Luego de años de lucha por justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al gobierno de Estados Unidos reabrir el caso de Anastasio Hernández Rojas, un inmigrante mexicano originario de San Luis Potosí, quien murió tras ser golpeado y electrocutado por agentes de la Patrulla Fronteriza en 2010. Esta decisión es histórica, ya que marca la primera vez que la CIDH responsabiliza internacionalmente a EE.UU. por una ejecución extrajudicial.
La resolución fue dada a conocer en una conferencia de prensa en San Diego, California, por abogados de la familia del potosino. Roxanna Altholz, directora de la Clínica Legal de Derechos Humanos de la Universidad de California Berkeley, declaró que los agentes fronterizos “torturaron y mataron” a Hernández Rojas, y que además el gobierno estadounidense “no investigó adecuadamente” ni brindó justicia a su familia.
Durante el encuentro con medios, su viuda, María Puga, visiblemente conmovida, agradeció a la CIDH por creer en su familia y sostuvo una fotografía de su esposo mientras le enviaba un beso al cielo. “Este 2 de mayo cumpliría 57 años. Este fallo es su regalo hasta el cielo”, expresó con lágrimas.
En el reporte oficial, se detalla que el mexicano murió esposado y sometido en el suelo, con agentes encima de su espalda y cuello mientras pedía ayuda. Todo fue captado por testigos en al menos dos videos. El médico forense de San Diego clasificó la muerte como homicidio.
La CIDH no solo dictaminó que hubo uso excesivo de fuerza, sino también un encubrimiento por parte del gobierno estadounidense. Andrea Guerrero, directora de Alianza San Diego, señaló que esta resolución no solo es importante para la familia Hernández Rojas, sino que sienta un precedente para otros casos similares de abuso en la frontera.
A pesar de que 12 agentes estuvieron involucrados, una investigación interna de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) los exoneró. Años después, el Departamento de Justicia accedió a indemnizar a los hijos menores de Hernández Rojas, quienes son ciudadanos estadounidenses.
Pedro Ríos, del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, reconoció el trabajo de familiares, organizaciones y abogados que durante años exigieron justicia. Dijo que este resultado es parte del esfuerzo colectivo para que la verdad saliera a la luz.
Hernández Rojas vivía desde hacía más de 20 años en el condado de San Diego, donde tenía un negocio de mantenimiento de albercas. Era padre de cinco hijos ciudadanos estadounidenses; los más pequeños, mellizos, tenían solo siete años cuando murió.
Aunque este fallo representa un avance, la abogada Altholz dejó claro que aún quedan otros casos pendientes de personas muertas a manos de agentes fronterizos. Dijo que el caso de Anastasio puede ser un ejemplo para luchar por justicia en otras tragedias similares.
