La remoción de cuatro funcionarios de primer nivel del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) obligó a esa dependencia a pagar indemnizaciones por 5.9 millones de pesos. Los movimientos, aprobados ayer por el Pleno, despertaron la suspicacia de un representante partidista.
En su sesión de ayer, el Pleno rechazó ratificar la permanencia de los funcionarios, y por tanto, removerlos, e inició los trámites ante la Secretaría de Finanzas para obtener una ampliación presupuestal por 5.9 millones de pesos para cubrir las indemnizaciones correspondientes.
Los funcionarios removidos son Daniel Galván Ríos de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Lizbeth Lara Tovar de la Dirección de Asuntos Jurídicos; Miguel Santillán Campos de la Dirección de Organización Electoral; y Silvia del Carmen Martínez Méndez de la Secretaría Ejecutiva.
Ante la noticia, representantes partidistas se dijeron sorprendidos, solicitaron transparencia en los motivos de las bajas y dilucidaron la probable judicialización de la resolución.
Hayro Omar Romero Leyva, representante propietario de Conciencia Popular, se dijo sorprendido por el “barrido” y “plumazo” que decidió el consejo, pues los funcionarios cesados se desempeñaban de manera eficaz y profesional
Romero Leyva cuestionó que el Ceepac no explicó el movimiento y deslizó que pudiera haber amiguismo en la decisión. Ofreció a los ahora exfuncionarios asesoría.
En respuesta, el consejero Juan Manuel Ramírez García negó que los cambios estén relacionados con la designación de amistades, y afirmó que los integrantes del Ceepac tomaron en cuenta la preparación y formación de los nuevos perfiles. “Estos cambios no dejan de ser dolorosos”, señaló.
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