El crédito por 1,500 millones que el ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga solicitó casi al término de su sexenio fue usado ilegalmente, según la Auditoría Superior del Estado, porque se destinó a gasto corriente, en lugar de inversión productiva. Esto es razón suficiente para instaurar un procedimiento penal contra el ex mandatario, señalaron el notario público Eduardo Martínez Benavente y el diputado local, Alejandro Vera Noyola.
“Cuando Marcelo solicitó ese crédito voté en contra, porque nunca se nos explicó claramente cómo utilizaría esos mil 500 millones de pesos que gastó Marcelo de los Santos Fraga. Dieron explicaciones muy generales, fue como darle un cheque en blanco para su uso”, recuerda el legislador Alejandro Vera Loyola, diputado por el partido Conciencia Popular y uno de los únicos que en la Quincuagésima Octava Legislatura votaron en contra de la solicitud de ese endeudamiento.
“Le autorizaron ese crédito sin ningún candado, lo cual permitió que lo utilizara en gasto corriente, pero ellos argumentaron era para inversión productiva. Eso está sancionado por la Constitución Política, si la Contraloría General de Gobierno detectó irregularidades y tiene los elementos, debe proceder penalmente contra el ex gobernador”.
Fuentes gubernamentales consultadas confesaron, sin precisar cantidades, que parte del millonario crédito se reportó ejercido en erogaciones injustificadas, como costosos eventos oficiales, sin embargo, en las agendas no quedó testimonio, porque no fueron realizados.
Vera describe casos que ameritarían sanción penal: “Es como si hubiesen querido realizar una licitación pública, la presentan y la ejecutan, pero después no está la obra ni el dinero, eso es delito de peculado”.
OPINA “GUACHO”
Crítico del gobierno de Marcelo de los Santos, desde su inicio, el ex diputado perredista en la Quincuagésima Séptima Legislatura (2003-2006) y analista político, el navista Eduardo Martínez Benavente acusa el uso opaco que le dieron al crédito por mil 500 millones de pesos.
También él coincide en que utilizar ese dinero para el pago de gasto corriente constituye la presunción de cometer uno o varios delitos de carácter penal: desvío de recursos, uso indebido de funciones o peculado.
Eso se desprende del pliego de observaciones que con mucho celo –prosigue- guardó la Auditoría Superior del Estado, a cargo de Héctor Vicente Mayorga Delgado, a quien califica de “tapadera” de las cuentas del ex mandatario panista, tanto por su estrecha cercanía con él, como con el ex titular de la Secretaría de Finanzas, Joel Azuara.
Benavente hasta infiere que parte de los mil 500 millones de pesos fueron utilizados para financiamiento del Centro de Convenciones de SLP.
“Es probable que dinero del erario presupuestado con otra finalidad, fuera utilizado para pagarle a ICA y después lo cubrieron con recursos del crédito que tramitó al final de su administración”, matiza el navista, poco antes de recordar el talento que el ex gobernador tiene para el manejo y blanqueamiento de cuentas.
ASOMOS DE VERDAD
Eduardo Martínez Benavente revela que fuentes allegadas a la administración gubernamental confesaron el interés que tiene el gobernador Fernando Toranzo por aclarar el uso del crédito por mil 500 millones de pesos que solicitó el panista Marcelo de los Santos Fraga.
En el transcurso de las siguientes semanas la instrucción sería revelar los resultados de auditorías especializadas que realizó SIFRA, el despacho externo contratado a inicios de la administración gubernamental, a finales de 2009.
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