Por Mario Candia
11/04/25
ONU La reciente declaración del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, calificando las desapariciones en México como “sistemáticas y generalizadas”, ha generado una serie de reacciones por parte del gobierno mexicano y diversas instituciones. Para comprender plenamente la magnitud de esta controversia, es esencial analizar el concepto de desaparición forzada, la composición y funciones del mencionado Comité, las posturas oficiales del gobierno y las respuestas de los colectivos de familiares de desaparecidos.
DESAPARICIÓN FORZADA Según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Este delito implica, por tanto, una responsabilidad directa o indirecta del Estado en la desaparición de individuos.
EL COMITÉ El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) es un órgano de expertos independientes encargado de supervisar la implementación de la mencionada Convención por los Estados Partes. Está compuesto por diez expertos de alta moralidad y competencia reconocida en el ámbito de los derechos humanos. Sus funciones incluyen examinar informes presentados por los Estados, emitir observaciones y recomendaciones, y, en casos específicos, llevar a cabo investigaciones y visitas a países para evaluar situaciones preocupantes
POSTURA INSTITUCIONAL La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado categóricamente las afirmaciones del CED, declarando: “En México no hay desaparición forzada desde el Estado. Toda la vida luchamos contra eso; eso no existe en México”. Sheinbaum atribuye el fenómeno de las desapariciones principalmente a la delincuencia organizada y enfatiza los esfuerzos gubernamentales para combatir este delito. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también ha desestimado las conclusiones del Comité de la ONU, calificándolas de “descontextualizadas” y negando la existencia de una crisis de desapariciones en el país.
POSTURAS DISIDENTES En contraste con las posturas oficiales, colectivos de familiares de desaparecidos, conocidos como “madres buscadoras”, han respaldado la intervención de la ONU y confirmado la existencia de desapariciones forzadas sistemáticas en México. Estas agrupaciones han manifestado que la realidad que enfrentan diariamente contradice las declaraciones gubernamentales y han instado a las autoridades a reconocer la gravedad de la situación.
NEGACIÓN La negativa del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) a aceptar las observaciones del CED refleja una tendencia preocupante de desestimar críticas internacionales y minimizar problemáticas internas evidentes. Al atribuir exclusivamente las desapariciones a la delincuencia organizada, se evade la responsabilidad estatal y se ignoran casos documentados donde agentes del Estado han estado implicados.
PREOCUPANTE Esta postura no solo desacredita las preocupaciones legítimas de organismos internacionales y de la sociedad civil, sino que también obstaculiza la implementación de soluciones efectivas. La colaboración con instancias internacionales y el reconocimiento de las fallas sistémicas son esenciales para abordar la crisis de desapariciones en México.
MADRES BUSCADORAS Las “madres buscadoras” representan la voz de quienes viven diariamente la tragedia de las desapariciones. Su respaldo a la intervención de la ONU subraya la desconexión entre la narrativa oficial y la realidad en el terreno. Ignorar sus testimonios y experiencias es perpetuar la impunidad y el sufrimiento de miles de familias.
LO INDEFENDIBLE La obstinación del gobierno de la 4T en defender lo indefendible, al negar la gravedad y la naturaleza sistemática de las desapariciones forzadas en México, no solo desacredita su compromiso con los derechos humanos, sino que también perpetúa un ciclo de impunidad y dolor. Es imperativo que las autoridades reconozcan la realidad, colaboren con organismos internacionales y escuchen a las víctimas para construir políticas públicas efectivas que aborden esta crisis humanitaria.
