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Crece el caso Gordillo: PGR usa dos testigos clave

Gordillo cambia su estrategia legal La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, buscará un amparo indirecto para revertir el auto de formal prisión por el que se le inició juicio por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El 22 de marzo, la defensa de la también ex política determinó desistirse del recurso de apelación que había interpuesto contra la formal prisión que le dictó el Juez Alejandro Caballero Vértiz el cuatro de marzo, con el cual inició el proceso penal que enfrenta por el presunto desvío de mil 978 millones de pesos de cuotas sindicales. Según fuentes cercanas al caso, en lugar de la apelación, los abogados de la ex lideresa preparan una demanda de amparo indirecto para presentarla ante un juzgado federal en los próximos días con la intención de tirar el auto de formal prisión. Gordillo Morales fue aprehendida por policías federales ministeriales el 26 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, después de que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo un mandamiento judicial en su contra tras indagar presuntos desvíos de las cuentas del gremio magisterial entre 2009 y 2012. El proceso abierto por el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales del DF también abarca Isaías Gallardo Chávez, Juan Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, igualmente presos, como supuestos cómplices de la ex lideresa en la triangulación de los recursos. La nueva estrategia legal se registra a menos de dos semanas de que Gordillo Morales, interna en el penal femenil de Tepepan, determinó relevar a su equipo de defensa, nombrando al abogado Marco Antonio Del Toro Carazo como su representante. Desde su detención y hasta el 14 de marzo, su defensa había recaído en el ex subprocurador de la PGR, Arturo Germán Rangel, José González Sánchez y Felipe Borrego, quienes promovieron la apelación del auto de formal prisión, la cual estaba en manos del Primer Tribunal Unitario Penal en el Distrito Federal.

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