Animal Político. La Sedena ha ofrecido a los padres pagar una indemnización, como a otras víctimas de incidentes derivados de acciones militares. Bernardo recuerda que la dependencia empezó por proponerles una cifra que rondaba los 174 mil pesos, después la subió a 280 mil pesos, y la última oferta fue de casi 420 mil pesos, mas no una pensión vitalicia. Bernardo y Paula han rechazado las tres ocasiones el pago, porque exigen que la dependencia asuma que una omisión de sus elementos, al abandonar el artefacto en un terreno utilizado por los pobladores, provocó la incapacidad de Oswaldo. “Estamos concientes que ahorita como niño tenemos que apoyarlo, pero el día de mañana que nosotros faltemos cómo va a quedar, ¿a la bendición de dios? Nos alegaron que 400 mil pesos eran más que los 280 mil pesos que dan a la familia de una persona fallecida. “Nosotros les insistimos que necesita apoyo, pero me respondieron que lo veo como algo económico hacia mi persona, que lo trato como un negocio y no es así”, expresa Bernardo. La explosión El día del incidente, Oswaldo, entonces de 10 años de edad, encontró la granada abandonada en el predio de Cacahuatepec, a unos 30 minutos de distancia a pie de su vivienda en la comunidad de El Ídolo, mientras pastoreaba a sus animales. Por curiosidad tomó el tubo, de unos 15 centímetros de largo, y, lo azotó contra una roca después de intentar abrirlo. El artefacto explotó, causando al niño fracturas expuestas en las piernas; calcinación en la mano derecha y laceraciones en el abdomen por esquirlas, además de un estado de choque. Esa misma noche, después de ser estabilizado en el Hospital del Niño Poblano, en la ciudad de Puebla, los médicos amputaron su pierna y mano derechas, y un dedo de la izquierda. Elementos de la 25 Zona Militar utilizaban ese terreno abierto como campo de prácticas de tiro desde 2010, tras pactar un contrato de comodato con su propietario. Efectivos de un Regimiento de Caballería Motorizada acampaban en la zona el día del percance, como lo corroboró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en las indagatorias para integrar la recomendación 17/2012 que emitió contra la Sedena por el hecho. Incluso los militares recogieron a Oswaldo en el lugar y lo trasladaron en un vehículo de infantería al Hospital General de Acatlán de Osorio, de donde fue llevado a la capital poblana. Entonces, Oswaldo estaba de vacaciones de verano tras finalizar el quinto grado de primaria en la escuela de su comunidad. Actualmente, toma clases del curso de sexto grado los martes y jueves con dos maestras en su habitación en el hospital militar. Los gastos de la Sedena Aunque la CNDH señaló en la recomendación, emitida en mayo de 2012, que existen evidencias para establecer que la granada fue abandonada por militares, hasta ahora la Sedena no ha admitido expresamente una responsabilidad en el percance, indica el padre del menor. No obstante, la dependencia gastó 2 millones 459 mil 956 pesos en la atención médica que brinda a Oswaldo entre el 19 de agosto de 2011, cuando fue reubicado del nosocomio poblano al Hospital Central Militar, y enero de este año, según datos que entregó a un peticionario de información vía transparencia. El informe señala que las prótesis transradial, transtibial y mioeléctrica para el menor tuvieron un costo de 275 mil 810 pesos, y expone que ha tenido una respuesta favorable a los tratamientos e incluso puede ser egresado del hospital, recibiendo en calidad de paciente externo los servicios de ortopedia, medicina física, rehabilitación y paidopsiquiatría. Los padres, sin embargo, han solicitado que permanezca hospitalizado para que termine de sanar su pierna izquierda. “Pedimos al General que nos apoyara en que no nos lo queremos llevar porque en El Ídolo es pura tierra y no queremos que en un mal paso se vaya a quebrar y volvamos a lo mismo”, agrega Bernardo. Cortan apoyos económicos A la negativa de la Sedena por conceder una pensión, los padres de Oswaldo enfrentan también la cancelación de apoyos económicos por parte de los gobiernos federal y poblano. El padre, quien hasta el percance trabajaba como jornalero en Nueva York, Estados Unidos, manifiesta que recibían una beca mensual de mil 400 pesos para Oswaldo y de 800 pesos para su hermano Fernando, quien cursa la secundaria, por orden de la ex primera dama Margarita Zavala. Sin embargo, la familia recibió los apoyos hasta noviembre, el último mes de la administración del Presidente Felipe Calderón, a pesar de que les habían prometido que se los proporcionarían durante toda su vida escolar. Bernardo afirma que tampoco percibe desde diciembre los 6 mil 106 pesos mensuales que le entregaba el gobierno de Puebla desde el accidente, bajo el concepto de trabajo temporal. Aunque, aclara, el gobernador Rafael Moreno Valle les entregó en mayo de 2012 una casa con escrituras a nombre de Oswaldo. Los últimos tres meses han sobrevivido por apoyo de familiares y los recursos que ahorraron mientras trabajaba como migrante, porque actualmente está dedicado a cuidar al menor. Por eso, sostiene su exigencia de que la Sedena otorgue al niño una pensión de por vida que asegure sus gastos. “Nos dicen que no hay ley que los obligue a sacar una pensión para un civil, que no estaba trabajando. Pues no, es un niño. “No es justo que, por ser humildes nos digan ‘no hay ley’ y casi diciendo ‘hazle como quieras’. No es justo, nosotros tampoco pedimos una cantidad fuerte que no puedan solventar, sólo lo que es justo para que haga su vida”, manifiesta el padre.
