La narrativa del General Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue siempre la de deslindar a los militares y evitar que fueran llamados a declarar por este caso. El General Secretario sostuvo en el Gobierno pasado que el Ejército no tuvo ninguna relación, nada que ver y ninguna responsabilidad de acción en la Noche de Iguala. Hoy se sabe que no fue así.
“¿Por qué aquí deberíamos haber intervenido? Primero, no teníamos gente; segundo, no teníamos por qué haber intervenido”, dijo Cienfuegos hace casi siete años, en octubre de 2015, en una entrevista con Televisa en la que aseguró que la institución a su cargo no incurrió en una “omisión” durante las horas en las que los estudiantes de Ayotzinapa fueron agredidos y 43 de ellos desaparecidos. El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y el último elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmienten esto y aseguran que el Ejército tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo durante la desaparición de los normalistas, pues elementos de esa institución fueron testigos de primera mano de los diferentes episodios que tuvieron lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El General Cienfuegos es el mando militar en el que ha recaído la exigencia, de padres y activistas, de que sea llamado a declarar para rendir cuentas sobre los acontecimientos de esa noche en Iguala. Y ahora que se confirma la participación del Ejército —con un informe emitido desde una instancia gubernamental, que reconoce que fue “un crimen de Estado”— resurge la demanda de que el General Salvador Cienfuegos explique hasta dónde llegaron sus conocimientos y órdenes frente a los hechos de Iguala y los eventos posteriores.
“Los padres siempre tuvieron información extraoficial de que el Ejército mexicano estaba inmiscuido, pero el Gobierno pasado lo desestimó por completo. Dijo que eso era una locura, que cómo se podía imputar eso. El General rechazó rotundamente que fueran investigados los elementos del Ejército y ahora resulta que las investigaciones arrojan que sí tienen responsabilidad penal y por eso deben de enfrentarla”, comentó Vidulfo Rosales, abogado representante de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
El alto mando militar no sólo se negó a abrir los cuarteles —una de las demandas de los padres de los normalistas desaparecidos— durante su gestión frente a la Sedena, sino que advirtió que no iba a permitir que los integrantes de las fuerzas armadas fueran investigados. Fue en octubre del año 2015, justo el mes en que la Marina manipuló el basurero de Cocula (como ahora se sabe), cuando el General Cienfuegos Zepeda dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, no tenían por qué declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] en ningún momento dice que pueden interrogarlos. No es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro, ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”, dijo en una entrevista difundida en el espacio del periodista Joaquín López-Dóriga en Televisa.
El informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, presentado el pasado jueves por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, desmantela lo dicho por el General: El Ejército no sólo tuvo conocimiento, además tenía la responsabilidad de actuar en los hechos, debido a que uno de sus soldados estaba infiltrado y se encontraba entre los estudiantes desaparecidos. Se trata de Julio César López Patolzin, quien llevaba cuando menos dos años con los normalistas.
El informe detalla que el soldado se encontraba activo en el Ejército Mexicano “realizando funciones de informante” y que su superior jerárquico, el Teniente Marcos Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, sabía que él se encontraba dentro del grupo de estudiantes que fue atacado. El Ejército, agrega el documento, aunque estaba al tanto de lo que ocurría, “no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece en el Protocolo para Militares Desaparecidos” que obliga a los mandos a implementar medidas contundentes a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y, en su caso, rescate del personal militar desaparecido.
No es la primera vez en que se asegura que el Ejército conoció el desarrollo de los hechos de la Noche de Iguala. El informe del Grupo de Expertos también dio cuenta de ello en marzo pasado —con base en documentación militar y de inteligencia— que la milicia estaba enterada de lo que ocurría, minuto a minuto, durante la desaparición de los normalistas ya que hubo dos operaciones de inteligencia en las que esa institución dio un seguimiento casi contrainsurgente a los estudiantes, operaciones en las que incluso, según el GIEI, tenían a elementos de inteligencia infiltrados desde hacía por lo menos 10 años.
Frente a las nuevas revelaciones del GIEI, los expertos, activistas y los padres y madres de los 43 estudiantes exigieron, en ese entonces, investigaciones exhaustivas al Ejército, Marina y al expresidente Enrique Peña Nieto, quien —insistieron— debe ser llamado a declarar por los hechos contra los 43 estudiantes y la fabricación de la llamada “Verdad Histórica”, lo cual ha prolongado la desaparición de los normalistas y ha obstaculizado el acceso a la verdad y justicia.
“Hoy con mayor relevancia se determinaría la necesidad de escuchar al General Cienfuegos para que nos cuente historias sobre el pasado, el durante y el después de este caso también […] esa información (los videos y lo que reveló el GIEI) reposaba hace 7 años. La conocían todos los estamentos y la conocía inclusive el Secretario de Defensa de esa época y el Secretario de Marina de esa época. Yo lo que puedo decir es que sí sería interesante que por lo menos intenten dar una explicación de qué fue lo que supieron, cómo lo supieron, qué ordenaron y hasta dónde lo ordenaron”, expresó desde abril pasado en entrevista con SinEmbargo, Angela Buitrago, integrante del GIEI.
Hasta el momento los padres de los 43 no han fijado públicamente una postura misma que se estima pueda presentarse este miércoles. No obstante, persiste la exigencia de una explicación y respuestas por parte de todas las autoridades que pudieron estar involucradas no sólo en la desaparición, sino en la construcción de la “verdad histórica”.
Aunado a los dos informes —el del GIEI y el de la Comisión de la Verdad—, el viernes 20 de agosto, el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión, las cuales, involucran a 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El comunicado emitido por la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero no detalla quiénes son los mandos militares y tropa involucrados y ahora son buscados por las autoridades para ser presentados ante un juez.
Vidulfo Rosales indicó a Los Periodistas, que las órdenes de aprehensión contra los militares tienen mucha relevancia porque esa operación a gran escala que se hizo en Iguala, el pacto de silencio, solamente podía venir de una institución como el Ejército mexicano.
“Esa imposibilidad de hablar, de que se sepan las cosas, solamente pude devenir de una institución, de una institución que cuenta con hermetismo, con una disciplina capaz de no romper esos pactos de silencio y esa institución es el Ejercito mexicano. Siempre los padres tuvieron información extraoficial de que el Ejército mexicano estaba inmiscuido, el Gobierno pasado lo desestimó por completo y dijo que eso era una locura, que cómo se podían imputar esas cuestiones al Ejército”, comentó.
El abogado recalcó que es necesario que se procese de inmediato a esos mandos militares y del batallón porque si el caso si sólo se queda en la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam y en un anuncio de las órdenes de captura de corte político–, esos ordenamientos legales no tendrán sentido.
A su vez el abogado dijo que los familiares de los normalistas consideran que las responsabilidades llegan hasta el más alto nivel del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Sabemos que la FGR y la Comisión de la Verdad no tienen en el radar (a General Salvador Cienfuegos), pero nosotros estamos insistiendo que se investigue la cadena de mando hasta el más alto nivel, por supuesto a estas dos personas (Cienfuegos y Peña Nieto) que a nuestro juicio deberían de ser objeto de procesamiento”, destacó Vidulfo Rosales.
Aunque hasta el momento no se ha detallado con precisión quiénes son los elementos del Ejército que cuentan con las órdenes de aprehensión, el informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, elaborado por la Segob, detalla con nombre de pila a algunos de los elementos, da cuenta de los testimonios de soldados y lo que pudieron observar, así como de los mandos que estaban al tanto de sus operaciones.
PARTE DE LOS MILITARES
José “N”, es Segundo Capitán de Infantería y tenía a su cargo a Eduardo “N”, soldado de Infantería que observó la detención de 10 de los estudiantes en el Palacio de Justicia y tomó fotografías, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad
El Capitán también estaba a cargo de la fuerza de reacción que observó a uno de los camiones donde iban los estudiantes, el cual estaba abandonado y fue remolcado por grúas. Esa misma fuerza de reacción acudió a la Clínica Cristina donde tomaron fotografías y resguardarlo el lugar.
Roberto. “N”, fue uno de los que atendió el accidente de la pipa y acudió a verificar el dato de personas heridas por arma de fuego en el Hospital General de Iguala. También fue de los elementos que brindó seguridad perimetral posterior a los hechos de Santa Teresa en Iguala y también acudió a obtener datos sobre los ingresos en el Hospital General.
José “N”, declaró que él se encontraba en su oficina durante los hechos de los días 26 y 27 de septiembre, no obstante, la gente a su mando le comunicaba los acontecimientos de Iguala. De acuerdo con la información que le llegaba, José iba dando órdenes y organizando a sus elementos.
La narración de los hechos que da en sus declaraciones coincide con la cronología presentada en los informes de Sedena, cuando la información mencionada es la que fue recibida en el C-4 por Joel “N”, Ezequiel “N” y por los Órganos de Búsqueda de Información (OBIS) que estaban laborando ese día.
Al Teniente Jorge N le instruyeron ir a la colonia Industrial, donde fue hallado el cuerpo de Julio César Mondragón. Joel tenía como tarea recibir y emitir informes del C-4; él daba cuenta inmediatamente al Coronel José Rodríguez Pérez y al cuartel general de la 35 Zona Militar.
El 26 de septiembre, la noche de la desaparición de los estudiantes, recibió una llamada del C-4 del Sargento Felipe “N”, quien le informó de dos camiones con estudiantes normalistas de Ayotzinapa, provenientes de Chilpancingo con rumbo a Iguala y que uno de los camiones, el que iba al Rancho del Cura, y otro, visto en la caseta, se dirigían a la central de autobuses Estrella Blanca, donde los estudiantes se apoderaron de dos autobuses y vandalizaron otro inmueble.
También recibió otra llamada, entre las 21:30 y 22:00 horas, donde Cano le informó que la Policía Municipal de Iguala y normalistas tenían un enfrentamiento.
Joel “N” le ordenó al soldado Eduardo “N” hacer un recorrido en el periférico, quien informó a las 22:30 horas que frente al Palacio de Justicia había un autobús con normalistas y que éste estaba rodeado de varias patrullas de la policía municipal (encapuchados), quienes les ordenaban con groserías a los estudiantes que bajaran del camión, pero que ellos se negaron y ante la negativa les arrojaron gas.
El soldado Ezequiel “N”, dijo que el Coronel Rodríguez le pidió que acudiera al evento de la Presidenta del DIF de Iguala Maria de los Angeles Pineda, esposa del Alcalde José Luis Abarca, y llegó al lugar aproximadamente a las 17:50 horas.
Además, recibió una llamada del Coronel quien le pidió que se trasladara a la caseta de cobro para observar qué hacían los estudiantes ahí. Llegó a dicha caseta las 20:20 horas; en el lugar observó a 40 estudiantes realizando actividades de boteo, información que le notificó a su superior. Permaneció, indica el informe, cerca de 40 minutos en el lugar, observó cómo se iban los estudiantes con rumbo a Chilpancingo y se retiró a su casa.
El Sargento Felipe “N”, era el encargado del C4 por parte de la Sedena y de pasarle esa información a Joel “N”, quien era el encargado de recibir los reportes. Alrededor de las 21:20 horas, detalló en su declaración, los estudiantes habían entrado a la central de autobuses y querían llevarse un autobús. Posteriormente, empezaron a llegar reportes por parte del 066 de enfrentamientos y personas heridas. El soldado terminó su turno a las 10 horas del siguiente día.
Eduardo “N”, es un soldado de infantería que recibió órdenes de verificar un autobús abandonado con normalistas en el periférico a la altura del Palacio de Justicia. El 26 de septiembre, entre las 22 y 22:30 horas, el Teniente Joel le instruyó que acudiera a la carretera que conduce a Chilpancingo, ya que habían reportado un autobús abandonado, al parecer con estudiantes.
El soldado indicó que él acudió en su motocicleta particular y observó que se encontraba un camión Estrella de Oro rodeado de elementos de la Policía Municipal de Iguala, quienes iban en cinco patrullas. Los policías intentaban bajar a los estudiantes, pero estos se negaban; lo reportó al teniente Joel, quien le dijo que se quedara a observar, pero que no se arriesgara.
El soldado indicó que llegaron otras dos patrullas de la Policía Municipal con elementos que venían más agresivos, pues les aventaron gas lacrimógeno por lo que aproximadamente 10 jóvenes se bajaron y de inmediato fueron esposados con las manos hacia atrás y, de forma agresiva, puestos en el piso boca abajo. El elemento permaneció en ese lugar hasta las 23:30 horas, donde tomó entre cuatro o cinco fotografías con su celular; sin embargo, declaró que en ningún momento se percató de las detonaciones de arma de fuego.
Eduardo “N”, soldado, señaló que salieron del batallón cerca de las 00:30 horas del 27 de septiembre abordo de dos camionetas y que al llegar a Palacio de Justicia sólo vieron el camión, pero ya no estaban los estudiantes. Dijo que observaron a las grúas remolcando el camión, que estuvieron cinco minutos y se retiraron.
Agregó que, cuando iban de regreso al batallón, recibió una llamada de Joel “N”, diciéndole que habían recibido un reporte, por C4, el cual decía que sujetos habían entrado armados a la Clínica Cristina, por lo que se dirigieron de inmediato, pero que en su traslado se percataron de tres autobuses a media calle de Juan N. Álvarez y periférico, además de observar dos cuerpos masculinos sin vida.
Comandante Roberto “N”, era el encargado de la fuerza de reacción que acudió a brindar seguridad perimetral en el crucero de Santa Teresa. El 26 de septiembre, por la mañana le instruyeron a él y a su fuerza de acción atender el hecho del tráiler con material explosivo accidentando en el kilómetro 43 de la carretera federal 95, lugar donde permaneció hasta las 22:20 horas.
LOS ENLACES DE LA “VERDAD HISTÓRICA”
De acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, los almirantes Ortega y Redondo, y el General Saavedra participaron como “enlaces operativos para desarrollar la investigación” denominada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, encabezada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, preso por estos hechos.
No está claro en la información oficial si los dos almirantes y el general, actual director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, tienen ya órdenes de aprehensión en su contra y si ya están detenidos, pero la Fiscalía General de la República informó, el viernes, que obtuvo de un juez 20 de éstas contra mandos y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, Guerrero, relacionados con los hechos de Iguala.
Los elementos castrenses están involucrados en las 83 órdenes de aprehensión que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró a petición de la FGR, y que involucran también a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de los municipios de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, así como 11 policías estatales y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Hasta ahora el único militar preso por la Noche de Iguala es el capitán José Martínez Crespo, quien fue uno de los militares que fueron identificados por los normalistas sobrevivientes y quien está preso desde noviembre de 2020, acusado de delincuencia organizada, homicidio y desaparición forzada.
El informe sobre la investigación de lo ocurrido con los 43 normalistas presentado por el Subsecretario Alejandro Encinas, el jueves, identifica a parte de los responsable de fabricar la “verdad histórica” por la que está preso Murillo Karam, entre ellos funcionarios federales del Gobierno de Enrique Peña Nieto y de Guerrero, encabezado por Aguirre Rivero.
“La verdad histórica es resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder en la que participaron en su implementación: el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el Subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de la SEIDO, Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el director de la AIC, Tomás Zerón, quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno federal”, dice el documento.
Y añade: “Los enlaces operativos para desarrollar la investigación fueron: Por parte de Semar, el almirante Marco Antonio Ortega Liu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y el titular de la Unidad de Inteligencia Naval, el almirante Eduardo Redondo Arámburo. Por parte del CISEN, José Miguel Espinoza Pérez, delegado en Guerrero; por la Policía Federal el comisionado Omar García Harfuch; el comandante de la zona militar en Chilpancingo, Alejandro Saavedra; el policía ministerial Carlos Gómez Arrieta”.
Sin Embargo
