Por Mario Candia
6/02/25
DIPUTADOS El Congreso del Estado de San Luis Potosí ha dejado claro que su papel ya no es legislar para el bienestar ciudadano, sino operar como un brazo político al servicio del partido en el poder. La reciente utilización del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) como herramienta de persecución y desgaste contra alcaldes opositores evidencia la degradación institucional en la que ha caído el Legislativo estatal.
REVISIÓN SELECTIVA El caso del Ayuntamiento de la capital potosina es paradigmático. A pesar de haber solventado en tiempo y forma todas las observaciones hechas por el IFSE sobre el ejercicio del gasto público, el Congreso ha permitido que se monte un espectáculo mediático con señalamientos tendenciosos y parcializados. Se vulnera el debido proceso y se violenta la revisión de cuentas públicas con declaraciones irresponsables, más cercanas a un linchamiento político que a una auténtica fiscalización.
PRECEDENTE El propio Ayuntamiento denunció que esta manipulación de los órganos de fiscalización pone en riesgo la relación institucional entre el Congreso, el IFSE y los municipios del estado. Y no es para menos: cuando la auditoría deja de ser un mecanismo de transparencia y se convierte en un arma política, la democracia local se erosiona y se sientan peligrosos precedentes de persecución selectiva.
USO FACCIOSO La fiscalización debe ser una herramienta de rendición de cuentas, no un instrumento de revancha política. Sin embargo, el Congreso de San Luis Potosí ha demostrado que su interés no es garantizar el buen uso de los recursos públicos, sino desgastar a los adversarios del régimen estatal con un burdo uso faccioso del IFSE.
Mientras el Legislativo potosino siga actuando con semejante nivel de abyección, la democracia local seguirá en entredicho. No se trata de defender la opacidad ni de encubrir irregularidades, sino de exigir que la fiscalización sea un proceso técnico y legal, no un circo orquestado para beneficiar a quienes detentan el poder.
CRISIS La reciente crisis en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en San Luis Potosí ha puesto en evidencia una alarmante falta de insumos médicos esenciales para pacientes con insuficiencia renal crónica. Desde hace semanas, la ausencia de bolsas de diálisis ha puesto en riesgo la vida de cientos de personas que dependen de este tratamiento para sobrevivir. La falta de contratos vigentes con los laboratorios proveedores ha sido señalada como la principal causa del problema, dejando a los enfermos en una situación de vulnerabilidad extrema.
Esta situación ha llevado a manifestaciones por parte de pacientes y familiares, quienes exigen una solución inmediata y denuncian la indiferencia institucional ante una problemática que pone en riesgo vidas humanas. Varios medios de comunicación han denunciado la gravedad de la situación y la urgencia de una respuesta por parte de las autoridades de salud. Hasta la fecha no hay ninguna postura oficial por parte de las instituciones públicas de salud en el estado.
Ich 1.- A poco más de un mes de la desaparición de Daniela Martell Orozco, la titular de la Fiscalía, Manuela García Cázares, dio a conocer que la víctima presentó una denuncia por violencia familiar días antes de su desaparición.
Hasta mañana.
