El expresidente Donald Trump tomó una decisión que marca un giro drástico en las políticas laborales de Estados Unidos, al anular la histórica Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de 1965. Esta medida, que fue establecida para proteger contra la discriminación por raza, color, religión, sexo u origen nacional, representó durante décadas un pilar en la lucha por la igualdad en el ámbito laboral.
La Casa Blanca justificó esta acción argumentando que las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) han “corrompido” instituciones, al priorizar preferencias divisivas sobre el mérito y el esfuerzo individual. Según el comunicado, estas medidas afectan la seguridad y el bienestar de los ciudadanos al disminuir la importancia de la aptitud y el mérito en sectores clave.
La diversidad, equidad e inclusión han sido defendidas como marcos organizacionales que buscan garantizar igualdad de oportunidades para grupos históricamente discriminados. No obstante, la administración Trump considera que estas políticas fomentan un “racismo anti-blanco”, una visión compartida por algunos de sus aliados políticos más cercanos.
Esta revocación también afecta a programas de acción afirmativa, que en los años 60 promovieron la diversidad y buscaron remediar injusticias históricas en el lugar de trabajo. Aunque DEI y acción afirmativa son conceptos relacionados, la primera se enfoca en construir ambientes inclusivos, mientras que la segunda busca corregir desigualdades mediante medidas específicas y preferenciales.
La medida incluye nuevas directrices para las agencias federales, que ahora investigarán a empresas, universidades y fundaciones que implementen políticas de DEI. En caso de encontrar discriminación, estas instituciones podrían enfrentarse a acciones legales. Esto ha generado preocupación entre organizaciones civiles, que ven en esta decisión un retroceso en los avances logrados en las últimas décadas.
Figuras como el reverendo William Barber han señalado que esta política pone en riesgo el legado de igualdad construido desde los años 60. Por su parte, Jocelyn Frye, presidenta de National Partnership for Women & Families, advirtió que la decisión afectará significativamente los derechos de las mujeres y de otros grupos vulnerables.
El origen de estas protecciones laborales se remonta al gobierno de Lyndon B. Johnson, quien impulsó la orden ejecutiva tras la firma de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Estas medidas surgieron en respuesta a los movimientos liderados por figuras como Martin Luther King Jr., en un contexto de lucha por los derechos civiles.
El impacto de esta revocación no se limita al ámbito gubernamental, ya que empresas del sector privado también podrían enfrentar mayores presiones para ajustar o incluso eliminar sus políticas de inclusión. Esto podría intensificar el alejamiento de iniciativas DEI en Estados Unidos, profundizando el debate sobre su importancia y viabilidad en la sociedad actual.
Con esta decisión, la administración Trump altera significativamente el panorama de las políticas federales, reescribiendo el enfoque de las leyes de derechos civiles y dejando una marca profunda en el futuro de la diversidad y la equidad en Estados Unidos.
