El Radar
Por Jesús Aguilar
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La minería ha sido una de las actividades económicas más importantes en México, generando ingresos y empleos. Sin embargo, este desarrollo ha venido acompañado de un costo elevado para el medio ambiente y para la salud de las comunidades locales. Un caso emblemático de esta problemática es el de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, donde la extracción de oro y plata a cielo abierto ha dejado un legado de devastación ecológica y social. A esto se suma el proyecto de urbanización Hacienda Valbuena, que agrava aún más las dificultades que enfrentan los habitantes de la región debido a la falta de regulación y la omisión de las autoridades.
La historia de Cerro de San Pedro
Cerro de San Pedro fue, durante muchos siglos, un próspero pueblo minero, entrado el nuevo milenio sobrevivía de ése recuerdo y de ser el punto de fundación del estado y la ciudad. Sin embargo, en los años 2000, se inició un ambicioso proyecto de minería a cielo abierto que prometía grandes beneficios económicos. A pesar de las protestas de los residentes y las advertencias de expertos sobre los efectos nocivos de la minería, las autoridades federales y estatales otorgaron permisos a empresas mineras, ignorando las preocupaciones de la comunidad.
El Dr. Miguel Ángel Contreras, investigador en temas ambientales, sostiene que “la minería a cielo abierto no solo destruye el paisaje, sino que también contamina el agua y el aire, afectando la salud de las comunidades cercanas”. Este impacto ha sido palpable en Cerro de San Pedro, donde los niveles de contaminación han aumentado, y las enfermedades respiratorias y crónicas se han vuelto más comunes entre los habitantes.
Minera San Xavier y el Frente Amplio Opositor
El recientemente fallecido investigador Juan Carlos Ruiz Guadalajara ha sostenido que la operación de Minera San Xavier representó un ecocidio y un crimen patrimonial, ya que la mina se instaló justo en el cerro que da nombre al histórico pueblo de Cerro de San Pedro, símbolo del origen minero de San Luis Potosí. Denunció que la explotación a cielo abierto acabó con parte del cerro y alteró irreversiblemente el paisaje histórico.
Dentro de este contexto, la Minera San Xavier se convirtió en el foco de la resistencia de un grupo de ciudadanos potosinos conocido como el Frente Amplio Opositor (FAO). En la década de los 2000, este colectivo comenzó a organizarse en respuesta a los efectos perjudiciales de la minería en su comunidad. El FAO, compuesto por ambientalistas, académicos, y habitantes de Cerro de San Pedro, logró captar la atención nacional e internacional sobre la minería destructiva. Este grupo argumentaba que la Minera San Xavier no solo estaba destruyendo el entorno natural, sino que también amenazaba la salud y el bienestar de la población local. Finalmente fracasaron y fueron acallados por el gobierno de Marcelo de los Santos. La empresa terminó sus actividades, saquearon Cerro de San Pedro, rasuraron el símbolo primario del escudo de armas de nuestro estado y ciudad y huyeron por la puerta de atrás.
Sin embargo, uno de los daños colaterales es lo que hoy viven las personas que compraron en un desarrollo habitacional llamado Hacienda Valbuena que está hoy en el foco gracias al reporte de Astrolabio diario digital.
¿Qué está pasando?
En el fraccionamiento Hacienda Valbuena, ubicado en el municipio de Cerro de San Pedro y promovido como una zona de lujo y exclusividad, los residentes viven una crisis sanitaria. El agua que reciben en pipas está contaminada con plomo, E. coli y coliformes fecales.
¿Cómo se supo?
Preocupados por la salud de sus familias, los propios vecinos enviaron una muestra de agua a laboratorio. El análisis reveló niveles peligrosos de plomo, hierro, aluminio y manganeso que incumplen la norma NOM-127. También se detectó cloro añadido sin control técnico, lo que incrementa los riesgos para la salud.
¿Y la infraestructura?
A pesar de que las viviendas tienen un costo superior a los cinco millones de pesos, no cuentan con servicios básicos: no hay drenaje, la electricidad es inestable y no existe red de agua potable. La zona depende de una planta generadora que falla constantemente y fosas sépticas. Además, los vecinos pagan mantenimiento… pero ni siquiera hay calles limpias.
¿Quién está detrás?
La inmobiliaria MP Belen, desarrolladora del proyecto, opera en la opacidad: sin página web, sin representación legal visible y con contratos informales. Algunos vecinos han tenido que ir hasta Guanajuato para buscar respuestas sin éxito. Una compradora sigue esperando que le devuelvan un anticipo de 25 mil pesos.
¿Qué ocurre con quienes denuncian?
Quienes se atreven a alzar la voz han sido expulsados de los grupos vecinales. “Nos sacaron por decir la verdad”, relata uno de los afectados. Algunos colocaron lonas de protesta para presionar a la empresa a atender los múltiples daños estructurales en las viviendas.
¿Qué otros riesgos hay?
La acumulación de basura y el drenaje expuesto han generado una plaga de ratas. Vecinos de la colonia cercana La Florida acusan que una planta tratadora abandonada es la fuente de malos olores y filtraciones. La zona, además, es ambientalmente delicada.
¿Qué acciones se han tomado?
Más de 20 familias ya acudieron ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y buscaron asesoría legal. Sin embargo, muchos se mantienen en silencio por miedo a perder su inversión o ver cómo se devalúan sus propiedades. “Si esto no cambia, perdemos todo: el dinero, la salud y la dignidad”, concluyen.
Esta es la emergencia inminente, la inacción y omisión sostenida de todas las autoridades de los 3 niveles durante casi 25 años estallan en un problema de salud pública que se tiene que resolver sí o sí.
