El Radar, el Editorial de Antena.
La lucha por exigir transparencia y así combatir la opacidad que es el componente máximo del explosivo coctél molotóv del sistemático abuso de poder que entraña la corrupción, es una conquista de la ciudadanía, que pudo finalmente establecer la construcción de instituciones que tienen esa obligación. Pero señalarla es responsabilidad de todos.
Trístemente, se ha “traspapelado” la capacidad de esas instituciones de ejecutar su función a partir de una burocratización disfuncional, sí, porque su manera de ser medidos pasó de empujar la convicción ciudadana a demandar cuentas a las autoridades y entes obligados para repartir copias y folios, archivar denuncias y canalizarlas.
Para acabar pronto, tanto el INAI (Insituto nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales) como la CEGAIP (Comisión estatal de garantía de acceso a la información pública) se convirtieron en un par de agencias costosas y poco vinculantes con la sociedad.
Al menos en San Luis Potosí, solo dos o tres particulares y dos o tres medios de comunicación como los de este grupo (Astrolabio y Antena) son los que piden información y desafortunadamente, muchas veces a pesar de quedar en evidencia la ilegal negativa de las entidades que tienen esa responsabilidad legal nunca son exhibidas, sus comisionados tienen un bajísimo perfil y son producto de cuotas políticas o mediáticas, obedeciendo más bien a poderes fácticos que evidentemente son promotores permanentes del “que no pase nada”.
Podríamos analizar todo en perspectiva de las falencias del sistema nacional con cifras como estas: En la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México mantuvo una calificación de 31 puntos (en una escala de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible). Con esa calificación, México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.
México sigue siendo el país peor evaluado de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En el G20, México ocupa la posición 18 de 19 países evaluados.
Particularizando, según el censo del INEGI 2021 sobre agencias estatales de acceso a la información pública el organismo procurador de la transparencia y rendición de cuentas en SLP no contaba con infraestructura tecnológica para la operación del sistema INFOMEX u otras aplicaciones similares. Tampoco con servicio de internet institucional.
Pero más allá de una medianamente aceptable operación, lo cierto es que La Cegaip es una desgracia rotunda, es una oficina burocrática sin dientes, sin capacidades ni autonomía, presa de la mediocridad de su Presidente David Menchaca y de las componendas que lo mantienen en el cargo.
La conquista ciudadana de lograr tener una institución pública que pueda gestionar la protección de datos personales y ser un activo coadyuvante para la exigencia de la transparencia a los entes obligados, empezando por los tres poderes del estado y después con los 58 ayuntamientos es abrumadoramente mediocre en el estado.
Y para terminar de sepultar las expectativas de un espacio que pueda llenar ése hueco tan necesario para el ejercicio formal de la democracia social se ha dado a conocer que David Menchaca el presidente de la CEGAIP, incumple con una desfachatez monumental con su primaria obligación, ya que es el primer ente obligado y líder de una institución pública dedicada justo a eso, y recientemente se ha dado a conocer cómo no pudo comprobar gastos por cerca de 150 mil pesos.
David Menchaca es entonces un “ente desobligado”, un tipo que no lidera una lucha real por vencer la opacidad, un burócrata disfuncional retraído y temeroso más preocupado por llegar a la quincena que asumir una responsabilidad para la que nunca estuvo, evidentemente listo.
RECADERO
Mucho ruido ha hecho en la capital y su gobierno la falta de pericia política de Fernando Chávez, Secretario General del Ayuntamiento quien tendría que haber operado con el gobierno estatal el trístemente célebre del aumento de la tarifas del agua, él estuvo ahí representando a Galindo, pero su función es operar. ¿Será que no puede porque si se aparece en el gobierno estatal le sacarían el largo pliego petitorio que ha establecido Leonel Serrato su sucesor en la SCT en su contra?
Pero el problema no es del indio, sino del que lo hizo compadre, tendríamos que imaginar que debe suceder para reclutar como operador político a un tipo que es un cartucho quemado. Parte de las mentadas que mandó el Gobernador a Interapas cayeron en la ventana de la removida Secretaría General, y todavía no las limpian.
Carlos Rodríguez Vázquez, secretario técnico del ayuntamiento capitalino ha sido postulado para el premio al Mago del Año en la Asociación de burócratas ineficientes del centro de México. Desaparece informes, se convierte en alcalde funcional, se evapora con encargos específicos y siempre saca de la manga una flor marchita para sacar una sonrisa al alcalde, un prestidigitador de altísimos vuelos sin duda, felicidades!
En terrenos de Soledad hay resistencias y resiliencias, Leonor Noyola no carbura en muchos sentidos y en base a presión política y social tuvo que repatriar a Ernesto Barajas quien ha ido bajando de división en la estructura de la burocracia vigente, de Secretario estatal a director y ahora de segundo de un municipio. Lo cierto es que con todo y su devaluación jerárquica, se estableció como el nuevo jefe territorial del Gallardismo-Acostista-Alfarista del ayuntamiento de los ranchos.
