El Radar
Por Jesús Aguilar
A pesar de la inyección de más de 20 millones de pesos que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) ha otorgado recientemente al Gobierno de San Luis Potosí, el fenómeno de las desapariciones sigue proyectando una sombra densa sobre el estado.
El subsidio, parte del Programa Presupuestario U008, y busca fortalecer las capacidades institucionales en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
Sin embargo, el problema excede con mucho los montos asignados: lo que está en juego es una crisis humanitaria que cuestiona a fondo el funcionamiento del Estado de derecho en México.
San Luis Potosí reportó, tan solo en el primer trimestre del año, 109 personas desaparecidas, no localizadas y posteriormente localizadas. De ellas, 36 siguen sin regresar a casa.
La cifra podría parecer menor comparada con entidades como Jalisco o el Estado de México, pero detrás de cada número hay una historia detenida, una madre que no duerme, una carpeta que se empolva. Dolor que desgarra hogares, comunidades, un futuro roto, un presente probablemente enterrado.
La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, ha insistido en que los subsidios deben garantizar un trabajo coordinado y transparente. El convenio firmado con el Gobierno potosino exige una coparticipación del 30.07%, superior al mínimo nacional. Sin embargo, como lo señala la investigadora y perita en antropología forense, Mercedes Doretti, “el dinero no busca a los desaparecidos, lo hacen las personas que se atreven a preguntar y los funcionarios que se atreven a actuar”.
Las deudas institucionales
Leobardo Aguilar Orihuela, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, ha reiterado que los recursos se administrarán conforme a los principios de legalidad y eficacia. Pero más allá de las declaraciones, persiste una brecha entre los compromisos públicos y la percepción ciudadana.
“En muchas fiscalías locales todavía hay una cultura institucional que considera a la víctima como responsable de su desaparición”, denuncia la académica y defensora de derechos humanos, Ana Lorena Delgadillo, fundadora de la Fundación para la Justicia.
Las familias potosinas lo saben bien. Lo que comienza como una denuncia por desaparición muchas veces termina en un peregrinar de años entre ministerios públicos, carpetas extraviadas, exhumaciones mal hechas y promesas incumplidas. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas contempla principios fundamentales como la debida diligencia y la no revictimización. Pero en los hechos, estas garantías son frecuentemente vulneradas.
La búsqueda como resistencia
En los campos de San Luis, en los baldíos de Soledad o en los márgenes del río Santiago, no son los policías ni los ministerios quienes buscan, sino los colectivos de familiares. El colectivo “Voz y Dignidad por los Nuestros”, por ejemplo, ha sido una de las voces más insistentes en señalar la omisión oficial. “Nosotras no descansamos. Porque nuestros hijos no aparecen en los presupuestos, pero sí en las fosas”, dijo una de sus integrantes en una protesta reciente frente al Palacio de Gobierno.
Para el académico Jorge Verástegui González, experto en desapariciones forzadas y miembro del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, la clave está en “romper con la lógica burocrática que convierte a las víctimas en números”. Su propuesta apunta hacia mecanismos de rendición de cuentas efectivos, participación de los familiares en el diseño de políticas públicas y una fiscalización rigurosa de los fondos.
¿Qué sigue?
El subsidio federal y la coparticipación estatal pueden ser un punto de partida. Pero no bastan si no van acompañados de voluntad política, profesionalización de cuerpos forenses, fortalecimiento de las fiscalías y, sobre todo, un compromiso ético con la verdad. La experiencia nacional muestra que los recursos muchas veces se dispersan entre consultorías ineficaces, talleres sin impacto y estrategias sin territorio.
El Estado debe estar a la altura de las madres buscadoras, que sin más herramienta que una pala y una foto, escarban la tierra para encontrar a sus seres queridos. Porque como lo escribió el poeta Javier Sicilia, también víctima del horror: “Lo que buscan no es la muerte: es una tumba donde rezar, un cuerpo que abrazar, un lugar donde llorar”.
En San Luis Potosí, el desafío no es solo encontrar a los desaparecidos. Es también encontrar a los culpables que dentro de la estrutura del estado que los dejó desaparecer y a esos no los persigue hoy la perorata de la herencia maldita, ya va siendo hora.
RECADERO
*En la U.A.S.L.P. además de la atención que implica el informe de actividades del Rector Alejandro Zermeño Guerra el dia de hoy, hay un run-run que indica que los nuevos consejeros alumnos quieren hacer una batalla por que los reeligan cambiando los estatutos de la UNI. Esto no es otra cosa que un absurdo elemental, el alimento envenenado de nuevos fósiles porriles y el manoseo de la siguiente elección que tendría mucha más jiribilla en la de la sucesora o sucesor de Zermeño.
*Los dichos de la Fiscala Manuelita García sobre que al menos se detiene a un menor de edad de entre 14 y 17 años involucrado en actividades ilícitas es justo la fachada de lo que subsiste en México, el reclutamiento a cualquier escala de inocentes vulnerables que terminan muertos o desaparecidos como carne de cañón del crimen aún medianamente organizado.
*Comenzaron las campañas locales rumbo a la elección de personas juzgadoras del poder judicial del estado potosino, viejos aferrados al puesto que hoy venden humo a dirigentes partidistas inocentes, cuadros competentes estresados por la potencial pérdida de sus empleos y una cargada verde que viene son los símbolos primarios. Ojalá madure la contienda, porque hoy va goleando un potencial abstencionismo.
