Hace poco más de un mes estalló otro escándalo de un funcionario público acusado de violación, fue en la Ciudad de México.
Jesús ‘N’ es el indiciado, ex director ejecutivo de Administración y Finanzas de la Secretaría de Protección Civil, cercano a la titular de la dependencia, Miriam Urzúa del gobierno morenista de Claudia Sheinbaum.
El servidor público fue detenido y vinculado a proceso por violación, pero estaría involucrado en decenas de casos de acoso sexual y abuso de autoridad desde 2019.
Lidia, una de sus víctimas, alzó la voz y lo denunció; en respuesta fue despedida de su trabajo y vetada de cualquier puesto en el gobierno de la CDMX
Tras los peritajes, la fiscalía de la capital de la república concluyó que el funcionario público muestra un desprecio por las mujeres y por su víctima a quien presuntamente atacó en otras ocasiones, inclusive durante las audiencias, Jesús fue reprendido por el juez de control debido que no dejaba de observar a la afectada, aún así su defensa solicitó el perdón. Afortunadamente no sucedió, Jesús N, es investigado por más agresiones y se encuentra tras las rejas.
En San Luis Potosí, arrancó el juicio oral contra Alejandro N, el ex funcionario público del DIF estatal en la era Carrerista que es acusado por violación agravada de un menor, “Brayan” cuya tutela estaba justamente en poder del estado.
Como estrategia o táctica dilatoria, su defensa pidió al tribunal colegiado que quitara la representación del ofendido a la Procuraduría de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes esgrimiendo sin pudor, que la víctima ya era mayor de edad; tácitamente querían que Brayan acudiera presencialmente al juicio, someterlo a la presión de tener en frente a su abusador y permitirle al potencial psicópata proyectar las formas con las que seguramente en su tiempo dominó y sometió la víctima que como niño nunca pudo defenderse del hostil ataque, una enferma relación que duró años según los archivos a los que hemos tenido acceso.
En el segundo día de la audiencia que definirá si se le hace justicia o no a Brayan, la prensa tuvo que salir del recinto judicial por indicación del juez, ya que la víctima estaría presente en el desahogo de otras pruebas. La justicia potosina rehuyó construir un cerco para no volver a poner a la víctima en una condición vulnerable sin medir sus afectaciones, incidencia traumática y violencia psicológica.
También recomendaron a los medios de comunicación secrecía y prudencia en el manejo de testimonios, nombres y para no contaminar el proceso al ventilarlos.
Tomar y amplificar el caso de forma elemental en los medios que sí tenemos valor civil y compromiso social al seguirlo y publicarlo, no implica que no entendamos la importancia de no inferir en el caso y respetar su curso de forma adecuada y protegiendo la identidad de los involucrados.
Queremos justicia para la víctima, queremos que el estado pueda resarcir el daño y que se genere un precedente donde no se ceda una vez más a la presión social para generar inmundicia e impunidad.
¿Qué puede pasar por la cabeza del presunto criminal y su defensa legal y social para querer volver a someter a un jovencito con la vida ya destrozada a un nuevo auscultamiento público de esta magnitud?
¿Porqué el ataque a los pocos medios de comunicación que hemos tomado el tema como prioridad por ser de alto impacto social y usarnos como pretexto para pedir que el juicio se lleve de manera privada?
¿Qué clase de pruebas horrendas saben que se pondrán en la mesa como para querer ocultar su peso e indignidad?
¿Qué grado de complicidad moral recae en todo aquel que afirma a los cuatro vientos que la inocencia de Alejandro N es contundente, sin un solo argumento sólido y en los que prefieren omitir o dejar pasar para no “agredir” al depauperado “status quo”?
¿Estará el poder judicial estatal consciente de que el curso de su reputación como institución y la de sus hoy principales ocupantes de espacios están ante el irremediable peso de la guillotina del tiempo y de la verdad que no se negocia, ni se oculta en un proceso plagado de posibilidades de fallo?
¿Será la aclaración de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal, Olga Regina García de que no hay conflicto de interés entre Francisco Pablo Alvarado Silva y uno de los abogados de Alejandro N una cortina de humo para corregir lo que ya no pudieron a su tiempo y forzar en público a que no tenga esta extraña relación efecto nocivo al proceso?
¿En serio prefieren varios sectores absolver a un potencial sociópata con tal de no manchar su cadena vergonzosa de favores?
Cambio y fuera.
Postdata:
¿Y la colchoneta?
