La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ejercitó acción penal contra siete de los 22 detenidos tras los enfrentamientos en la marcha del 10 de junio por el Halconazo; 14 fueron liberados ayer y un menor de edad fue entregado a sus padres un día antes.
El Ministerio Público de la Agencia Central de Investigación acusa a los siete jóvenes de ultrajes a la autoridad, ataques a la paz pública y daño a la propiedad, que son considerados no graves en el Código Penal capitalino.
Sin embargo, ante la imposibilidad de pagar las fianzas fijadas en cerca de 70 mil pesos y reparaciones del daño en 11 mil pesos, Diego Mora Cardozo, Fredy Rosete Arispe, Diego Jacob Rodríguez Lara, Carlos Esteban Jiménez Martínez, Jorge Alejandro Velázquez Picasso, Carlos Vázquez Martínez y Luis Barrera Martínez fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
“Son montos excesivos, esto es una forma de criminalizar a los jóvenes, quienes en su mayoría son personas pobres que no tendrán dinero para pagar las fianzas y tendrán que estar en prisión”, criticó Melanie Martínez, del Colectivo Cerezo.
El procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, informó que será un juez penal en turno quien defina la situación jurídica de los siete en las próximas horas.
“Toda vez que los delitos que se les imputan son contemplados por la ley como no graves alcanzan el beneficio de la caución, por lo que el Ministerio Público fijó los montos correspondientes. Al no pronunciarse al respecto, y para no vulnerar sus derechos, fueron traslados al Reclusorio Preventivo Oriente para que el juez determine su situación jurídica”, abundó.
La principal prueba que tuvo la autoridad ministerial contra los denominados anarquistas fue imágenes en video que proporcionaron particulares y dependencias.
Así, el expediente consta de 29 declaraciones de uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, cinco ciudadanos, 80 peritajes médicos, 4 valuadores, otros más en criminalística y fotografía, 21 análisis químicos.
Además de 42 periciales en identificación, ocho discos con filmaciones, dos peritos en informática, el testimonio de policías de inteligencia de la PGJDF y 10 servidores en derechos humanos.
Con estos medios de prueba, la Procuraduría capitalina no pudo fincar responsabilidad penal a los otros 14 de los detenidos que obtuvieron su libertad con las reservas de ley poco después de las 22:00 horas de ayer.
Los primeros en salir fueron Juan Esteban Barrera, Gabriela Hernández Arreola, Nancy Cornejo Cázares, Eréndira Alier Ferreira, Jesús Tegueros Briseño y Alejandro Osorio. Un día antes fue entregado a sus padres un menor de edad detenido en calles del Centro Histórico.
Ríos aclaró que las personas que están en el reclusorio son a las que se comprobó en imágenes su participación en las agresiones. “Soy enfático en señalar que solamente quienes tuvieran acreditados los hechos, como lo fue el video, son los que se consignaron, los otros se les decretó la libertad”, dijo.
Sobre la denuncia por robo que interpuso un empleado de la Secretaría de Gobierno golpeado por los anarquistas, no fue posible imputarla a los detenidos porque la víctima no identificó a los responsables.
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