Por Jesús Aguilar
Héctor Manuel Portales Ávila ya no está en el penal del Altiplano.
No salió porque el expediente del huachicol fiscal se hubiera desmoronado. Salió después de negociar un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR) y comprometerse a colaborar como testigo en una investigación sobre contrabando de combustibles.
Ese movimiento cambia el tablero.
Portales era apoderado de Mefra Fletes, empresa identificada dentro de las investigaciones federales como una pieza relevante en la descarga y el transporte terrestre de hidrocarburos introducidos ilegalmente por las aduanas marítimas.
Fue detenido por un caso relacionado con el aseguramiento de 235 tanques y pipas en Altamira, donde las autoridades encontraron un millón 854 mil litros de gasolina y 580 mil litros de diésel.
Mefra también aparece vinculada con la descarga del Challenge Procyon, buque en el que fueron asegurados 10 millones de litros de combustible, y con otro decomiso de casi nueve millones de litros de diésel en Ensenada.
No hablamos de una manguera conectada de madrugada a un ducto.
Hablamos de puertos, documentos aduanales, depósitos, empresas, tractocamiones y millones de litros moviéndose por el país bajo la apariencia de operaciones legales.
El beneficio concedido a Portales tampoco fue un gesto de cortesía.
La ley permite otorgar un criterio de oportunidad cuando un imputado ofrece información esencial y eficaz para perseguir un delito más grave y se compromete a declarar contra otros participantes.
Eso no significa que todo cuanto diga sea verdadero.
Tampoco demuestra que ya haya entregado pruebas contra una persona específica.
Significa que la Fiscalía consideró su colaboración suficientemente relevante para modificar su situación procesal.
Y ahí aparece Gerardo Sánchez Zumaya.
Reforma ha señalado que Portales es familiar del empresario potosino, aunque no ha precisado públicamente el grado de parentesco. Otras publicaciones han referido operaciones comerciales por más de 142 millones de pesos entre Portales y empresas vinculadas con Sánchez Zumaya.
Las operaciones comerciales no son un delito por sí mismas.
Una factura tampoco prueba lavado de dinero.
El parentesco, desde luego, no convierte a nadie en cómplice.
Pero cuando un aspirante a gobernar San Luis Potosí mantiene vínculos personales y comerciales con un empresario que obtiene su libertad a cambio de colaborar en una de las investigaciones de huachicol fiscal más importantes del país, la explicación pública deja de ser una concesión.
Se vuelve una obligación.
Hasta ahora no existe información pública que permita afirmar que Portales haya mencionado a Sánchez Zumaya en su testimonio.
Tampoco existe una nueva imputación contra el aspirante potosino derivada de este acuerdo.
Dos denuncias anteriores relacionadas con presuntas actividades ilícitas terminaron en determinaciones de no ejercicio de la acción penal por falta de elementos suficientes.
Eso debe decirse con claridad.
Un expediente archivado no equivale a una condena, pero tampoco borra las relaciones empresariales, las facturas, los nombres ni las rutas de dinero que continúan bajo escrutinio.
Sánchez Zumaya tendría que explicar cuál fue exactamente su relación con Portales.
Qué operaciones realizaron sus empresas.
Qué bienes se compraron.
Cómo se pagaron.
Cuál fue el origen de los recursos.
Y si alguna autoridad federal ha solicitado nueva información a partir del acuerdo firmado por el exapoderado de Mefra.
No para satisfacer el morbo.
Tampoco para sustituir a la Fiscalía desde una columna.
Debe hacerlo porque pretende gobernar un estado y administrar su dinero, su seguridad y sus instituciones.
Portales cambió la celda por la colaboración.
Ahora falta conocer qué sabe, qué documentos entregó y hasta dónde alcanza lo que puede probar.
El expediente no permite condenar a Gerardo Sánchez Zumaya.
Pero tampoco permite seguir tratando su relación con Portales como un asunto menor.
