fiscalías, el contubernio silencioso de las autoridades y la fuerza del crimen organizado han convertido a México en un país donde la búsqueda de justicia es una batalla cuesta arriba. La organización de las madres buscadoras y la presión social son las únicas fuerzas que, hasta ahora, han logrado arrancar algunas respuestas a un sistema que parece diseñado para olvidar.
Pero el olvido no es una opción. Cada nombre, cada rostro desaparecido es un recordatorio de que la justicia en México sigue siendo una deuda pendiente. Y mientras la impunidad persista, las voces de quienes buscan a sus seres queridos seguirán resonando, exigiendo respuestas, verdad y justicia.
La muerte acecha, la incompetencia institucional no deja de asombrar y al menos hoy se pueden contabilizar 16 nuevas excavaciones encontradas en Rioverde, en la comunidad de Agua Dulce, fosas clandestinas donde tal vez puedes acabar tú, y tu familia si no tienes los tamaños para ayudar a levantar la voz.
