Por Mario Candia
15/4/26
TRANSPARENCIA Las cifras no mienten, pero sí pueden ser malinterpretadas… o convenientemente celebradas. Una caída del 60% en las quejas por negativa de información podría presentarse como un avance institucional. Menos conflictos, más eficiencia, mejor gobierno. El problema es que los números completos cuentan otra historia.
CONTRACCIÓN En su último año de operación, el INAI resolvió 15 mil 163 recursos de revisión. Era, con todos sus defectos, un mecanismo que obligaba al poder a responder. Hoy, el nuevo esquema —bajo la etiqueta de “Transparencia para el Pueblo”— reporta apenas 5 mil 991 recursos en su primer año. No es una reducción marginal: es un desplome. No es simplificación administrativa: es contracción del derecho.
LABERINTO Porque el dato clave no es solo cuánto se resuelve, sino cuánto se deja de intentar. Los mecanismos legales para impugnar respuestas siguen existiendo en papel, pero en la práctica el ciudadano enfrenta un laberinto más estrecho, más lento y menos efectivo. Y cuando el acceso a la información se vuelve complicado, el resultado es predecible: la gente deja de insistir.
RESERVA A eso se suma el segundo candado: la reserva sistemática de información. Bajo el paraguas de la “seguridad nacional”, expedientes completos pueden permanecer cerrados por cinco, diez o más años. El tiempo, en estos casos, no es un factor administrativo: es una estrategia política. Porque la información diferida es, en los hechos, información negada.
ALCANCE El contraste también es estructural. El INAI tenía competencia sobre toda la administración pública: dependencias federales, estados, municipios y órganos autónomos. El nuevo modelo, en cambio, arranca con vacíos, sin datos consolidados de cobertura y con una arquitectura institucional aún difusa. Es decir, no solo se redujo el volumen de recursos; también se debilitó el alcance del derecho.
PROTECCIÓN Y cuando el ciudadano decide escalar, el escenario tampoco es alentador. Desde el propio discurso judicial comienza a instalarse una idea inquietante: que los fines del Estado deben ser protegidos por encima de cualquier cuestionamiento. No es una interpretación, es una declaración. La ministra Lenia Batres lo dijo sin rodeos: “todos los fines del Estado son motivo de protección constitucional”. Bajo esa lógica, cualquier intento por incomodar al poder puede ser visto no como un derecho ciudadano, sino como una afectación al propio Estado. Y entonces la transparencia deja de ser un contrapeso… para convertirse en una concesión condicionada.
DESGASTE Así se reconfigura el acceso a la información en México: no mediante una prohibición frontal, sino a través de un desgaste progresivo. Menos recursos tramitados, más reservas justificadas, menos incentivos para exigir. No se cancela el derecho; se vuelve irrelevante. Porque cuando un ciudadano entiende que preguntar no cambia nada, deja de preguntar. Y cuando nadie pregunta, el poder ya no necesita esconderse.
Hasta mañana.
