EL COSTO OCULTO DE LAS DECISIONES POPULARES

Letras Económicas
Por José Claudio Ortiz
Imagina que en tu casa tienes un solo ingreso mensual, y con ese dinero debes pagar la luz, el gas, la comida, la escuela de los niños y, además, apoyar a tus padres ya jubilados. Supongamos que, movido por ese afecto y sentido de responsabilidad, decides destinar más dinero a su cuidado, lo cual es justo y probablemente necesario, pero eso te obliga a recortar gastos en comida, útiles escolares o mantenimiento del hogar. ¿Cuánto tiempo podrías sostener esa decisión sin poner en riesgo la estabilidad de toda la casa?
Algo muy parecido está ocurriendo hoy con las finanzas públicas del país. Desde el año 2020, el gobierno federal gasta más dinero en pensiones que en participaciones para los estados y municipios, una tendencia que no solo se ha mantenido, sino que se ha profundizado en 2025. En los primeros cinco meses del año, se destinaron 626 mil millones de pesos al pago de pensiones, mientras que las participaciones a gobiernos locales sumaron 624 mil millones. Y ojo: el gasto en pensiones ni siquiera incluye los programas sociales como la pensión universal para adultos mayores.
¿Por qué importa esto? Porque ese dinero que deja de llegar a los estados y municipios es el que se usa para pavimentar calles, pagar policías, recoger la basura o mantener operando los servicios de agua, salud y educación locales. Si esa “bolsa” se estanca, como ha venido ocurriendo, y al mismo tiempo crece el gasto en pensiones, es evidente que alguien saldrá perdiendo.
Y no, no se trata de oponerse a las pensiones. Todos queremos que nuestros adultos mayores vivan con dignidad. El problema es cómo se están tomando las decisiones de gasto público, sin una estrategia clara de sostenibilidad, como si el dinero fuera infinito.
Un gasto que crece sin freno. El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida significan que cada jubilado cobrará pensión por más años. A esto se suma que el gobierno federal ha reducido recientemente la edad mínima de retiro para ciertos trabajadores del Estado, lo que implica que habrá que pagar más, durante más tiempo, a más personas.
Esta medida puede sonar bien en campaña, pero en términos fiscales es una bomba de tiempo.
México Evalúa, organización dedicada a evaluar y monitorear el desempeño de las instituciones gubernamentales mexicanas, advirtió que el gasto en pensiones seguirá aumentando hasta por lo menos el año 2050, ejerciendo una presión constante sobre las finanzas del país. Y mientras tanto, los gobiernos locales tendrán que hacer más con menos, reduciendo o posponiendo inversiones clave en infraestructura y servicios.
El dilema es claro: decisiones populares que ofrecen beneficios inmediatos pueden tener costos ocultos que afectan a todos en el largo plazo. Y eso es justamente lo que estamos viendo.
Aplaudir políticas sin preguntarnos de dónde saldrá el dinero es como celebrar que nos aumenten la línea de crédito sin pensar en cómo pagaremos después. En economía, como en la vida, todo tiene un costo.
De no corregirse el rumbo, corremos el riesgo de debilitar el federalismo fiscal. Los municipios y estados dependerán cada vez más del humor o la visión del gobierno federal en turno. Y eso es una receta peligrosa para cualquier democracia.
México necesita una conversación seria sobre su sistema de pensiones, sobre cómo y a quién se apoya, y sobre cómo hacer que la justicia social y la sostenibilidad financiera puedan coexistir. No es sencillo, pero tampoco imposible.
Lo que no podemos hacer es cerrar los ojos y seguir gastando como si no hubiera mañana. Porque sí hay un mañana, y lo van a heredar quienes hoy no tienen ni voz ni voto: las siguientes generaciones.
Como siempre, me despido deseándote un excelente miércoles y esperando verte por aquí la próxima semana.
@jclaudioortiz