Por Mario Candia
LEY DE TELECOMUNICACIONES La nueva Ley de Telecomunicaciones acaba de ser aprobada en el Senado con el pulso firme de la mayoría oficialista y el aplauso de quienes creen que el Estado debe ser el “gran pastor digital” de sus ciudadanos. Nos prometen cobertura universal, inclusión digital y protección de las audiencias, mientras en letra pequeña se abren puertas traseras al control, la vigilancia y la mordaza discrecional en un país donde la libertad de expresión ya camina sobre cristales rotos.
CONTROL Dicen que se elimina el polémico artículo que permitía el bloqueo de plataformas, pero la ley otorga a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de suspender transmisiones “previo apercibimiento”, un eufemismo de lujo para la censura preventiva. Dicen que es para proteger a las audiencias, pero sabemos que la protección suele disfrazar el control.
REGISTRO OBLIGATORIO El nuevo registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil, amarrando cada línea al CURP, no es un avance de seguridad, sino un paso firme hacia la geolocalización y el rastreo de cada ciudadano. Nos dicen que no hay de qué preocuparse, que todo requerirá orden judicial. El mismo gobierno que ha filtrado datos personales, que ha espiado periodistas y activistas, ahora quiere que confiemos en que no abusarán de un sistema que convierte cada celular en un grillete digital.
DEFENSORES Los defensores de la ley insisten en que nada de esto es nuevo, que la retención de metadatos y la geolocalización existen desde 2014. Pero no es lo mismo un Estado con contrapesos que un Estado que ha desmantelado órganos autónomos y concentrado poder, bajo la narrativa de una transformación que lo justifica todo. Hoy que se extingue el IFT para dar paso a una agencia bajo el manto de la administración federal, la vigilancia se vuelve menos técnica y más política.
LIBERTAD Prometen internet en las comunidades, pero olvidan que un internet vigilado no es libertad, sino un potrero cercado donde cada paso se rastrea. Nos recuerdan que México necesita cerrar su brecha digital, pero la brecha que más crece no es la de acceso a redes, sino la de libertades fundamentales en un país que se hunde en la polarización y el control disfrazado de modernización.
CRÍTICOS Los críticos no se oponen a la conectividad ni a la inclusión digital. Lo que está en juego es la libertad de expresión en un país donde el gobierno se asume como poseedor de la verdad y el disenso se convierte en traición. Lo que está en juego es el derecho de cada ciudadano a disentir sin miedo de ser rastreado o censurado, en un país donde la prensa crítica enfrenta amenazas y la sociedad civil, espionaje.
VIGILANCIA La narrativa oficial dice que no habrá censura ni espionaje. Pero cuando el poder se concentra, las garantías escritas en papel se convierten en versos que el Estado se canta a sí mismo mientras vigila.
CURP DIGITAL En el fondo, la nueva ley se convierte en una nueva CURP digital de obediencia: si tu línea no está vinculada, si tu actividad no se ajusta al código de conducta que marcan, tu voz puede ser silenciada, tu línea bloqueada, tu señal apagada. Hoy más que nunca, la defensa de la libertad de expresión no es un lujo de la democracia, sino su última línea de defensa frente a la tentación de un Gran Hermano que avanza con la sonrisa de la conectividad y las cadenas de la vigilancia.
PRENSA LIBRE Mientras el gobierno promete inclusión, la pregunta incómoda permanece: ¿inclusión en qué? ¿En un país vigilado, polarizado y listo para castigar a quien disienta? La libertad de expresión no necesita leyes de telecomunicaciones que abran puertas al control; necesita instituciones independientes, prensa libre y ciudadanos sin miedo. Y eso, lamentablemente, no cabe en la nueva ley.
Hasta mañana.
