se había negado a apoyar al PRI en el proceso electoral de ese año. En 2012, ya en el sexenio de Rafael Moreno Valle, la dependencia reconocería a una solicitud de información, que no encontraron en sus archivos huella de los documentos que comprueben que en 2009 ingresaron a las bodegas de la dependencia los 3.5 millones de condones y el 1.6 millones de inyecciones anticonceptivas que supuestamente se compraron con el presupuesto asignado. A pesar de ello, los diputados de la legislatura pasada –todavía controlada por la mayoría priista— aprobaron de último minuto la cuenta pública 2009 de la Secretaría de Salud, eso sí, con el cuestionamiento del entonces diputado del Partido del Trabajo, José Benigno Pérez Vega, y la abstención de la bancada panista. Por lo pronto la Auditoría Superior del Estado ha retrasado la entrega de la documentación comprobatoria mediante la cual se avaló la cuenta pública de Alfredo Arango, con el argumento de que la solicitud no aclara a qué periodo se refiere la solicitud presentada la semana pasada. ONG descubre el gasto exorbitante El 15 de abril de 2010, Jasmine Gómez López, integrante del equipo de fiscalización que conformaron la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (Ddeser) y la asociación Equidad de Género, ingresaba una solicitud de información a la Secretaría de Salud de Puebla (folio PUE-2010-000456). La mujer pidió al gobierno marinista le informara el monto del presupuesto asignado para 2008 y 2009 para la compra de métodos anticonceptivos y las unidades compradas con dichos recursos. La solicitud formaba parte de un paquete de peticiones de información que el equipo de Ddeser y Equidad de Género presentaron en 10 estados como parte de un proyecto de fiscalización para revisar el abasto y el acceso a usuarios de métodos anticonceptivos. La respuesta dejaría atónitas a las mujeres del equipo. Era un presupuesto insólito e inédito, en ningún estado del país se encontraron con una cifra parecida, según explicó a este portal Sofía Román Montes, una de las coordinadoras del proyecto de fiscalización. “De los estados que hemos detectado que reciben muchos recursos está Guerrero, y recibe en promedio alrededor de 20 millones de pesos para la compra de métodos anticonceptivos, y de los demás varía, pero la situación que encontramos en Puebla sí fue llamativa al encontrar ese incremento exorbitante, que además reportan gastos fuera de lógica, gastaron casi 60 millones en anticonceptivos inyectables”. De acuerdo con la respuesta que ofreció la coordinadora de planificación familiar de la Secretaría de Salud, María de Jesús Vergara Eumaña, al equipo de fiscalización de las ONG, el presupuesto de 2008 fue de 9.6 millones, un año después el gasto sería de 77.3 millones de pesos y en 2010 la cifra bajaría a 8.1 millones. De acuerdo con la información desglosada por método anticonceptivo comprado, fue en inyecciones hormonales en donde se registró el crecimiento más alto, al aumentar de 3 millones a 59.3 millones de pesos el gasto entre 2008 y 2009, lo que representa un incremento de 1857 por ciento, para 2010 el gasto sería de sólo 4.4 millones de pesos. Román Montes explicó en entrevista que los datos recabados fueron presentados a inicios de 2011 a un subsecretario de la Secretaría de Salud de Puebla, que les prometió darle seguimiento al tema pues acababa de incorporarse a la administración estatal tras el cambio de sexenio. “Nunca recibimos una explicación oficial sobre esos montos y como tal lo publicamos a finales de 2011, quedamos de darle seguimiento, hicimos una presentación en medios, pero ha habido mucho cambio de funcionarios y prácticamente ya no está ninguno de los que trabajaron con nosotras”. “El funcionario que nos recibió, que tenía nivel de subsecretario también se sorprendió un poco al conocer las cifras y el incremento en el presupuesto. Mencionó que tal vez era alguna aportación del recurso del Seguro Popular, pero nos pareció una declaración a bote pronto”. “A pesar de que presentamos el reporte, él nos notificó que no había como mucha aceptación por parte del ejecutivo ni de su jefe inmediato, el secretario de Salud (Jorge Aguilar Chedraui), y también nos ofreció trabajar en adelante de manera conjunta para lograr que los métodos les llegasen a todos los usuarios, que le enseñáramos estrategias de trabajo y etcétera, sentimos que había apertura, pero fue la única reunión que tuvimos, después ya no hubo encuentro con ellos. Después supimos que el secretario de salud previo (Alfredo Arango) estuvo involucrado en malos manejos”. Los documentos desaparecen En marzo de 2012, ya en pleno sexenio morenovallista, la Secretaría de Salud encabezada, por Aguilar Chedraui, respondería a un par de solicitudes de información que presentó este reportero reconociendo que no existían facturas ni documentos que comprobaran el gasto del 2009 y de 2005 –año de inicio del sexenio de Mario Marín–. Pero además ofreció montos totales diversos a los que había reconocido el gobierno marinista. Así, de acuerdo con el gobierno de Moreno Valle entre 2005 y 2007 se habrían gastado un promedio anual de 11.5 millones de pesos. Para 2008 el gasto se triplicó al llegar a 36 millones, para 2009 la cifra prácticamente se duplicó hasta alcanzar los 63 millones para caer a 8.1 millones en el 2010. Las cifras entre los datos otorgados en una y otra administración sólo coinciden en el gasto de 2010. Pero a la hora de sustentar el gasto en facturas, las cifras vuelven a cambiar radicalmente (solicitud folio 78512). En 2006 –en 2005 se declaró inexistente la información— sólo se registraron facturas por 19 mil 225 pesos. En 2007 los documentos prueban un gasto de 90 mil 994 pesos; para 2008 la cifra facturada llegó a 2.8 millones de pesos. En 2010 se justificaron 5.8 millones de pesos.]]>
