Especialista advierte sobre abusos y fallas estructurales en el sistema de justicia en México
San Luis Potosí.— La prisión preventiva, una de las medidas cautelares más polémicas del sistema penal mexicano, continúa generando debate por su impacto directo en los derechos humanos, al permitir que una persona sea encarcelada sin haber sido declarada culpable.
Así lo explicó el abogado Javier Pérez Contreras, quien señaló que esta figura jurídica representa uno de los mecanismos que más vulneran garantías fundamentales en el país.
“La prisión preventiva es un tema que lacera de manera flagrante los derechos humanos de las personas”, advirtió.
Actualmente, existen dos tipos de prisión preventiva: la oficiosa y la justificada. La primera se aplica de manera automática cuando una persona es imputada por ciertos delitos graves —como homicidio, violación o secuestro— sin que el juez tenga que justificar su decisión.
“En estos casos, el juez impone la prisión preventiva sin razonamiento previo, simplemente porque la ley así lo establece”, explicó el especialista.
Esta automatización ha sido severamente cuestionada por organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la imposición automática de esta medida es “irreflexiva” y vulnera principios como la presunción de inocencia.
En términos prácticos, esto significa que una persona puede ser privada de su libertad desde el inicio del proceso penal, incluso antes de que se presenten pruebas concluyentes en su contra.
“Así de simple: una acusación por alguno de estos delitos puede derivar en que la persona permanezca en prisión durante todo el proceso de investigación”, detalló Pérez Contreras.
El problema se agrava por los tiempos del sistema judicial mexicano, donde los procesos pueden extenderse por años. En ese lapso, una persona puede permanecer encarcelada sin una sentencia definitiva, enfrentando consecuencias personales, familiares y económicas.
“Hay casos donde después de tres o cuatro años la persona es declarada inocente, pero ya perdió su tiempo, su estabilidad y su reputación”, señaló.
Aunque la ley contempla la posibilidad de demandar al Estado por daños y perjuicios en estos casos, el proceso de reparación suele ser complejo y no siempre compensa el impacto sufrido.
El abogado también advirtió sobre los riesgos derivados de denuncias falsas o mal integradas, particularmente en delitos de índole sexual, donde la falta de rigor en las investigaciones puede derivar en injusticias.
Por ello, subrayó la necesidad urgente de fortalecer las instituciones de procuración de justicia, especialmente en materia de capacitación y aplicación de métodos científicos en la investigación de delitos.
“La única forma de garantizar justicia es que las pruebas se obtengan con rigor científico y que las decisiones judiciales estén basadas en criterios de razonabilidad”, afirmó.
Ante este panorama, el especialista recomendó a las personas que enfrenten una situación de este tipo buscar asesoría legal especializada desde el inicio del proceso, a fin de garantizar la protección de sus derechos.
El debate sobre la prisión preventiva sigue abierto en México, en un contexto donde la seguridad y la justicia se enfrentan constantemente a la tensión entre castigar el delito y respetar las garantías individuales.
