Fernanda Durán
El doctor especialista en Gobierno y Políticas Públicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Juan Mario Solís Delgadillo, consideró que varias de las recientes propuestas de reforma electoral impulsadas en el Congreso del Estado contravienen principios constitucionales relacionados con igualdad política, derecho a ser votado y equidad en la contienda, además de advertir riesgos derivados de intentar modificar las reglas electorales en vísperas del proceso de 2027.
Entrevistado sobre la iniciativa para exigir certificados de control y confianza a quienes aspiren a candidaturas, el también investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) afirmó que la propuesta “va en contra de los derechos políticos de cualquier persona” y representa una vulneración al principio democrático de igualdad:
“Se entraña una violación a los derechos constitucionales de votar y ser votado en igualdad de condiciones”.
Solís Delgadillo cuestionó que el acceso a cargos de elección popular pueda condicionarse a evaluaciones, acreditaciones o filtros administrativos, pues eso implicaría trasladar a la competencia electoral criterios propios de otros ámbitos de la administración pública.
“Eso es muy peligroso porque se le entra en la credencialización de la vida pública. Si no muestras credenciales, pues no”.
El especialista explicó que, a diferencia de puestos técnicos dentro del gobierno, las candidaturas de elección popular parten del principio democrático de igualdad entre ciudadanos.
“No es el caso de una elección por votación popular, porque no es su naturaleza. Entonces es vulnerar el principio básico de la igualdad entre los hombres y las mujeres mayores de edad”.
Al preguntarle si este tipo de iniciativas podrían interpretarse como mecanismos de presión política contra adversarios, manifestó preocupación sobre el origen de las propuestas: “me preocuparía mucho que partiera de la ignorancia de las reglas del juego o me preocuparía más si fuera producto de un impulso o de un arrebato”.
También destacó que el hecho de que las evaluaciones quedaran a cargo de un órgano dependiente del Ejecutivo estatal podría generar inequidad en la competencia electoral.
“Bajo qué criterio el Poder Ejecutivo le va a decir a los opositores si se pueden presentar o no se pueden presentar. Es cuando menos un dislate”.
Fiscalización y crimen organizado
Respecto a la contrapropuesta presentada por el PAN para exigir cartas de no antecedentes penales a candidaturas, Solís Delgadillo consideró que el planteamiento reproduce la misma lógica restrictiva.
“Tanto por un lado como por otro. Estar pidiendo que la gente esté acreditando su condición de que si tiene antecedentes o no tiene antecedentes, que si tiene títulos o no tiene títulos, que si eso ya estamos cayendo o rayando en ciertos niveles de locura o demenciales”.
Aunque reconoció que México enfrenta un contexto real de infiltración criminal en la política y financiamiento ilícito de campañas, insistió en que los filtros planteados no son los mecanismos adecuados para enfrentar el problema.
“No creo que sean estos mecanismos los que deban de ser los filtros para determinar quién sí se puede presentar y quién no se puede presentar”.
El académico sostuvo que la solución debería centrarse en fortalecer la fiscalización del dinero que llega a partidos y campañas electorales, así como en robustecer las capacidades de investigación y sanción del Estado frente a presiones del crimen organizado.
“Buena parte de la distorsión electoral que hemos vivido en los últimos años en este país tiene que ver con la circulación de dinero ilícito que ha llegado a las campañas”.
También señaló que las fiscalías deberían perseguir de manera efectiva casos de amenazas, coacción y amedrentamiento contra candidaturas, particularmente de oposición.
“Principalmente de los partidos que están en la oposición. Que pueda haber casos de candidatas y candidatos que desde el oficialismo puedan estar recibiendo este tipo de presiones, puede ser que sí”, declaró al señalar que el problema requiere fortalecimiento de fiscalías y mecanismos reales de procuración de justicia.
Paridad, género y reformas
En cuanto a la propuesta panista relacionada con las reglas de paridad y candidaturas de diversidad sexual y evitar que hombres ocupen espacios reservados para mujeres, tras casos registrados en procesos recientes como el de Venado; Solís Delgadillo sostuvo que el propio debate refleja contradicciones dentro del marco jurídico construido en torno a las teorías de género.
“A mí esto me parece un delirio casi cósmico”, dijo.
El académico explicó que, bajo el marco legal vigente y la perspectiva de género actualmente reconocida en la legislación mexicana, basta con que una persona se identifique con determinado género para que el Estado deba reconocer esa identidad.
“Por más chocante que nos resulte ante la evidencia empírica y biológica, si una persona dice que es mujer, en este caso un hombre dice que es mujer, bajo nuestro marco legal vigente que descansa en las teorías del género, nadie tendría por qué cuestionar eso, absolutamente nadie”.
Añadió que, aunque existen debates sobre inconsistencias o límites de esas teorías, actualmente forman parte de la legislación y son precisamente esos marcos normativos los que han permitido escenarios que ahora algunos actores políticos buscan limitar mediante nuevas reformas.
“‘Es que es una trampa, Juan Mario, están utilizando eso para obtener beneficios políticos’. De acuerdo, pero esa es la ley y se basa en esas teorías. Que esas teorías tienen mucho de inconsistencias porque no tienen o no están acompañadas de la evidencia. (…) todos los jugadores se tienen que sujetar a la ley bajo esos supuestos jurídicos y bajo esos supuestos teóricos. ¿Querer meterle ahora otras cosas? ¿Sí? ¿O significa que le quieren poner palos a la rueda? ¿O significa que se están dando cuenta, que esas teorías y esas leyes no funcionan porque no se sujetan a la evidencia empírica?”.
Sobre otra de las propuestas del PAN —relacionada con evitar que diputaciones cambien de bancada o que escaños plurinominales terminen representando a fuerzas distintas a las originalmente postulantes—, el académico sostuvo que existe una larga discusión teórica y judicial sobre si los escaños pertenecen a los partidos o a las personas.
“El escaño le pertenece a la persona, no al partido”, afirmó.
Aunque reconoció que el transfuguismo político representa un problema para los partidos, consideró que se trata más de una crisis de institucionalización y disciplina partidista que de un vacío legal.
Reformas “al cuarto para las 12”
Finalmente, Solís Delgadillo alertó que el Congreso local enfrenta riesgos importantes si intenta aprobar múltiples reformas electorales a contrarreloj antes del proceso de 2027.
“Las prisas nunca son buenas consejeras, mucho menos tratándose de asuntos tan complejos como todo lo del mundo electoral”.
El especialista recordó que históricamente las reformas electorales en México solían construirse mediante consensos amplios entre fuerzas políticas y con suficiente anticipación para permitir su implementación.
Asimismo, Solis Delgadillo también advirtió que impulsar reformas electorales para aplicarse de manera inmediata suele generar dificultades operativas y jurídicas, al considerar que los mejores momentos para modificar las reglas electorales son los años posteriores a una elección presidencial, ya que permiten analizar el proceso previo, discutir ajustes con mayor calma y dar tiempo suficiente para implementar los cambios.
“No podemos pretender, no es serio, no es sano, pretender cambiar al cuarto para las 12 las reglas del juego”.
