Los reportes de Auditoría Superior del Estado sobre las cuentas municipales 2012 son, en su mayoría, una colección de millonarios gastos sin comprobación, facturas falsas, obras inexistentes,  nepotismo, compras poco claras, compensaciones indebidas y beneficiarios “inventados” de programas sociales.

Cambian los nombres y los partidos de procedencia, pero no las mañas ni la incompetencia burocrática.

Hay reportes “de envidia”, como el de la cuenta de Soledad, con un 1% de observaciones financieras, pero otras forman parte de un top ten del chiquero administrativo.  Lo que sigue, sin embargo, no es la sanción, no, esa tendrá que esperar años, si es que algún día se da: por Ley, quienes manejan recursos públicos en este estado tienen años para “adecentar” los números que no supieron presentar desde un principio. Más cuando los ex alcaldes observados son diputados locales.

Por importe de observaciones financieras, en tono con el tamaño neto de su presupuesto, destaca la cuenta del Ayuntamiento de San Luis Potosí: 234 millones 602 mil pesos que representan el 11% del total de ingreso anual.

En términos gruesos, la ASE le señala 129 millones ejercidos demás y que recursos federales (ramos 33 y 22) “fueron utilizados a fines distintos a los señalados en los convenios de colaboración, así como traspasos a gasto corriente o hacia cuentas bancarias que administran otros fondos, mismos que no fueron recuperados por $49`748,447”.

Hay otra observación de “documentos presumiblemente apócrifos o alterados” por 42 millones 33 mil pesos porque, compulsa de por medio, se encontró que “los negocios no existen, los domicilios señalados en los comprobantes fiscales que presentaron como justificación del gasto corresponden a casas deshabitadas, locales desocupados o negociaciones distintas a las señaladas en el comprobante, además que no existe evidencia de la recepción de los bienes y servicios prestados”.

Los auditores hicieron también compulsa de beneficiarios de apoyos y ahí brincaron casos de gente que nunca recibió algo de los registrado en las cuentas, por la nada despreciable cantidad de 880 mil 455 pesos. En suma, que se “inventaron” a los beneficiarios.

LOS SUPERMACHOS

Un solo municipio, Santo Domingo, no pueda comprobar gastos del 95 por ciento de sus ingresos anuales. Es un ejemplo de palmaria incompetencia, cuando no de algo mucho peor que nuestra laxa ley de fiscalización a ayuntamientos, poderes y organismos autónomos les permite “solventar” en plazos verdaderamente ridículos.

A ver si en la iniciativa privada hay quién le conceda tres o cuatro años a un gerente, directivo o empleado para comprobar viáticos, compras, entradas y contratos. Pero a nuestros alcaldes, diputados, gobernadores, consejos de judicatura, comisionados y demás yerbas que viven del dinero público, se les dan oportunidades de años para salvar un gasto sin comprobante.

Pues al Ayuntamiento de Santo Domingo la Auditoría Superior le observa que no entregó documentación comprobatoria de 23 millones 578 mil 589 pesos, que representa el 95% de su ingreso anual según cuenta pública. La ASE señala en su reporte entregado al Congreso que no presentó estados financieros, contabilidad, programas ni presupuestos.

Menciona que el anterior alcalde, Reynaldo Tenorio Quintero (PT-PRD), le ayudó a su hermano y ex alcalde Aurelio Tenorio Quintero a pagar la luz con recursos públicos, una cuenta de 2 mil 555 pesos. La mayor parte de la responsabilidad de la cuenta 2012 le corresponde a Reynaldo Tenorio, cuyo periodo concluyó en septiembre. El reporte de auditores, a primera vista, hace pensar en un señor que manejó dinero público personaje de “Los Supermachos”.

PANISTAS Y CONSENTIDOS

La cuenta de Matehuala es otra joyita. Ahí los primeros nueve meses del año pasado son responsabilidad del ex alcalde, Francisco Javier Hernández Loera, “El Chopper”.  La cuenta fue entregada con un faltante de comprobación por 2 millones 32 mil pesos, aunque las observaciones financieras son de 55 millones de pesos, el 32% de su ingreso anual. Hay un señalamiento por “desvío de recursos” de un traspaso de recursos y productos por más de 38 millones.

Hay además observaciones porque no presentaron estado de gastos, origen de los recursos, aplicaciones del dinero y estado de deuda e integración de deuda pública. Un desbarajuste administrativo; hay balances de misceláneas y vulcanizadoras mejor llevados.

Si hubo un municipio consentido por  los gobierno federales panistas fue Aquismón, bastión blanquiazul en el estado. Los auditores le han marcado señalamientos al 35% de sus ingresos por un importe de 71.6 millones de pesos. No comprobó gastos por 6.6 millones de pesos y ejerció más de 41 millones de pesos adicionales a su presupuesto de egresos, dinero federal que no sometió al proyecto de gastos.

Hay asentado un presunto parentesco entre el alcalde Héctor Balderas y un proveedor, Alberto Balderas García, quien hizo ventas a la municipalidad por 765 mil 940 pesos. Además, 541 mil 380 pesos soportados con facturas presumiblemente falsas o alteradas.

DE AQUELLOS LODOS, ESTOS POLVOS

Por monto del importe de observaciones financieras, Ciudad Valles está en el top ten de las cuentas más desaseadas, aunque en porcentaje con respecto de su presupuesto esos señalamientos hacen un dígito, 9%, que suena “decente” frente a los porcentajes de 20 o 30 y tantos por ciento.

Además, es una de las cuentas de drama porque su ex alcaldesa, Socorro Herrera,  es ahora diputada local que votará los dictámenes. Y porque es materia de habladurías en todos los tonos que una compañera suya de curules, la priista Delia Guerrero, no vería mal ganar algo de imagen en Valles aporreando políticamente a Coco Herrera.

Las administraciones de Valles en 2012 no entregaron comprobantes de 6 millones 698 mil 959 pesos que se gastaron.

Por los mismos caminos del beneficio político puede tirar la cuenta de Tamuín. Las observaciones por manejo indebido de dinero hacen el 55% del total de ingresos, un porcentaje de pena que en importe hace la escalofriante suma de 55 millones 403 mil 478 pesos.

Lo más denso de las observaciones apunta a un traspaso de un crédito de Banobras, más de 20 millones de pesos, a una cuenta del ramo 28 con fines distintos a los autorizados en el decreto del crédito y traspasos por 8 millones 20º mil pesos entre fondos de Infraestructura y Fortalecimiento no recuperados al cierre de la administración, pues andaban haciendo un hoyo para tapar otro. Por el ejercicio 2011, en 2012 el Cabildo de Tamuín se dio compensaciones indebidas por un millón 730 mil 868 pesos y el Ayuntamiento paó casi un millón de pesos “de honorarios no justificados” a dos señores identificados como Ezequiel Jonguitud Martínez y Albero Rivas Rubio.

Y como aquello era Jauja, el nepotismo no fue óbice para pagar una beca de 32 mil pesos al hermano de un regidor panista, Ignacio Piña Estrada, a quien los revisores identifican como Samir Hassan Piña Estrada.

A ver cómo la libra el ex alcalde tamuinense Rafael Rodríguez Pérez (Panal), pues fue el contrincante de la actual jefa de la Jucopo en el Congreso del Estado, Rosa María Huerta Valdez  por la diputación del distrito XIII. La plaza le interesa a RosaMá y la cuenta tiene miga por sí sola para hacer un buen bollo.

Diputado con fuero triunfante, arraigable en más de una ocasión, problemático y por tanto blanco deseable de una buena “desconocida”, el panista Manuel Aguilar Acuña deberá responder por lo que le toca de la cuenta de Tancahuitz, con observaciones por 10 millones 915 mil pesos, 21% del total de ingresos del año. El Ayuntamiento no comprobó gastos por 2 millones 138 mil pesos; desvió recursos por 490 mil pesos; presentó sus estados financieros 18 días después de la fecha límite de ley; pagó compensaciones no autorizadas y hasta duplicadas a integrantes del Cabildo y reportó apoyos sociales que fueron “no recibidos por los beneficiarios, verificado en auditoría de campo”.

Pero los diputados priistas también tienen sus problemitas. El reporte general de la cuenta de Tampacán marca observaciones por 54% del total del ingreso, 22 millones 482 mil 919 pesos. De ese importe total, hay 7 millones 345 mil 155 pesos no comprobados y señalamientos porque de más de 6 millones de pesos gastados no fue posible localizar a los proveedores en una compulsa y no hallaron evidencia “de los trabajos realizados o de los materiales facturados”.

El reporte pone en aprietos al ex alcalde y hoy diputado local tricolor Cristian Sánchez Sánchez.  Y de mucho le servirá sin duda el voto de su padre, el diputado Crisógono Sánchez L.

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