n un hecho que sienta un precedente favorable a la defensa de los derechos de comunidades indígenas, el Poder Judicial Federal concedió la suspensión provisional para que se detenga el proyecto central de construcción y operación de un parque eólico en el municipio zapoteco de Unión Hidalgo, en la región del istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con la resolución judicial, de construirse un parque eólico se generaría un daño irreparable a dicha comunidad zapoteca.
La resolución del juicio de amparo, concedido en abril pasado, fue interpuesto por el despacho Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), asociación civil que logró para la comunidad indígena zapoteca de Ranchu Gubiña (nombre en zapoteco de Unión Hidalgo) la suspensión provisional para que no se continúe el Procedimiento de Consulta sobre el proyecto central eólica Gunaa Sicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, filial de la transnacional francesa EDF —Énergies Nouvelles (EN)— ni se inicie la construcción y operación de dicho parque eólico.
El Poder Judicial Federal expone que no existen condiciones naturales —la etapa de reconstrucción por los sismos de septiembre del año pasado cuenta con muy pocos avances—, tampoco hay condiciones sociales, debido a la pasada jornada electoral, y las fiestas patronales (un tema no menos importante para la región), lo que podría influir en la decisión que en su caso adopte la comunidad indígena.
A la suspensión provisional por parte del Juzgado Primero de Distrito se sumaron las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a fin de que la Secretaría de Energía —a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial— suspenda el procedimiento del eventual parque eólico. El proyecto consta de 115 aerogeneradores de 2 mil 625 megawatts, por un periodo de 30 años.
También se presentó una queja ante el Punto Nacional de Contacto en Francia, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en febrero pasado, por posibles violaciones a derechos humanos cometidas por la empresa EDF y sus filiales en México.
ASESORÍA LEGAL
Los comuneros, activistas y habitantes de Unión Hidalgo decidieron unirse y buscar la asesoría legal de la organización civil ProDESC, pues con la experiencia adquirida con el primer parque eólico en 2011, estaban en el entendido de que las autoridades no habrían de considerarlos en la toma de decisiones.
Ya existe un parque en Unión Hidalgo. La empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), filial de la española Renovalia Energy, orilló a la comunidad a firmar contratos de arrendamiento de información en español, cuando la lengua predominante es el zapoteco; consta de 120 aerogeneradores instalados en el paraje Piedra Larga, y únicamente tiene contratados a cinco lugareños como peones”, resume Norberto Altamirano Zárate, vecino e integrante del colectivo En Defensa de la Vida y el Territorio.
El parque eólico Demex es uno de los 23 que existen en la región de istmo de Tehuantepec. “Para la instalación de este parque, al igual que los otros 23, no se consultó a las comunidades indígenas”, asegura Zárate.
Por esta razón, cuando en enero de 2017 el presidente municipal Wilson Sánchez confirmó la entrada del parque de la empresa EDF, miembros de la comunidad empezaron a pedir la consulta libre, previa e informada, a la vez que se presentaron los primeros amparos.
Luego del terremoto del 7 de septiembre de 2017, y sus réplicas, la autoridad federal señaló que iba a iniciar el proceso de consulta, pero “era obvio que no había las condiciones”, refiere el activista.
José Arenas, habitante de la localidad y fundador del colectivo cultural Binni Cubi, apunta que la consulta (prevista el pasado mes de abril) se rechazó “hasta que todas las viviendas y escuelas estén nuevamente de pie. La prioridad en este momento debe ser atender a los afectados por los sismos y sus réplicas”.
El municipio de Unión Hidalgo resultó ser el segundo más afectado, de 41 que conforman la región del istmo de Tehuantepec; Juchitán de Zaragoza encabeza la lista de los más colapsados.
No hay condiciones de normalidad, 70% de las viviendas registran algún tipo de daño, 300 se desplomaron; las escuelas, las clínicas, los edificios públicos también están averiados”, refiere.
ALERTA
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una alerta temprana por el caso de las centrales eólicas en Unión Hidalgo, dirigida a los titulares del gobierno del estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo estatal y de los ayuntamientos de Unión Hidalgo y Juchitán.
El visitador general, Juan Rodríguez Ramos, precisó que la alerta fue emitida ante el riesgo de violaciones a derechos humanos de imposible reparación a los integrantes del Comité de Resistencia ante el Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, pues la instancia defensora advierte que hay un temor fundado de enfrentamientos y agresiones entre los grupos en pugna por la pretensión de implementar la central eólica Guuna Sicarú, que pueden trascender a otros pobladores.
El organismo defensor tiene evidencias de la ruptura del tejido social, dado el contexto del conflicto y la polarización al interior de la población, ocasionada por la actuación y convivencia de autoridades y agentes no estatales en el impulso al proyecto de la central eólica.
Asimismo, dentro de la alerta temprana, la Defensoría solicitó al titular del Poder Ejecutivo estatal que instruya a las dependencias para que implementen mecanismos eficaces para salvaguardar los derechos humanos de los habitantes de Unión Hidalgo.
Unión Hidalgo solicitó la protección de la justicia federal luego de que la Comisión Reguladora de Energía otorgara un permiso para la generación de energía eléctrica a la empresa Eólica de Oaxaca, filial de la transnacional EDF-EN, aunque sin el conocimiento de los pobladores.
Mediante solicitudes de acceso a la información, la comunidad indígena de Unión Hidalgo tuvo conocimiento de que la empresa solicitó este permiso el 27 de abril de 2017 y se autorizó dos meses después con el número de resolución RES/1219/2017.
SUSPENSIÓN, PARA NO VIOLAR DERECHOS
Para el Área de Justicia Trasnacional de ProDESC la suspensión no significa que ya se haya logrado detener definitivamente el proyecto. Esta suspensión es definitiva y está vigente mientras se resuelve la sentencia del amparo, así que el juicio sigue su procedimiento.
El abogado de ProDESC, Juan Antonio López, explicó a la comunidad que la suspensión definitiva es una medida que se toma durante el litigio en la espera de que se resuelva el amparo. “El objetivo de la medida es evitar que se violen los derechos humanos”.
El asesor legal de los comuneros de Unión Hidalgo considera que será en este mes de julio cuando se tenga una sentencia de amparo.
El juez de distrito va a dictar una sentencia de amparo, o sea, que se detenga definitivamente el proceso de consulta. Lo más probable es que la empresa o la autoridad presente un recurso contra esta sentencia y que ésta se tenga que resolver por un Tribunal Colegiado.
Con información de: Excélsior
