El Radar, El editorial de ANTENA SAN LUIS.
Los médicos psiquiatras Manuel Riobó y Leopoldo OrtegaMonasterio y la psicóloga Belén Brigos en España, concluyeron en varias investigaciones a mediados de los ochentas lo siguiente.
Que los violadores no padecen habitualmente ninguna enfermedad mental y, por consiguiente, no están exentos de responsabilidad penal. “Por lo general”, explicó al periódico El País el profesor Ortega-Monasterio, “el violador no es un enajenado según lo contempla el artículo 8 del Código Penal. Es decir, en la mayoría de casos, su personalidad tiene la suficiente capacidad para conocer los hechos que realiza y sus repercusiones, y posee suficiente capacidad para controlar su voluntad, de manera que no está afectada su imputabilidad”. Por imputabilidad se entienden los requisitos de madurez psicobiológica que hacen que un individuo puede ser responsable de sus actos.
En el manoseado caso Alejandro N en San Luis Potosí, el proceder del tribunal colegiado al cargo del juicio oral y la intervención inusitada de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas C.E.E.A.V. al ordenar un cambio en el representante de la víctima deja todo que desear y un tufo irrefutable a podredumbre.
Versiones extraoficiales a las que Antena San Luis tuvo acceso indican que una de las condiciones del amparo promovido por Alejandro N, no permite a sus procesadores hacerle una batería de pruebas proyectivas como técnica para indagar en su verdadero perfil psicológico. De ser cierto es tan tenebroso como doloroso para la sociedad y especialmente para la aún muy vulnerable víctima. En cambio han permitido se convierta en un “predicador” de ligerezas religiosas embaucando hasta a algunos de sus custodios.
Se ha dado cuenta formalmente ayer de una nueva postergación para el caso por el resultado positivo en una prueba de análisis clínicos. El contagio de uno de los miembros del tribunal de Covid 19, seguro fue celebrado como un triunfo ignominioso de los jueces que ante el galimatías al que se sometieron aceptando las presiones tripartitas siguen sin encontrar la salida; porque han sido 3 los frentes de coacción, primero de los que no tienen escrúpulos en el actual gobierno y Fiscalía y solo consideran el caso como un expediente que detonar y disolver, después de los que pretenden que se exonere al indiciado aunque no hay pruebas suficientes para escapar de lo inexorable y al final de las amenazas que seguramente ya recibieron de los miembros de la apestosa oligarquía mediática que prefiere quemar las naves que aceptar la execrable realidad.
Según testigos presenciales la revictimización del abusado ha sido tal que inclusive durante su comparecencia en el proceso se quebró narrando con minucioso detalle la denuncia que promovió el caso ante la audiencia y no generó ninguna reacción de empatía o protección de los juzgadores. La víctima es él y no solo por lo que hoy se discute, también nuestro sistema de justicia y las marrullerías de su defensa consiguieron que se borrara de la denuncia las anteriores violaciones que en principio relató de hasta 3 meses previos al del momento consignado.
Con conciencia o sin ella, la versión de que el aún adolescente es un ente desechable de una sociedad insensible y víctima de sus propias tragedias se refleja en el triste actuar de todos.
Las audiencias pasaron ya a su tercer mes, comenzaron en julio, pasaron agosto dando tumbos y llegarán al mes en el que la patria les exigirá rendir cuentas sobre el cadaver de una justicia potosina que cada día da más pena.
Si el caso termina como quieren los perpetuadores de la impunidad, habría que examinar una demanda pública para pedir que juzguen a los juzgadores, que inhabiliten para siempre al indiciado de cualquier forma pública y que despúes de una prueba psiquiátrica formal se considere legislar la emasculación para quien se pueda probar abiertamente es culpable de delitos como este. Y para los medios silentes cómplices y preservadores de la injusticia el bloqueo absoluto, comercial y principalmente la exhibición pública de su inmoralidad.
