El paradigma policial actual en nuestro país se deriva del concepto de Seguridad Pública, el cual privilegia la persecución y sanción de los infractores y delincuentes por encima del bienestar social, de la percepción ciudadana y de los derechos humanos. En años recientes, se ha puesto cada vez más sobre la mesa la necesidad de transitar hacia un nuevo paradigma, el de la Seguridad Ciudadana, el cual establece que se puede brindar tranquilidad y protección a la población respetando sus derechos y contribuyendo a construir ciudadanía.
En este contexto, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), prestigiosa Institución que realiza trabajo de investigación en materia de Seguridad Pública en México, sostiene que la proximidad policial y social contribuye a la transformación de las organizaciones policiales; y este concepto, inscrito en el paradigma de la seguridad ciudadana, ayuda a promover procesos de reconciliación y acercamiento policía/comunidad, al impulsar el diálogo, el reconocimiento ciudadano y nuevas formas de interacción.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) preparó y realizó un documento técnico llamado “Seguridad Ciudadana y Criminalidad Transnacional Organizada”, en el cual plantea muy bien qué debe entenderse por seguridad ciudadana y cómo de ella dependen la garantía de otros derechos. En él se plantea que la Seguridad Ciudadana debe comprenderse como:
“Bien público que se refiere a un orden ciudadano democrático que elimina las amenazas de la violencia en la población y permite la convivencia segura y pacífica. La seguridad ciudadana tiene un papel central en la vigencia y tutela de ciertos derechos, por lo que se puede afirmar que no puede haber seguridad ciudadana sin que el efectivo disfrute de aquellos derechos humanos inherentes al concepto de seguridad humana”.
Es así que la Policía, que en México, en el actual esquema conceptual de Seguridad Pública es un mero ente preventivo-represivo-investigador, aquejado de graves señalamientos y con una mala imagen sistemática y persistente, en el modelo de Seguridad Ciudadana se transformaría en una Institución garante del libre y generalizado disfrute de los Derechos Humanos de la población.
Los derechos propios de la Seguridad Humana son el espectro amplio de lo que se conoce como derechos humanos, de diversa generación, como el “derecho a la vida, a la integridad personal y otros derechos inherentes al ámbito más personal (inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, disfrute del patrimonio…)”.
El PNUD asegura que una estrategia así “debe incluir la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores, en respeto de la ley y la tolerancia”.
El cambio de un modelo de Seguridad Pública a otro de Seguridad Ciudadana implica cambiar una serie de concepciones y actitudes que son vistas como inamovibles y difícilmente cuestionables, pues transita de un estado de cosas a otro totalmente diferente:
Este nuevo enfoque tiene una serie de implicaciones sustanciales al tener su centro en la noción de amenaza y, de manera implícita, en las de vulnerabilidad y desprotección, la definición se aparta de las concepciones que definen la seguridad ciudadana puramente en función de la criminalidad y el delito, lo cual es la causa de las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que son atribuidas permanentemente a las Corporaciones Policiales y en general, a todos los Cuerpos de Seguridad del país, inmersos desde hace 7 años en la violenta y descarnada lucha qiue se sostiene contra las Organizaciones Criminales armadas y violentas que operan en el país.
Juan Felipe Sánchez Rocha.
Twitter: @JFSR_SLP
