El Radar
Por Jesús Aguilar
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La gestión del recurso vital que es el agua se ha convertido en un tema central y conflictivo en San Luis Potosí, especialmente después de la firma de un contrato que ha sido calificado de leonino en términos de beneficios para el contratista y de perjuicio para el erario y, sobre todo, para la ciudadanía potosina, el que nos ha vuelto trístemente dependientes al REALITO.
Bajo la administración de Marcelo de los Santos se selló un acuerdo, sin los mecanismos de transparencia y participación ciudadana que exige un servicio esencial como el agua, lo que ha desembocado en fallas sistémicas, desperdicio considerable y el elevado costo que hoy recae en los gobiernos estatal y de la capital.
Los potosinos seguimos sufriendo y pagando, y ellos, maldita sea, siguen y siguen cobrando.
Los orígenes de la crisis y el contrato controvertido
San Luis Potosí ha acumulado la alarmante cifra de 300 días sin agua, atribuibles a fallas operativas del sistema de la presa y ducto del Realito. Este sistema, puso condiciones tan desfavorables que las pérdidas millonarias se acumulan año tras año, impactando tanto en la calidad del servicio como en el presupuesto público.
La falta de competitividad en el proceso de contratación y la ausencia de auditorías rigurosas permitieron a la firma internacional de un acuerdo sin contrapesos que, lejos de mejorar la eficiencia en el uso y distribución del agua, ha evidenciado una serie de fallos estructurales.
Datos duros y repercusiones económicas
Hay pérdidas multi millonarias y estos montos se derivan no solo de pagos excesivos por la prestación del servicio, sino también del desperdicio del recurso, en términos de fugas y de pérdidas en la red, que aumentan la presión sobre una infraestructura ya sobrecargada. Según cifras oficiales y respaldadas por estudios independientes, el sistema ha registrado un índice de ineficiencia que puede superar el 30 % del agua procesada, con impactos directos en el suministro a hogares, centros educativos y hospitales.
El alto costo económico se traslada a presupuestos que pudieran ser invertidos en mejoras de infraestructura, ampliación de la cobertura y, lo más importante, en la garantía de un acceso justo y equitativo al agua para la población. En este sentido, la crisis se convierte no solo en un problema de mala administración sino en un llamado urgente de reestructuración y rendición de cuentas, elementos esenciales para recuperar la confianza de los ciudadanos.
El análisis de la situación no puede quedar en meras cifras; la crítica se amplifica en las palabras de académicos y expertos en políticas públicas. El Dr. Jorge Martínez, catedrático en Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, comentó:
“El contrato firmado con El Realito representa un caso paradigmático de cómo la falta de transparencia y de evaluación técnica rigurosa puede desembocar en la pérdida de recursos que deberían revertir en beneficio de la ciudadanía” .
Por su parte, la licenciada María González, experta en gestión hídrica y consultora para diversas organizaciones no gubernamentales, señaló que:
“La situación actual es el resultado de decisiones contractuales mal fundamentadas, que han dejado un legado de ineficiencia y costos excesivos al erario. Es urgente implementar una auditoría independiente que permita replantear el modelo de gestión del agua en nuestro estado” .
Estos análisis reflejan un consenso entre especialistas: la necesidad imperiosa de revisar y, en su caso, rescindir los acuerdos que han demostrado ser insostenibles y lesivos para el interés público. Lo ha dicho Gallardo, lo dijo AMLO en su momento, lo ha pedido Galindo y ya hasta Sheinbaum lo ha tratado en su mañanera, pero la vida sigue igual…
Posiciones oficiales y respuesta de las autoridades
Ante la creciente presión social y mediática, las autoridades estatales han emitido comunicados en los que reconocen la complejidad del problema, sin embargo, las respuestas oficiales han sido consideradas por muchos como insuficientes frente a la magnitud de la crisis. Funcionarios del gobierno de San Luis Potosí han asegurado que están en proceso de evaluar alternativas para mejorar la eficiencia del sistema y recuperar inversiones malgastadas. No obstante, tanto la oposición política como sectores expertos denuncian la falta de acciones contundentes y la persistencia de contratos que, en esencia, siguen costando millones de pesos sin brindar mejoras sustanciales a la población.
La situación en la capital potosina es especialmente crítica, ya que se ha generado una sensación de abandono y frustración entre los ciudadanos que ven día a día cómo se dilata la solución a un problema que afecta la calidad de vida de miles de hogares. La constante interrupción en el suministro de agua pone en riesgo la salud pública y genera un círculo vicioso de desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar servicios básicos.
Nuestra crisis hídrica es un recordatorio aleccionador sobre la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y una gestión técnica adecuada en la administración de recursos esenciales. La firma de un contrato abusivo y con un ineludible tufo a corrupción, en el que la falta de mecanismos de control permitió condiciones desfavorables para el erario y la ciudadanía, ha desembocado en una crisis que va más allá de la mera cuestión económica: se trata de garantizar un derecho fundamental como lo es el acceso al agua.
La situación demanda una respuesta contundente y un compromiso real de las autoridades para no repetir los errores del pasado, y para que, finalmente, el agua—elemento esencial para la vida—vuelva a fluir con la dignidad que los ciudadanos potosinos merecen.
