Fernanda Durán
A pesar de que el pasado 13 de diciembre de 2024 el Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional para reconocer el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su gestación, la disposición sigue sin entrar en vigor.
A la fecha, solo 13 ayuntamientos han votado a favor, mientras que siete se han pronunciado en contra y otros 17 siguen sin emitir postura, lo que mantiene congelado el avance legal para garantizar el acceso seguro y gratuito a la interrupción legal del embarazo en San Luis Potosí.
La reforma al artículo 16 de la Constitución local fue acompañada de cambios a la Ley de Salud del Estado —en sus artículos 58 BIS y 58 TER— para establecer la obligación de las instituciones de salud pública de ofrecer el servicio de interrupción del embarazo de forma universal y gratuita, hasta las 12 semanas de gestación.
Estas modificaciones legislativas fueron impulsadas como cumplimiento a la sentencia de amparo 775/2024, emitida por el Juzgado Tercero de Distrito, que ordenó al Congreso local garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, el artículo 138 de la Constitución Estatal exige que la minuta aprobada por el Congreso sea avalada por la mayoría de los ayuntamientos del estado, es decir, por al menos 30 municipios.
El propio texto constitucional otorga un plazo máximo de dos meses, contados a partir de la recepción oficial de la minuta por parte de cada cabildo, para que estos se pronuncien a favor o en contra. De no hacerlo, se considera automáticamente aprobada.
No obstante, el Congreso repartió las minutas hasta los primeros 11 días de marzo, es decir, casi tres meses después de haber aprobado las reformas y un mes después del inicio del segundo período ordinario de sesiones. Desde entonces, el proceso avanza a paso lento.
Hasta el 14 de abril, los ayuntamientos que han votado a favor de la minuta constitucional son: Axtla de Terrazas, Cedral, Cerritos, Matehuala, Rayón, Salinas, San Martín Chalchicuautla, Santo Domingo, Vanegas, Venado, Villa de La Paz, Villa de Pozos y Xilitla.
Por otro lado, los municipios que se han pronunciado en contra son Ciudad del Maíz, Ébano, Rioverde, San Ciro de Acosta, Tamasopo, Tampamolón Corona y Villa Juárez.
Mientras no se alcance la mayoría municipal requerida, la reforma seguirá sin entrar en vigor por lo menos hasta el próximo mes de mayo.
Esta situación mantiene en pausa la obligación legal para que los servicios de salud estatales garanticen el acceso efectivo al aborto seguro, tal como lo establece el artículo tercero transitorio del decreto.
Asimismo, el plazo para que las instituciones públicas de salud adecuen sus reglamentos, lineamientos y protocolos, establecido en 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto, tampoco ha comenzado a correr, dado que la reforma aún no ha sido declarada vigente por el Congreso.
Mientras tanto, el derecho constitucional de las mujeres a decidir sobre su cuerpo sigue condicionado al conteo final de votos en los cabildos.
