Durante su participación en la “mañanera” de hoy, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, rechazó las críticas de quienes aseguran que el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia es similar al de la llamada “verdad histórica”, publicado en el sexenio anterior
Encinas indicó que hay testimonios y colaboración de 115 personas que conocen o estuvieron involucradas en los hechos. “Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la Verdad Histórica, lo cual es absolutamente falso”.
Expuso que el informe presentado esta semana es resultado de una investigación y de análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un Comité Científico Asesor y de un Grupo Interdisciplinario integrado por diversas instituciones convencidas de que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la verdad.
El análisis que “hemos realizado se sustenta en la evaluación de 87 millones de registros telefónicos que fueron depurados para ubicar cuatro mil registros telefónicos claves, 17 mil números telefónicos, que han sido analizados vigorosamente a lo largo de los últimos dos años que nos permitió hacer un mapeo y una geolocalización de 116 números telefónicos y al mismo tiempo complementar esta información con los 41 mil 168 documentos que fueron aportados por la Administración Pública Federal y otros órganos del Estado”.
¿En qué se sustenta la “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto?
Subrayó que la llamada verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF del municipio, lo cual es falso porque la misión de los estudiantes era tomar camiones y su llegada a Iguala fue en el momento en el que ya había concluido este evento.
“Hay una diferencia sustancial y de fondo: que la verdad histórica se sustentó en declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen: Nosotros no torturamos absolutamente a nadie”.
Incluso, dijo que al día de hoy, 26 de agosto, ya es un dato distinto al informe presentado esta semana porque se han realizado 105 acciones de búsqueda de campo, que implica 711 días de búsqueda, de jornadas de trabajo en siete municipios de Guerrero, con el avance tecnológico al que hemos tenido acceso para la exploración del territorio.
“La desaparición debió de haberse evitado”
“La desaparición debió de haberse evitado. Las omisiones de la autoridad permitieron esta desaparición y hemos puesto en el informe un dato muy importante, la existencia de un estudiante normalista, miembro del ejército que desapareció junto con los estudiantes sin que en ningún momento sus mandos superiores activaran el mecanismo de búsqueda”.
Al defender el nuevo informe del caso Ayotzinapa, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que los normalistas fueron objeto de “una labor cruel” de desaparición.
Indicó que el entonces presidente municipal, José Luis Abarca, e integrantes de Guerreros Unidos en coalición con otras autoridades dieron la orden de desaparecer a los estudiantes.
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