San Luis Potosí se ha convertido en uno de los puntos críticos para el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) por parte del crimen organizado, según un estudio reciente publicado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Este informe forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y aborda la grave situación de la vulnerabilidad de la niñez en zonas de alta incidencia delictiva en México, donde el reclutamiento de menores se ha convertido en una amenaza creciente.
El análisis revela que el estado de San Luis Potosí presenta una serie de características estructurales, como la alta marginación en varios municipios, la falta de espacios recreativos seguros y la deficiencia en programas de prevención, que favorecen el reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos. Las condiciones de pobreza, desempleo y desigualdad social en muchas regiones del estado crean un entorno propenso para que los criminales atraigan a los jóvenes a través de tácticas engañosas, como las redes sociales, videojuegos y amenazas.
El estudio también denuncia que la inversión insuficiente en infraestructura social y programas de protección de derechos humanos durante el ejercicio 2021 ha dificultado la creación de centros de atención y mecanismos de denuncia eficaces, lo que contribuye a que San Luis Potosí sea uno de los estados más afectados por este problema.
Factores que facilitan el reclutamiento
Los menores que más sufren de este fenómeno suelen carecer de un proyecto de vida, mostrando signos de baja autoestima y problemas psicosociales que los hacen vulnerables a las falsas promesas de trabajo y oportunidades ilícitas. La violencia intrafamiliar, las adicciones y la vinculación de algunos familiares con actividades delictivas también son factores agravantes.
Además, la desintegración del tejido social y la falta de espacios seguros para el desarrollo infantil juegan un papel clave en la vulnerabilidad de los menores. Los grupos delictivos utilizan diversas estrategias para captar a los menores, incluyendo redes sociales y videojuegos, además de recurrir a amenazas directas e indirectas que involucran a la familia, dificultando así la denuncia de estos casos.
Vacíos normativos y necesidad de reformas
Uno de los puntos críticos del estudio es la ausencia de un marco jurídico robusto que tipifique y sancione efectivamente el reclutamiento de menores. La falta de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) ha permitido que muchos de los menores reclutados sean tratados como infractores en lugar de víctimas.
El estudio sugiere la necesidad de armonizar la legislación a nivel federal, estatal y municipal, creando mesas de trabajo interinstitucionales que involucren a autoridades, sociedad civil y el sector privado para diseñar estrategias eficaces de prevención y atención.
Estrategias recomendadas para prevenir el reclutamiento
Para abordar este grave problema, el estudio propone varias líneas de acción:
- Sensibilización y educación: Impulsar campañas informativas en las comunidades de San Luis Potosí, con un enfoque en escuelas y talleres comunitarios, para identificar a los menores en riesgo.
- Fortalecimiento de los servicios de atención integral: Proveer apoyo médico, psicológico, legal y educativo para los menores afectados, y crear espacios seguros y centros de reinserción social, particularmente en las áreas más vulnerables.
- Mejorar la procuración de justicia: Es esencial mejorar los mecanismos de investigación y sanción, fortaleciendo la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales. Además, se deben implementar protocolos específicos para proteger los derechos de los menores y procesar a los responsables de manera efectiva.
Un llamado urgente a la acción
El estudio subraya que la situación en San Luis Potosí refleja una problemática nacional, pero con características particulares que requieren atención inmediata. Las zonas de alta incidencia delictiva en el estado tienen altos índices de marginación y una infraestructura social débil, lo que facilita que los grupos delictivos recluten a menores. Es imperativo que el gobierno y la sociedad trabajen juntos para crear políticas públicas efectivas que protejan a la niñez y eviten que más jóvenes caigan en las redes del crimen organizado.
El informe, basado en datos actualizados hasta 2021, busca orientar futuras políticas públicas en la protección de NNA y proporcionar una base sólida para enfrentar esta crisis.
