En la última semana de diciembre tuvo lugar un acto de violencia en San Luis Potosí cuya repercusión permite ponerlo de ejemplo a nivel nacional a fin de que la ciudadanía, las mujeres principalmente, se hagan una idea de lo que les importan a sus gobiernos y a qué se dedican cuando no cumplen con sus obligaciones.
La víctima de este incidente es la abogada Olga Regina García López presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, a quien se le mandó un mensaje grabado en vivo por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gobierno del Estado en los siguientes términos:
“Ya salió Olga Regina, que solo Dios sabe cómo fue a dar a la presidencia del tribunal. Olga Regina, buena para las fiestas y banquetes, inauguraciones y andar ahí pegada del señor gobernador. Ya se va, ojalá regrese a su puesto y trabaje mucho, mucho. Hay que adelgazar Olga Regina”
Al cabo de unos días y debido a la presión de mujeres feministas surgió la promesa de “revisar” si iba a ser sujeto de alguna reprimenda y posteriormente la directora del Instituto de las Mujeres Gloria Serrato Sánchez, hizo saber a la ciudadanía que el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM) iba a sesionar por primera vez en el año para decidir qué hacer con su hermano, el funcionario.
El viernes 13 de enero en sesión formal cerrada con fotografía y firmas correspondientes, el Sistema acordó que el agresor de Olga Regina debía tomar otro curso más de sensibilización y capacitación sobre los derechos humanos de las mujeres.
Nadie suele ocuparse de saber para qué sirve el SEPASEVM, que tiene el deber de reunirse por lo menos cuatro veces al año, pero no para eso. En este caso, esas firmas constituyen una victimización secundaria y una ofensa a una comunidad con declaración de violencia feminicida desde 2017.
Me explico, los Sistemas se originan de cada una de las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así, en México tendría que haber 33, en la Ley General se regula en el Título II Capítulo I a partir del artículo 35 y lo integran diversas áreas del Poder Ejecutivo con la finalidad de coordinar instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para evitar que se violente a las mujeres, para que sean bien atendidas, para minimizar riesgos, acceder adecuadamente a la justicia, concientizar a la sociedad, vigilar a los medios, promover la investigación con perspectiva de género, publicar información confiable sobre el problema, en resumen, crear e implementar lo que se conoce como el Programa Integral para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Es decir, la obligación esencial y el sentido de su existencia es crear una política del Estado para evitar el feminicidio, pero en ningún caso, los SEPASEVM en el país han tenido facultades para decidir sobre el comportamiento de alguien en particular, no son Contralorías ni autoridades con poder de sanción y no pueden instruir a nadie a tomar absolutamente nada.
Luego entonces, intentar controlar la reacción a una conducta de violencia, falta a la verdad y por encima de la agresión particular a la víctima, genera un agravio social, siendo que hasta este momento San Luis Potosí no tiene un programa para abordar la violencia contra las mujeres.
De algo debe jactarse el funcionario que profirió estos insultos, el Sistema no se reúne a trabajar porque le preocupen las cifras que hacen que siga vigente la Alerta de Violencia de Género desde hace 6 años, por ejemplo, el dato nacional que indica que hasta el 30 de noviembre de 2022 se registraron en el Estado 83 homicidios contra mujeres, 1770 lesiones, 8223 carpetas de investigación por violencia familiar, 606 violaciones y 15, 278 llamadas al 911 por agresiones contra mujeres.
En lugar de ello, se han reunido para simular una sanción que el funcionario “castigado” no tiene por qué cumplir, si hubiese otra víctima suya o escalase el nivel de violencia ejercida en agravio de más mujeres, el SEPASEVM potosino ya sería cómplice.
Tampoco es inusual, en todo nivel miles de hombres misóginos sobreviven en el ámbito público justo porque promueven la violencia, ahí tiene el ataque de Andrew Tate a Greta Thunberg desde Twitter que acabó con su detención en Rumania, el señor tenía a las marcas de autos a su favor y miles de jóvenes de acuerdo con promover la violación y el abuso a sus parejas y no fue la trata de personas lo que le hizo perder fans sino que fuese vinculado a la “Small Dick Energy” como respuesta de la ofendida. El misógino es gracioso, tiene amigos y colegas que lo sostienen y lo apoyan, es “irremediable” y cae bien, hasta que mata a una mujer y todos hacen como que no lo conocen.
En este caso local, donde la víctima es Olga, nadie ha preguntado cómo se encuentra al cabo de existir una agresión pública por el hecho de ser mujer, pero además porque un grupo de funcionarios han decidido por ella lo que se hace o se deja de hacer ante un agravio que atentó contra su dignidad y buscó minimizar la autoridad del cargo que ostentaba.
Lo que si queda en su decisión es denunciar, porque en eso consiste el delito de discriminación del artículo 186 del Código Penal en el Estado, cometido por quien, en razón a varias categorías de vulnerabilidad, veje a una persona siendo servidor público, lo que da con una pena de seis meses a tres años de prisión, y ojalá lo haga, no todas vamos a responder como Greta, pero debemos exigir resarcimiento a las ofensas usando el Derecho en nuestro favor.
Finalmente, si esta gente nos representa ¿Qué tipo de funcionarios y funcionarias quiere usted en el gobierno del lugar en donde vive? ¿Qué calidad podemos recibir de la política gestionada por deudores alimenticios, acosadores sexuales y agresores de mujeres en un país feminicida?
Asuntos como este demuestran el logro enorme de que avancen las propuestas de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia aplicado a todos los espacios de decisión. Si la política machista se ejecuta desde la ofensa es porque no hay capacidad, ni nada.
A más ver.
Claudia Espinosa Almaguer
