Claudia Espinosa Almaguer
El jueves 13 de octubre se produjo un espacio en la cuenta de Twitter de la organización México Evalúa denominado “Justicia Penal con Perspectiva de Género: ¿Por qué es importante y cómo garantizarla?”
Allí se presentaron los resultados de la investigación “Hallazgos 2021 Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México” con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Friedrich Naumann. En específico se abordó el capítulo 5 de “enfoque de género en el Sistema de Justicia Penal”.
Destaco del audio que puede hallarse grabado en la red social, el señalamiento de que para finales del año 2021 en el 72% del país estaba declarada la existencia de violencia feminicida debido a las Alertas de Violencia de Género. Esto necesariamente tendría que ser considerado en la implementación de la política criminal del Estado y en los propios planes de persecución penal a fin de enfocarse en la posición de las mujeres como víctimas e imputadas.
Sin embargo, en el documento se indica que esta integración no se ejecuta, en tanto las Fiscalías no incorporan a las Fiscalías Especializadas en Delitos contra las Mujeres ni a los Centros de Justicia que tienen a su cargo. En esas condiciones hubo un aumento en tres delitos que afectan a las mujeres: la violación en un 28.1% pero impune en un 96.4%, el feminicidio en un 1.8% y un 88.1 % de impunidad y la violencia familiar que se elevó en un 15.3% con un 97.1% de impunidad a nivel nacional.
Así mismo, en cuanto a los espacios de decisión del sistema resultó que apenas 4 de 32 fiscalías y 9 de 32 tribunales superiores de justicia son encabezados por una mujer y en cuanto a la división del trabajo las mujeres ocupan puestos administrativos allí, en tanto los hombres asumen los roles de investigación como peritos y policías lo cual apunta a una segregación, es decir a la discriminación sexual de las mujeres para ocupar puestos de poder y de mayor remuneración. Hasta aquí el apunte sobre lo mencionado.
Ahora bien, el sesgo de las responsabilidades en la función ministerial entre hombres y mujeres no es una sospecha, es una certeza, los ejercicios de poder no es que se reproduzcan igual que en la sociedad, sino que nunca han necesitado transformarse, son espacios de poder hechos por y para hombres, sustentados en que la seguridad pública la procuración e impartición de justicia son tareas históricamente asociadas a la masculinidad hegemónica y con dinámicas de poder verticales y adversas.
Pero estas organizaciones lo saben, y lo han usado. Cuando México Evalúa elabora sus cuestionarios, yo le apuesto a que ponen a las mujeres de las Fiscalías a responder, y en el espacio de audio en Twitter, participaron representantes de asociaciones como USAID y Java, gente que ha trabajado en las fiscalías mediante proyectos en donde hacen converger los saberes y esfuerzos de las mujeres para tener “resultados rápidos”. No cambiarán en nada la realidad delictiva de los territorios, pero al menos siempre se van contentos.
Algo más hay que decir, amén de algunos estudios elaborados por ejemplo desde entidades académicas sobre la función del Ministerio Público en los casos de violencia contra las mujeres, nadie se ha tomado la molestia ya no de armarse un capítulo, sino un estudio a fondo que diagnostique el estado que guardan las fiscalías especializadas en atender a las mujeres, no siempre la misoginia se devela en lo que se dice sino en lo que no se hace, y muchos de estos lugares trabajan sin nada, así por mucho que los delitos ostenten las penas más tremebundas no salimos del círculo infernal de la política simbólica.
Lo que es más, antes de dotar de independencia a otros espacios de procuración de justicia, hasta que las Fiscalías de las Mujeres no sean autónomas continuarán siendo mayoritariamente un adorno del Estado.
A más ver.
Claudia Espinosa Almaguer
