Un tema que parecía enterrado, resucitó y con él los fantasmas de la corrupción nunca combatida.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha desempolvado la polémica de Ciudad Satélite al acusar directamente a Marcelo de los Santos Fraga de haberse “llevado una gran tajada de dinero” mediante la compraventa de terrenos a precios irrisorios para luego revenderlos al erario a costos exorbitantes.
Este reclamo no solo revive señalamientos de corrupción de hace casi dos décadas, sino que plantea preguntas incómodas que aún reclaman respuestas claras.
La controvertida y malograda Ciudad Satélite fue impulsada en 2005 durante la administración de Marcelo de los Santos Fraga con la meta de construir 30 000 viviendas de interés social en un terreno ubicado a 14 km del centro de San Luis Potosí, complementado por un parque industrial de recursos privados.
La apuesta respondía a la necesidad de ampliar la oferta de vivienda económica para quienes percibían entre dos y dos y medio salarios mínimos, facilitando así el acceso a créditos del Infonavit.
A 20 años de su lanzamiento, únicamente se han edificado alrededor de 4 500 viviendas, es decir, el 15 % del total proyectado, y apenas el 1.33 % fue entregado simbólicamente antes de concluir el sexenio de De los Santos, sin contar con servicios educativos, de salud ni transporte adecuados para los residentes. Asimismo, la construcción avanzó de forma fragmentada, dejando enormes extensiones sin urbanizar y generando un rezago persistente en dotación de alumbrado, vialidades, redes de agua y estaciones eléctricas.
LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN
Uno de los principales señalamientos apunta a la compraventa de terrenos: el gobierno estatal, bajo la administración de Marcelo de los Santos, adquirió predios a la empresa Dintel del Centro a 40 pesos por metro cuadrado, mientras que dicha compañía había pagado apenas 12 pesos a ejidatarios de El Panalillo, marginando a los propietarios originales y generando una diferencia sustancial de ganancia para interesados vinculados a la administración pública.
¿Qué negocio puede ser tan rentable con el visto bueno de un gobierno y para variar en detrimento de los ejidatarios?
Solo ése.
Dichas operaciones permitieron “llevarse una gran tajada de dinero”, en palabras del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien denunció que los predios fueron comprados regalados y vendidos a precios muy elevados para el erario estatal.
Poco surgió del tema en su momento por el control mediático que intentaron ejercer, sin embargo, no había “socios” locales, fuera de su sospechosísima predilección por su propio grupo empresarial familiar comandado por su junior.
El prestigiado periodista, director del semanario Proceso Rafael Rodríguez Castañeda (Proceso 384) advierte que el proyecto se quedó en “gigantismo y desorden urbano”, pues la lógica de maximizar ganancias para los desarrolladores primó sobre cualquier intención de ordenamiento metropolitano o de beneficio social real, lo que condujo a un polígono sin cohesión ni servicios adecuados.
Acciones legales y sanciones
En octubre de 2013, la Contraloría Interna del Estado impuso una multa de 7 791.3 millones de pesos al ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga por el desvío de un crédito de 1 500 millones de pesos, inhabilitándolo para ocupar cargos públicos durante 20 años.
Sin embargo, en octubre de 2015 el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo anuló dicha sanción al considerar que la Contraloría carecía de facultades para imponerla, quedando así exonerado de la multa económica y la inhabilitación.
La gente que tuvo esperanzas de una buena y nueva vida en la Ciudad Satélite de Marcelo terminaron viendo cómo se consumía, los únicos que terminaron prosperando de forma inusitada fueron Dintél y sus socios aprobados por De los Santos.
En su momento el analista Fernando Almazán advirtió que la estrategia de comprometer el 50 % del Impuesto Sobre Nómina por 20 años para financiar Ciudad Satélite elevaría las obligaciones estatales por encima de 8 000 millones de pesos, aumentando la carga financiera de municipios y usuarios mediante incrementos en tarifas y deudas municipales.
Por su parte, Mauricio Ramírez Konishi, titular del Invies, durante 3 años a partir del 2015 defendió la idea original de un proyecto autosustentable con venta de terrenos que financie etapas posteriores, aunque reconoció que fallas en la ejecución y crisis económicas, como la de 2009, frenaron avances y obligaron a renegociaciones con CONAVI y constructores para liberar apoyos federales.
Investigadoras como Lourdes Marcela López Mares resaltan que políticas de vivienda social implementadas en contextos neoliberales cedieron responsabilidades estatales al sector privado, produciendo desarrollos con lógicas mercantiles que priorizan maximizar la producción y reducir costos, a costa de la calidad urbana y la inclusión social de grupos vulnerables, especialmente mujeres cuidadoras.
Ciudad Satélite ejemplifica un proyecto con una planificación ambiciosa pero una fragilidad estructural en su ejecución, agravada por irregularidades en la adquisición de terrenos y una supervisión insuficiente que derivó en señalamientos de corrupción. Aunque las sanciones legales iniciales contra Marcelo de los Santos Fraga fueron posteriormente anuladas, persiste el reclamo de transparencia y responsabilidad en el manejo de recursos públicos. Para el futuro, expertos sugieren reforzar la gobernanza urbana mediante controles democráticos más estrictos, evaluación continua de impacto social y mecanismos efectivos de rendición de cuentas que prevengan desviaciones y garanticen un desarrollo urbano digno y sostenible.
Después de los dichos de Gallardo ¿Se atreverá la administración actual a llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones? Y, más importante aún, ¿cómo se garantizará que los recursos públicos jamás vuelvan a alimentar beneficios privados a costa de la ciudadanía?
