Con la entrada en vigor de la llamada “Ley Antichatarra” este lunes, las cooperativas y tienditas escolares en todo el país deberán modificar sus ofertas y deshacerse de productos ultraprocesados como refrescos, frituras, dulces y otros alimentos con alto contenido de azúcar, grasa o sodio. La medida, impulsada para combatir la obesidad infantil, también implica un cambio en los hábitos de consumo de las y los estudiantes, quienes ya no podrán comprar sus botanas favoritas dentro de las escuelas.
Aunque la ley prohíbe la venta de comida chatarra dentro de los planteles, deja fuera la comercialización que ocurre en las inmediaciones. Este vacío legal ha generado preocupación entre comerciantes escolares, quienes advierten que la regulación será poco efectiva si los productos prohibidos siguen estando disponibles al salir de clase.
Autoridades de los sectores educativo y de salud tendrán la facultad de supervisar el cumplimiento de la norma e imponer multas que van desde los 11,314 hasta los 113,140 pesos, además de poder suspender temporal o definitivamente los servicios educativos en caso de incumplimiento. Por ello, directivos escolares tendrán la responsabilidad de vigilar que no se vendan alimentos prohibidos para evitar sanciones.
Empresas y pequeños negocios que dependen de la venta de productos ultraprocesados verán afectadas sus ganancias. Comerciantes dedicados a la producción y distribución de estos alimentos prevén un golpe considerable a sus ingresos, mientras que las cooperativas escolares deberán reinventar sus menús, incorporando opciones más saludables como frutas, verduras y cereales integrales.
La implementación de esta normativa representa un reto no solo para los vendedores, sino también para las comunidades escolares. Mientras las y los alumnos deberán acostumbrarse a la nueva oferta de alimentos, las autoridades enfrentan el desafío de supervisar eficazmente el cumplimiento de la ley, que aún deja cabos sueltos en la regulación fuera de las escuelas.
